Internacional

Los padres de Edwin Arrieta no podrán declarar como testigos en el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia

El tribunal tailandés rechaza que los padres de la víctima testifiquen a partir del 9 de abril

El tribunal de Tailandia, que a partir del próximo martes 9 de abril juzgará a Daniel Sancho, acusado de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha rechazado que los padres de la víctima declaren como testigos en la vista oral, como había solicitado su abogado.

Según ha adelantado Infobae España y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, la corte de la isla de Koh Samui ha denegado que testifiquen a través de videoconferencia -se encuentran en Colombia, su país- alegando falta de medios.

No obstante, el tribunal ha asegurado que el relato de los padres de Arrieta, que iban a tratar de acreditar que su hijo era su sustento económico y la complicada situación en la que se encuentran tras su muerte, se tenga en cuenta durante la vista oral.

Para ello, ha ofrecido a la familia, representada por el despacho Ospina Abogados, dos opciones: o que acrediten este extremo de forma documental o que lo haga, también como testigo, otro familiar de la víctima.

Los padres, Ana Marcela Artega y Leovaldo José Arrieta, eran los únicos testigos de la acusación que estaba previsto que declarasen.

Sancho se enfrenta a la acusación de asesinato premeditado

A partir del próximo martes y hasta el 3 de mayo, Sancho, de 29 años, se enfrenta a la acusación de asesinato premeditado -del que se ha declarado no culpable- y de ocultar el cuerpo tras descuartizarlo, delito que sí ha admitido y que podría conllevar hasta un año de cárcel.

El español, quien inicialmente confesó el crimen supuestamente cometido el pasado 3 de agosto y se encuentra en prisión provisional desde cuatro días después, dijo en una entrevista con EFE desde el centro penitenciario que está "convencido" de que le van a "absolver" porque actuó en "defensa propia".

Por su parte, la familia de Arrieta -que en el momento de su muerte tenía 44 años- tiene como objetivo demostrar que sí hubo planificación, tal y como plantea la Fiscalía de Tailandia, y que Sancho les indemnice con 410.000 euros.

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