El opositor Leopoldo López ha afirmado este jueves que se pone "a disposición de la Justicia" de España, después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) aprobara solicitar su extradición para que cumpla en territorio venezolano el resto de su condena.
"Ante la persecución de la dictadura de Nicolás Maduro, ahora reflejada en una solicitud ilegal de extradición, una vez más me pongo a disposición de la justicia; en esta oportunidad de un país con instituciones democráticas, separación de poderes y justicia, en la cual confío plenamente", ha dicho López a través de su cuenta en la red social Twitter.
López ha publicado además un documento en el que uno de sus letrados, Óscar Arredondo-García, traslada a la Audiencia Nacional la "absoluta disposición" del opositor a "comparecer voluntariamente tantas veces sea llamado por esta ilustrísima Audiencia con ocasión de la extradición iniciada".
"Intereso de su señoría se eviten medidas de carácter preprocesal y/o policial, al tenerme ya por comparecido y a plena disposición de la autoridad judicial competente", agrega el texto.
La condena de 2015
El TSJ declaró el martes "procedente" solicitar a las autoridades españolas la extradición de López, quien fue condenado a catorce años de prisión en 2015 por incitar a la violencia en las revueltas de la oposición de un año antes contra el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro.
Así, precisó que López todavía tiene que cumplir una pena de "ocho años, seis meses, 25 días y 12 horas, por haber sido condenado por la comisión de los delitos de determinador en el delito de incendio, determinador en el delito de daño, autor en el delito de instigación pública y el de asociación".
A finales de octubre de 2020, López, líder del partido opositor Voluntad Popular, salió de la Embajada de España en Caracas, donde se encontraba desde el 30 de abril de 2019, para cruzar de manera clandestina la frontera con Colombia, desde donde voló hacia España.
Por su parte, el letrado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, ha señalado en conversación telefónica con Europa Press que si bien de momento no ha llegado la notificación desde Venezuela con la decisión del Supremo, es previsible que la petición de extradición llegue la semana próxima.
El asunto recae en Pedraz
Ése ha sido el motivo por el que se han querido adelantar y se han puesto desde ya a disposición de la Audiencia Nacional y, según fuentes jurídicas, el escrito ha sido presentado en el Juzgado Central de Instrucción número 1, cuyo magistrado es Santiago Pedraz, habida cuenta de que es el que está de guardia esta semana.
Por otro lado, Gutiérrez ha explicado que también se han puesto en contacto con Interpol para que quede constancia de que según el artículo 3 de su estatuto no pueden inmiscuirse en una causa política --considera que la petición tiene motivación política--. Por ello, pide que no le incluyan en ningún listado de captura y detención.
Según reza ese punto tres del Estatuto de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), "está rigurosamente prohibida a la organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial".
Apelan a la jurisprudencia del TEDH
Además, el letrado "confía" en que la Audiencia Nacional dicte "una resolución justa" porque, apunta, tanto el convenio de extradición entre Venezuela y España como el convenio de extradición pasiva no permite las entregas que se basen en causas políticas. Y suma a esto que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tampoco permite las extradiciones que supongan una vulneración de derechos fundamentales.
La intención de Venezuela debe ser comunicada de manera formal por el conducto diplomático al Ministerio de Asuntos Exteriores, quien a su vez lo enviará al Ministerio de Justicia para que éste lo lleve al Consejo de Ministros. En caso de que el Gobierno decida que el proceso continúa, ya es elevado a la Audiencia Nacional.
Según la defensa de López, una vez que llegue la solicitud a Pedraz, éste tendrá que citarle para comunicarle la reclamación y preguntarle si acepta ser entregado de manera voluntaria. En caso de que no aceptara, como con toda probabilidad ocurrirá, comienza el trámite habitual, y entonces la Audiencia Nacional tendrá que celebrar una vista de extradición.
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