Un tribunal de Bruselas rechazó este jueves conceder un régimen de libertad vigilada a Eva Kailí, por lo que la eurodiputada griega acusada de pertenencia a una organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero en una trama de sobornos en el Parlamento Europeo seguirá en prisión preventiva.
"La Cámara del Consejo ha confirmado la prisión preventiva" de Kailí, informó la Fiscalía en un comunicado sobre la tercera negativa judicial de liberar a la política socialdemócrata tras su detención el pasado 9 de diciembre y un primer intento en apelación el 22.
En la vista, celebrada a puerta cerrada en el Palacio de Justicia de Bruselas, la Fiscalía se había opuesto "firmemente" a su liberación al considerar que existe riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de confabulación con otros implicados, dijeron a la prensa los abogados de Kailí.
Insistieron en que su cliente se declara inocente, argumentaron que colabora con la Justicia, lamentaron que sólo haya podido ver dos veces a su hija de 23 meses desde que fue detenida y denunciaron que ha sufrido "tortura" y trato "de la Edad Media" con actos que "violan la Convención Europea de Derechos Humanos".
Prisión "incomunicada"
"Durante 16 horas estuvo en una celda de policía, y no en la prisión, con frío. Se le negó una segunda manta y se le quitó el abrigo. Esto es tortura. La luz estaba encendida constantemente y no podía dormir. Eso es tortura. Estuvo indispuesta, con mucha sangre (por la menstruación) sin poder lavarse. Eso es tortura", dijo a la prensa el letrado Michalis Dimitrakopoulos.
Ocurrió "entre el miércoles 11 y el viernes 13 de enero", período en el que Kailí estuvo "incomunicada", agregó el letrado.
Dimitrakopoulos aseguró que la cesada vicepresidenta del Parlamento Europeo "no tenía ninguna colaboración" con Pier Antonio Panzeri, exeurodiputado socialista italiano al que se le supone el cerebro de la red de políticos, sindicalistas, lobistas y asistentes corrompidos para defender en Bruselas los intereses de Catar, Marruecos y Mauritania.
Kailí, de 44 años y eurodiputada desde 2014, fue arrestada al igual que Panzeri en el marco de una gran redada en varios inmuebles en Bruselas en la que la policía decomisó teléfonos, equipos informáticos y más de 1,5 millones de euros en metálico.
Parte del dinero estaba en manos de su pareja, el italiano Francesco Giorgi, parte se le incautó al padre de la eurodiputada, Alexandros Kailís, y parte apareció en casa de Panzeri.
En esa operación también fueron detenidos y se encuentran en prisión preventiva Niccolo Figa-Talamanca, un lobista italiano y secretario general de la ONG No Peace Without Justice (No hay paz sin justicia), y Giorgi, compañero sentimental de Kailí, padre de su hija y antiguo asistente parlamentario de Panzeri.
Giorgi habría confesado su implicación en la red corrupta pero habría exculpado a su pareja, según medios locales.
"Es su marido y le ama. Es el padre de su hijo", se limitó a decir hoy el otro letrado de Kailí, André Risopoulos, preguntado sobre la confesión de la pareja de esta.
Giro en la investigación
Panzeri, por su parte, ha pactado esta semana con la Fiscalía una condena mínima a cambio de una confesión, en un procedimiento que sólo se había utilizado una vez antes en Bélgica y permitido desde 2018 por la "ley pentiti", en referencia a los arrepentidos de la mafia italiana.
Los abogados de Kailí sospechan que la política estuvo incomunicada, precisamente, mientras el Ministerio Público negociaba con Panzeri su confesión y condena.
El exeurodiputado y director de la ONG Fight Impunity (Lucha contra la Impunidad) sólo cumplirá un año de prisión efectiva -parte con brazalete electrónico- y b, además de entregar todo lo obtenido ilícitamente, según los detalles del acuerdo que han facilitado su abogado y la Fiscalía.
A cambio, Panzeri señalará a otros corruptos y revelará el funcionamiento de la red y los "acuerdos financieros con terceros Estados".
En paralelo, las autoridades italianas han aceptado la entrega a Bélgica de su esposa, Maria Dolores Colleoni, y de su hija, Silvia Panzeri, aunque ambas han apelado. También han detenido esta semana en Milán a su contable, Monica Rossana Bellini.
El escándalo de los sobornos ha sacudido a las instituciones comunitarias y, en particular, al Parlamento Europeo, cuya presidenta, la conservadora maltesa Roberta Metsola, ha prometido reforzar el control, al igual que el grupo socialdemócrata.
La Eurocámara también ha iniciado el procedimiento para retirar la inmunidad parlamentaria al socialista italiano Andra Cozzolino, para quien trabajaba Giorgi como asistente, y a su compañero belga Marc Tarabella, a quien Panzeri dice haber entregado unos 130.000 euros.
Ambos niegan su implicación en la trama corrupta.
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