El Gobierno de Giorgia Meloni ha tomado el control a través de un régimen de administración extraordinaria de la acerería de Taranto (al sur de Italia). La central es la mayor de Europa, y el Estado se ha apropiado de ella de esta forma tras los desacuerdos con su gestora, la siderúrgica franco-india ArcelorMittal, que ha anunciado su salida.
El ministro de Empresas y Made in Italy, Adolfo Urso, ha decretado este martes con carácter inmediato la administración extraordinaria de esta planta, llamada "Acciaierie di Italia" (ADI), y nombró como comisario al experto en siderurgia Giancarlo Quaranta.
"Esto supone el fin de la participación de ArcelorMittal en ADI, iniciada en 2018", anunció en un comunicado el coloso del metal sobre esta planta, en los últimos años sumida en una grave crisis y que el Gobierno trata de proteger por considerarla "estratégica".
Desde hace años, la antigua ILVA sufre una grave crisis financiera, entre críticas de contaminación, y a esto en los últimos meses se ha sumado serias deficiencias de liquidez que impedían saldar sus deudas y garantizar su mantenimiento y su producción.
Hasta ahora, la planta estaba controlada por ArcelorMittal, tras comprarla en 2018 con la promesa de sanearla e impulsarla, y en 2021 se alió con el Estado italiano, que posee el 38% de su capital a través de Invitalia, el ente para las inversiones públicas.
Italia mantiene la acerería abierta por le inmenso coste de su cierre: 10.500 trabajos
El Gobierno de Giorgia Meloni Meloni y los anteriores han preferido mantener la acerería abierta por considerarla estratégica pero también por el enorme coste social que supondría su cierre, pues en ella trabajan alrededor de 10.500 personas en un territorio poco industrializado.
La intervención del Estado llega después de meses de negociaciones entre el Gobierno y el coloso siderúrgico, el último el pasado 8 de enero, zanjado con desacuerdo sobre los planes para garantizar la operatividad de esta importante acerería.
ArcelorMittal aseguró que en su gestión "ha estado plenamente comprometido con las personas y los activos" de la planta, invirtiendo más de 2.000 millones de euros, entre 800 millones de un plan mediambiental y 1.200 millones en mejora de instalaciones.
Asimismo, defendió su voluntad de negociar las "importantes discrepancias" entre los inversores y la presentación de "propuestas pragmáticas" para continuar con la alianza público-privada inaugurada en abril de 2021.
"Cuando no pudimos llegar a un acuerdo sobre términos aceptables también ofrecimos vender nuestra participación en ADI a Invitalia. Las conversaciones, a pesar de los esfuerzos de ArcelorMittal, no tuvieron éxito", reprochó.
ArcelorMittal dijo que "esta situación podría haberse evitado" si hubiera podido acceder a la financiación de deuda tradicional sin "depender" de "inyecciones de capital" público.
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