La pinza entre centristas, extrema izquierda y Marine Le Pen no ha conseguido en la Asamblea los votos necesarios para rechazar la reforma de las pensiones y derribar al gobierno de Emmanuel Macron.
Los diputados, no todos, de la derecha moderada de “Los Republicanos” han salvado al presidente. Más de 19 de los 61 de este partido ha desobedecido a su jefe y han votado por la destitución al Gobierno. La moción presentada por un grupo centrista sido derrotada solo por nueve votos. Necesitaba 287 y han obtenido 278.
Los franceses deberán trabajar dos años más para poder optar a la jubilación. Las mociones de censura no han impedido la adopción de la ley propuesta por el Gobierno de Emmanuel Macron que aumenta de 62 a 64 años la edad mínima legal para poner fin a la vida laboral.
A la oposición le queda el recurso ante el Consejo Constitucional y, también, el llamado Referéndum de Iniciativa Ciudadana, que debe recoger más de cuatro millones de firmas y pasar un complicado camino administrativo.
Para Emmanuel Macron se trata de una victoria pírrica que puede interpretarse mejor como un fracaso político estrepitoso, pues debió pulsar el botón nuclear del artículo 49.3 de la Constitución para privar a la Asamblea Nacional de un voto que pensaba perdido.
La ira popular seguirá reflejada en huelgas, como la gran movilización del próximo miércoles, además de un endurecimiento de los bloqueos en puertos, refinerías y otras empresas públicas. El responsable de Interior y las fuerzas del orden van a tener trabajo extra en los próximos días para frenar las manifestaciones violentas que, sin duda, van a volver a provocar el caos en las principales ciudades francesas. El fantasma de los “chalecos amarillos”, en su vertiente más radical, roba el sueño a las autoridades policiales, pues, hoy, la unidad de los sindicatos y la adhesión de los estudiantes aumenta el impacto de la protesta.
Emmanuel Macron está obligado a reaccionar y el pararrayos de la figura de la primera ministra no le servirá para protegerse mucho tiempo más. Está previsto que tome la palabra en las próximas horas, pero, una vez adoptada la ley, sus discursos van a servir de poco para calmar esta primavera del descontento; la calle (7 de cada 10 franceses contra la reforma), los sindicatos y a la mitad del legislativo están en su contra.
Por supuesto, sacrificar a su jefa de gobierno, Elisabeth Borne, sería la primera medida esperada, pero el nombre de la persona que la sustituya no servirá sino para distraer durante pocas horas la atención de los medios de comunicación. La amplitud de la crisis que vive el presidente, a menos de un año de su segundo mandato quinquenal, no puede tener remedio en la nominación de un primer ministro, por mucho carisma que tenga el elegido. Conociendo sus pasadas reacciones de orgullo, es capaz también de mantener a Elisabeth Borne y cambiar solo a alguno de los ministros.
Hoy nadie es capaz de saber cómo va a conseguir Macron recuperar la atención y el apoyo de los sindicatos, y, en especial, del mayoritario y reformista Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT). Ni sus más convencidos colaboradores encuentran argumentos atrayentes para recuperar una confianza ciudadana que apenas sobrepasa el 20% de adhesión.
Calvario legislativo
La mayoría relativa del presidente, que sus enemigos definen como “minoría presidencial”, se prepara, a partir de ahora, a padecer un repetido calvario cada vez que quiera impulsar una nueva reforma. La primera que peligra es otra controvertida propuesta para endurecer la entrada y legalización de inmigrantes.
Dentro de las filas de su partido, “Renacimiento”, como entre sus aliados parlamentarios, el centrista “Modem” y la formación más a la derecha, “Horizontes”, la aplicación del 49.3 no recibió el aplauso unánime, ni mucho menos. Algunos de los componentes de los tres partidos estarán mucho más tentados a disentir de la línea presidencial, tras el episodio traumático de la reforma de las pensiones. La presión que reciben en sus circunscripciones se ha traducido también en amenazas físicas y ataques a sus oficinas que han dejado marcados a los afectados y con una oscura esperanza de renovar sus mandatos.
“Derechita cobarde” a la francesa
Que la derecha de “Los Republicanos” le hayan salvado en el voto de las mociones de censrura no significa tampoco que la derecha moderada vaya a facilitar a Emmanuel Macron los cuatros años de mandato que le quedan. El sicodrama provocado por la ley de las pensiones ha dividido – aún más – al partido de centroderecha que ya fue destrozado por el éxodo de tránsfugas hacia el macronismo inicial, en 2017. LR sigue dividiéndose entre “moderados”, sin diferencia palpable con las políticas del presidente, y “duros”, que estarían dispuestos a acercarse a Marine Le Pen en una operación de “unión de las derechas”, como la que propugna el malogrado candidato a la presidencia, Eric Zemmour, y la sobrina de Marine Le Pen, Marion Marechal.
La crisis de la “derechita cobarde” a la francesa ha legado a tal punto que algunos de sus barones, en este caso la baronesa Rachida Dati (exministra de Nicolas Sarkozy) ha propuesto llegar a acuerdos de gobierno con Emmanuel Macron. En efecto, muchos analistas franceses recalcan estos días la diferencia de Francia con respecto a algunos países europeos donde – subrayan - el partido ganador de las elecciones llega a un pacto de gobernabilidad con formaciones en muchos casos alejadas de su ideario, como es el caso de Alemania, entre conservadores, verdes y liberales, o “gobiernos Frankenstein”, término que no utilizan. Además, el sistema francés, donde la figura presidencial pesa por encima de todo, deja poco margen de maniobra al legislativo. De ahí el creciente ronroneo sobre la necesidad de ir hacia una renovación que alumbraría la VI República.
“Pato cojo” y elecciones anticipadas
En Estados Unidos se llama “Lame Duck” (pato cojo) al período en el que presidente vive sus últimos meses en el cargo cuando ya sabe el nombre de su sucesor. Emmanuel Macron, que en 2027 acaba su segundo mandato y no puede ser reelegido, no sabe quién le sucederá, pero si las circunstancias no cambian va a sufrir cuatro años de cojera política que no podrá solventar con la labia y los artificios de comunicación empleados hasta ahora ni, mucho menos, con la explosión del déficit público en otra ronda de generoso reparto de dinero como el justificado con el Covid y la crisis económica achacada a la guerra en Ucrania.
El presidente tiene la posibilidad de apretar un segundo botón nuclear: la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones legislativas. Sería una manera de huir de la crisis y frenar la protesta a la espera de un nuevo Parlamento. Una apuesta peligrosa para sus intereses, pues podría dar lugar a una cohabitación con una oposición más amplia que la actual y, según algunos sondeos, a un aumento de escaños para las formaciones que salen menos perjudicadas en el cataclismo político de la reforma de las pensiones: la extrema izquierda y, sobre todo, el partido de Marine Le Pen, que pide un adelante electoral urgente.
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