La primera respuesta de la izquierda en la calle al nombramiento del conservador Michel Barnier como nuevo jefe de gobierno francés no respondió el sábado a lo esperado por los convocantes. La batalla habitual de las cifras – 26.000 manifestantes en París, según la Prefectura y 160.000, según los organizadores – no puede esconder un primer fracaso en el rechazo a la decisión del presidente Emmanuel Macron.
Si algo dejó claro la protesta es, de nuevo, la división de las izquierdas. La convocatoria no contaba con la firma de los socialistas y los sindicatos prefieren esperar al 1 de octubre para abordar asuntos probablemente más serios que la destitución del presidente, iniciativa de Jean-Luc Melenchón y de su “Francia Insumisa” que no apoyan de forma unánime sus aliados en el “Nuevo Frente Popular” (NFP), socialistas, comunistas y ecologistas.
Mientras Melenchón bramaba contra Macron, le llamaba “perdedor” (de elecciones) y le anunciaba “una batalla de larga duración sin tregua”, el nuevo primer ministro iniciaba su mandato con una visita a un hospital público, un golpe de comunicación que simbolizaba una de sus prioridades, según lo ya adelantado en sus primeras declaraciones públicas.
Sanidad y escuela pública, poder adquisitivo y edad de jubilación, inmigración e inseguridad son los desafíos que Barnier ha enumerado y que convierten su gestión es una “misión imposible”, si se tienen en cuenta las divisiones en una Asamblea donde ninguna coalición o partido goza de la mayoría absoluta y donde, incluso dentro de un mismo bloque, como el macronista, existen opiniones encontradas sobre diferentes materias.
Nada se puede hacer sin el partido de Le Pen
Para calentar la manifestación del sábado, Jordan Bardella, presidente del partido de Marine Le Pen, “Reagrupación Nacional” (RN), recalcó que hoy en Francia “nada se puede hacer sin su partido”. Es absolutamente cierto, si se tiene en cuenta que Barnier ha sido elegido por Macron como el único candidato que no fue vetado por RN, el primer partido en escaños de la Asamblea y que tiene en sus manos el futuro inmediato del nuevo jefe de gobierno.
Entre los puntos ya mencionados hay uno que marcará de forma diáfana el límite de desconfianza entre RN y Barnier: el control de la inmigración. Este asunto es para el partido de Marine Le Pen una de las prioridades absolutas, ligada, según su opinión, al aumento espectacular de la inseguridad en Francia.
La posición en el pasado reciente de Michel Barnier sobre el control del flujo migratorio ha sido similar a la tradicional receta lepenista. Como candidato malogrado las primarias de su partido (“Los Republicanos”) de 2021, Barnier proponía una moratoria en la entrada legal de inmigrantes, eliminar la ayuda médica gratuita a los aspirantes a la acogida y “limitar drásticamente” el reagrupamiento familiar, todo ello sometido a referéndum popular. En ese momento, el candidato denunciaba que una familia recién acogida en Francia recibía automáticamente 1456 euros del Estado. Hoy, tres años más tarde y como responsable del gobierno, Barnier manifiesta su empeño en controlar la inmigración, “pero de forma humanista”.
La descafeinada ley de Macron
El problema de la inmigración no podrá ser aparcado, a la sombra de asuntos urgentes como el debate y la eventual aprobación de los presupuestos para 2025. El poder adquisitivo es en Francia, como en cualquier país, la preocupación número uno de los ciudadanos, pero si hay un apartado donde existe una opinión mayoritaria es el de la inmigración.
Más del 70% de los franceses, según diferentes sondeos, estima que en Francia hay demasiados inmigrantes. Entre los asuntos que más les preocupaba antes de las europeas de junio y las legislativas de julio, los franceses mencionaban la inmigración, a veces con el mismo porcentaje que su situación económica. El 68% establece una relación entre la inmigración y el aumento de la inseguridad.
Consciente de ello y sabiendo que la cuestión migratoria se imponía como prioridad, Emmanuel Macron hizo aprobar a finales de 2023 una ley de inmigración relativamente exigente, que después fue descafeinada y censurada por el Consejo Constitucional (en manos de socialistas).
La inmigración marcará pues el grado de “proximidad” entre el nuevo “premier” y el partido de Le Pen y Bardella, que pueden activar en cualquier momento la guillotina legislativa y dejar caer al nuevo gabinete. Una amenaza que ya han empezado a blandir pero que quizá sería mal aceptada por sus once millones de votantes, porque si el gobierno Barnier cae, Macron podría estar forzado a dejar el poder ejecutivo en manos de la izquierda.