La Justicia francesa ha imputado a la marca Peugeot, como ya lo había hecho con Renault y con Volkswagen, en la investigación abierta por la presunta utilización de programas para encubrir las emisiones contaminantes de algunos motores diésel de generaciones precedentes.
En un comunicado, Stellantis -casa matriz de Peugeot- explicó que los jueces instructores que dirigen esas pesquisas le inculparon este miércoles por un supuesto fraude en la venta de vehículos diésel Euro 5 comercializados en Francia entre 2009 y 2015.
La marca del león ha tenido también que pagar una fianza de 10 millones de euros (8 millones por eventuales daños y multas y los otros dos por posibles costos de representación ante los tribunales) y presentar una garantía bancaria de 30 millones por si tuviera que abonar indemnizaciones.
Stellantis precisó que Peugeot va a evaluar la posibilidad de recurrir esa medida.
Citroën y Fiat también tendrán que comparecer
Además, la casa matriz reconoció que otras dos de sus filiales, Citroën y Fiat, deben comparecer ante los jueces instructores de esta investigación, lo que abre las puertas igualmente a que sean objeto de acusaciones similares.
En cualquier caso, insistió en que sus diferentes marcas están "firmemente convencidas de que sus sistemas de control de emisiones respondían a todas las exigencias aplicables entonces y siguen respetándolas ahora".
Stellantis, que recordó que las alegaciones que han conducido a la inculpación todavía no se han debatido en un procedimiento contradictorio, añadió que Peugeot, Citroën y Fiat están impacientes por demostrar que se ajustaron a las reglas.
Avanzó que cooperará plenamente con la Justicia para resolver este asunto "rápidamente".
Renault anunció el martes su inculpación en este sumario y un día después lo hizo Volkswagen.
El dieselgate
El conocido como el escándalo del dieselgate estalló en Estados Unidos, donde las autoridades encargadas del control de la contaminación se dieron cuenta de que Volkswagen había instalado programas para encubrir la contaminación de sus motores diésel en condiciones reales de conducción.
En concreto, esos dispositivos detectaban el protocolo de pruebas y en ese caso los motores trabajaban a un ritmo que permitía limitar las emisiones de partículas y respetar las normas de contaminación en vigor.
Sin embargo, en condiciones normales de circulación, las emisiones se disparaban.
La Justicia francesa trabaja también en esa cuestión sobre la base de sus propios trabajos de análisis con el examen de los coches de diversos fabricantes.
