El Tribunal de Apelaciones de Egipto anuló este domingo la sentencia contra el expresidente Hosni Mubarak, condenado a cadena perpetua por la muerte de manifestantes durante la revolución, y ordenó repetir el juicio, dijo a Efe una fuente judicial. La corte también resolvió repetir el proceso contra el exministro del Interior Habib al Adli y seis antiguos asesores suyos, además del juicio contra los dos hijos de Mubarak, Alaa y Gamal, y el empresario Husein Salem, que se encuentra en España.
Las fuentes explicaron que el tribunal aceptó los recursos presentados por Mubarak y Adli contra la sentencia a cadena perpetua por su implicación en la muerte de los manifestantes. Además, admitió la apelación de la Fiscalía General contra la absolución de Mubarak, sus hijos y Salem por un supuesto delito vinculado con la exportación de gas a Israel y por otro de abuso del poder presidencial. El juicio se repetirá ante un tribunal penal y, entretanto, los acusados permanecerán en prisión preventiva, excepto dos exasistentes de Al Adli que están en libertad, según la agencia de noticias estatal Mena.
La defensa del expresidente sostiene que la corte que emitió la sentencia contra él el 2 de junio de 2012 no se apoyó en pruebas suficientes.
Ingresado en el hospital
Desde el pasado 27 de diciembre, Mubarak está ingresado de forma temporal en el Hospital Militar de Maadi por las heridas sufridas al caerse en el baño del centro sanitario de la prisión de Tora. A comienzos de este año, una comisión de investigación, ordenada por el presidente egipcio, Mohamed Mursi, presentó los resultados de sus pesquisas sobre el asesinato de manifestantes en la revolución y aportó nuevas pruebas que supuestamente demuestran que Mubarak vio por televisión lo sucedido entonces.
Según la comisión, esa nueva prueba pone de relieve que el exmandatario tuvo una responsabilidad directa en el asesinato de manifestantes, porque fue "testigo" de lo sucedido. Este mismo sábado, la Fiscalía Superior de Fondos Públicos imputó a Mubarak con un nuevo cargo de corrupción por supuestamente haber cobrado 7 millones de libras egipcias (poco más de un millón de dólares) del diario estatal Al Ahram y ordenó prisión preventiva para él.
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