Los resultados de las elecciones celebradas en Venezuela el pasado 6 de diciembre de 2015 arrojaron una Asamblea Nacional en la que 112 diputados de la coalición opositora han conseguido constituir mayoría calificada frente a los 55 del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que aglutina a las fuerzas políticas afines al chavismo. Sin embargo, lejos de aclararse, el panorama empeora: el oficialismo no piensa dar su brazo a torcer ni permitir a la Asamblea Nacional ejercer sus funciones, lo que ha desatado una confrontación institucional.
Mientras urgen medidas que atiendan los problemas de un país con la inflación más alta del mundo y graves problemas de escasez y desabastecimiento, además de un desplome de la cesta de petróleo en su índice más bajo, la realidad política no puede ser más complicada. El parlamento está enfrascado en una diatriba: las fuerzas oficialistas han solicitado ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la investidura de tres diputados opositores. A pesar de que el órgano del poder Judicial ha emitido una sentencia favorable a tal demanda, la oposición no ha acatado la disposición porque contraviene "la voluntad popular" y la Constitución. Según la legislación venezolana, el Poder Judicial que emite la sentencia debe renovarse y hasta que sus miembros no sean designados nuevamente ninguna decisión emanada del actual es válida ni legal.
Surgen las preguntas... ¿Era justificado el optimismo de los opositores al chavismo? ¿Realmente un Congreso con las fuerzas oficiales en franca minoría abre una puerta para destrancar el juego? ¿Cómo puede incidir el resultado de una Asamblea Nacional con mayoría calificada para una oposición que debe enfrentarse al hecho de que de los cinco poderes (legislativo, ejecutivo, judicial, electoral y ciudadano), cuatro están directamente controlados por un Estado gobernado por Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez en el gobierno del país? Para explicar los retos y el futuro inmediato de los venezolanos, hace falta repasar una serie de aspectos, que se enumeran a partir de cinco claves políticas, legislativas y económicas básicas para entender qué está pasando y qué puede pasar en Venezuela.
- Los resultados son los que son, pero la Asamblea Nacional está atascada. Pese a que la oposición venezolana tomó posesión de la mayoría cualificada de la Asamblea Nacional (AN) el pasado martes 5 de enero, y con ella el control de la Cámara, los conflictos para ejercer el poder son iguales a los que han enfrentado durante los últimos 17 años. ¿Por qué? Cuando los diputados del PSUV solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia la suspensión de la investidura de tres diputados opositores por Amazonas, la Sala Electoral del Poder Judicial -cuyos miembros fueron designados aquella semana- sentenció a favor de los intereses oficialistas. La nueva AN decidió desacatar la medida e instalar el órgano legislativo. Aluden a la ilegalidad en elección de los miembros de la Sala Electoral, cuyo influjo poca representatividad tiene cuando fue el propio Poder Electoral el que reconoció los resultados de las elecciones que avalan a la oposición.
- Un Congreso opositor en un Estado 'chavista'. Apenas van diez días del año 2016 y sin embargo, las complicaciones no se detienen en Venezuela. Según la Constitución, aprobada por elección popular en 1999, en Venezuela existen cinco poderes: el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano (este último integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal y el Contralor). En principio, gozan de independencia. Sin embargo, en la práctica las cosas difieren -y bastante-. Según la Ley, una vez celebradas las elecciones del pasado 6 de diciembre, todos y cada uno de esos poderes deben renovarse, tal y como ha ocurrido con el nuevo Congreso. En ese sentido, ninguna de las decisiones acometidas tendrían validez ni legalidad, ya que pertenecen a la legislatura concluida. Es decir: la medida del TSJ en contra de la instalación de la Asamblea, no podría tener efecto. Es esa la razón por la cual este viernes la bancada opositora denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro trata de impedir las actuaciones de la nueva AN. Según los diputados de la oposición, el artículo 200 de la Constitución señala que los diputados de la AN "gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo". Por lo tanto, no se puede desconocer la formación ni proclamación del parlamento. De momento, el TSJ asegura que el actual presidente de la AN, el diputado opositor Henry Ramos Allup, podría enfrentar un proceso judicial por desacato, al permitir la instalación del órgano legislativo.
