El secretario de Seguridad de la ciudad de Cali, Carlos Rojas, ha elevado a diez el número de fallecidos de forma violenta en las últimas 24 horas en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas contra el Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, tras 32 días de manifestaciones en las calles.
Cinco de esos casos estarían relacionados directamente con las protestas y bloqueos y con la intervención de las fuerzas de seguridad, ha apuntado Rojas en declaraciones a la emisora Caracol Radio.
Además, Rojas ha calificado de "inadmisible" que la población civil se encuentre armada y participe en los enfrentamientos: "Nos parece que lo que ha pasado tiene que ser rápidamente investigado por todas las autoridades, se tienen que identificar estas personas y se tienen que judicializar".
"La ciudad no puede convertirse en un escenario de guerra" y por ello desde la administración municipal exigen que se investigue por parte de la Fiscalía y la policía.
Rojas ha informado además de las negociaciones abiertas con los manifestantes con las que pretenden facilitar el fin de los "angustiosos" bloqueos.
El presidente Duque ha anunciado este viernes el "máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional" en la ciudad de Cali y el departamento donde se ubica, Valle del Cauca, para "contrarrestar la situación de orden público que se vive".
"Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el Departamento, asegurando una asistencia también en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y de terrorismo urbano de baja intensidad", ha aseverado el mandatario en una intervención desde Cali, informa el medio colombiano Caracol Radio.
En una jornada de graves disturbios en la región, Duque ha subrayado que la "labor" de su Gobierno y de los gobiernos municipales y departamentales es "proteger los derechos de toda la ciudadanía".
Militarización y no negociación
Mientras, el expresidente colombiano y líder del partido oficialista Centro Democrático, Álvaro Uribe, ha manifestado el rechazo de su partido a cualquier tipo de negociación con el Comité del Paro Nacional mientras se mantengan los bloqueos de carreteras y la militarización de las regiones en las que haya "amenaza contra la seguridad de los ciudadanos".
Además "un oficial de alto rango, por ejemplo un Coronel, responsable de cada lugar, a cargo de unidades específicas que levanten los bloqueos con eficacia y transparencia".
Estas peticiones están incluidas en una carta publicada por Uribe que explicita su rechazo a las negociaciones. "Negociar con bloqueos y violencia es continuar la destrucción de la democracia", ha advertido.
Por último el comunicado urge "al Gobierno Nacional acelerar la consecución de unos recursos pagados por los más pudientes para financiar la lucha contra la pobreza y la política de la juventud".
El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, (oposición), ha respondido al planteamiento de Uribe. "La respuesta de Uribe a la tragedia: militarización, ni una palabra sobre las víctimas y NO al diálogo. En Bogotá persistiremos incansablemente en el diálogo, atenderemos emergencia con inversión social y reactivación económica. La fuerza sólo cuando no haya ninguna otra opción", ha señalado.
Sin embargo, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación por la escalada de la violencia en las protestas contra el Gobierno de Colombia y ha hecho un llamamiento a castigar las agresiones y a la negociación entre el Gobierno y las organizaciones movilizadas.
"La CIDH expresa preocupación por la situación de orden público que habría ocurrido el 27 de mayo, en el peaje Villa Rica, Cauca. Según información, agentes de policía ESMAD habrían incurrido en abusos y detenciones arbitrarias contra integrantes de La Minga", ha indicado en referencia a un enfrentamiento entre miembros de las fuerzas de seguridad e indígenas movilizados.
Así, la CIDH ha emplazado al Estado colombiano a "investigar y sancionar los hechos con debida diligencia y enfoque étnico". Asimismo ha instado al Gobierno a "priorizar el diálogo" y a que "todo uso de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad".
Este mismo sábado, el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, ha criticado el decreto del presidente colombiano, Iván Duque, por el que ordena un despliegue de asistencia militar en Cali y varias regiones del país para restablecer el orden público.
Vivanco ha advertido de que este decreto tiene un "un peligroso vacío" debido a que las órdenes "no incluyen ninguna referencia explícita a priorizar el diálogo, evitar la fuerza excesiva y respetar los Derechos Humanos", lo cual "puede tener consecuencias irreparables".
El Gobierno colombiano ha cambiado esta semana su postura respecto a la visita de la CIDH, tras mostrarse en un principio reticente a abrir las puertas del país al organismo.
Las protestas que sacuden el país desde hace ya un mes comenzaron como una movilización contra la reforma fiscal planteada por el Ejecutivo de Iván Duque, pero una vez retirada la misma las movilizaciones reclaman medidas para atajar la desigualdad en el país.
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