La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha expresado este jueves su consternación por la muerte de 68 personas en un incendio en una comisaría en Venezuela después de que estallara un motín y ha reclamado al Gobierno venezolano que lleve a cabo una "investigación exhaustiva" sobre los hechos.
"Estamos consternados por las terribles muertes de al menos 68 personas en Venezuela después de que un incendio arrasara la cárcel de una comisaría el miércoles a raíz de presuntos enfrentamientos entre detenidos y miembros de las fuerzas de seguridad", ha manifestado la oficina en un comunicado.
Un total de 68 personas, la mayoría presos, han muerto a causa del incendio que se declaró el miércoles en la Comandancia de Policía del estado venezolano de Carabobo, por un motín, según ha confirmado este jueves el fiscal general del país, Tareck William Saab, que ha ordenado investigar lo ocurrido.
La oficina de Zeid ha reclamado a las autoridades venezolanas que lleven a cabo "una investigación pronta, exhaustiva y efectiva" con el fin de "establecer la causa de estas muertes, proporcionar reparaciones a las familias de las víctimas y, cuando corresponda, identificar y llevar a los responsables ante la justicia".
Empleo de gases lacrimógenos
Asimismo, ha expresado su preocupación por las informaciones sobre el uso de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad "para dispersar a los familiares que se habían congregado" frente a la comisaría en Valencia, en el estado de Carabobo, "para exigir información sobre sus seres queridos".
"Llamamos a las autoridades a respetar el derecho de las familias a la información y a la reunión pacífica", ha añadido la oficina de Derechos Humanos en su nota.
Así las cosas, el Alto Comisionado ha denunciado que "en las prisiones y cárceles de la policía en Venezuela, usadas usualmente como centros permanentes de detención, existe hacinamiento generalizado y condiciones terribles de detención". En su opinión, "las malas condiciones, exacerbadas por los retrasos judiciales y el uso excesivo de la detención preventiva, generan reiterados hechos de violencia y motines".
Tras recordar que corresponde a los estados garantizar "la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad", ha instado al Gobierno de Nicolás Maduro a que "adopte inmediatamente medidas para mejorar las condiciones de detención en cumplimiento con las normas y los estándares internacionales de Derechos Humanos, incluida la prohibición de la tortura, así como los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes".
Por último, ha llamado al Gobierno venezolano a que proceda a la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura "con el fin de que se habilite un monitoreo independiente de centros de detención por un mecanismo internacional".
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