- Parlamento Comunal creado por el Gobierno. El martes de esta semana, el ex presidente del parlamento y segundo al mando del chavismo, Diosdado Cabello, adelantó la iniciativa de promover la instalación de un Parlamento Comunal independiente, para asegurar y fortalecer el poder popular. Según la Ley Orgánica de las Comunas, promulgada en 2010, "el Parlamento Comunal es la máxima instancia del autogobierno". Sus decisiones se expresan mediante la aprobación de normativas para la regulación de la vida social y comunitaria". Sin embargo, aun teniendo algunas facultades, esta instancia no puede sustituir a la Asamblea ya que su radio de acción es regional. En Venezuela hay 45.000 consejos comunales y el antecedente más cercano en la constitución de una asamblea, sería el que ocurrió durante 2014 en el estado Miranda, donde gobierna el líder opositor Henrique Capriles. De momento, el eslogan del chavismo es "Comuna o Nada", un mensaje en sintonía con las palabras de Nicolás Maduro, quien ha asegurado que debe profundizarse la revolución para desmontar el "Estado burgués".
- Alta tensión y más de un centenar de presos políticos. La situación venezolana arroja un saldo de al menos un centenar de presos políticos, entre los que figura el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien fue condenado a 13 años de prisión por la jueza Susana Barreiro, designada como Defensora del Pueblo hace apenas unos días. Sobre el tema de los presos políticos, y específicamente el que atañe a Lepoldo López, Amnistía Internacional (AI) denunció en septiembre de 2015 la "absoluta falta de independencia judicial" en Venezuela. De acuerdo con el organismo, la sentencia de López se emitió sin ninguna evidencia creíble en su contra. "Los cargos contra Leopoldo López nunca fueron adecuadamente sustanciados y la sentencia de prisión en su contra tiene una clara motivación política. Su único delito es ser líder de un partido opositor en Venezuela", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI. De momento, el diputado Julio Borges, el jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, presentó la agenda legislativa para el 2016-2021. El primer punto es una Ley de Amnistía Política que permita la liberación de los líderes que permanecen tras las rejas.
- Nuevas medidas económicas frente a crisis de escasez. El pasado miércoles, el presidente venezolano Nicolás Maduro designó un nuevo vicepresidente económico, Luis Salas, quien tendrá que liderar el equipo que encarará la crisis económica que azota al país. Salas, sociólogo de 39 años y fundador del centro de economía política de la Universidad Bolivariana de Venezuela, ya ha hecho saber que su intención es "profundizar" la Revolución. Dejó claro además que la supuesta inflación y escasez es producto de "una guerra económica" introducida por la "burguesía parásita". Mientras la mayoría de los economistas independientes aseguran que urge reducir el gasto público, subir el precio de la gasolina y unificar las cuatro tasas de cambio, el poder Ejecutivo se reafirma en culpar a la clase empresarial "parásita y malcriada". De hecho, Salas es totalmente contrario a la unificación de la tasa de cambio, una medida que -de llevarse a cabo- permitiría reducir la inflación, corrupción y distorsión económica. De momento, Nicolás Maduro ha dado carta blanca a Salas, quien aboga por reforzar el control de precios y las importaciones. Asegura además, que la inflación no es producto del alto gasto público ni de la emisión de dinero sin respaldo, sino una consecuencia "de la especulación y codicia de algunos monopolios del sector privado". A causa de la estrepitosa caída del petróleo, Venezuela ha perdido cerca de un 50% de sus ingresos. Una política de regulación y protección de precios de determinados alimentos y productos ha generado un desabastecimiento todavía mayor, que el oficialismo intenta paliar con el racionamiento de las compras. De momento, los ciudadanos venezolanos tendrán que acatar la limitación de compra de productos básicos por persona -alimentos, papel higiénico, productos de higiene personal-, así como la disposición oficial que obliga a los venezolanos a acceder a los supermercados en función del número de su documento nacional de identidad una vez a la semana.
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