Hablar sobre la pena de muerte en pocas ocasiones supone explicar buenas noticias. A pesar de ello, el informe de 2021 que elabora cada año la ONG Amnistía Internacional arroja algo de luz al panorama mundial sobre este castigo judicial. Los homicidios autorizados por el Estado el año pasado marcaron su segunda cifra más baja desde 2010, con un total de 579 ejecuciones en 18 países. La nota más discordante ha sido Arabia Saudí, el Reino del Desierto ha autorizado 65 ejecuciones frente a las 27 que se practicaron en 2020, lo que supone un incremento del 140%.
Arabia Saudí ocupó en pasado 2020 la presidencia rotativa del G20, ese puesto fue aprovechado por las autoridades para mejorar la imagen internacional del país. "A lo largo de esos 12 meses quisieron mostrar una imagen más aperturista y moderna. Una vez pasado ese periodo, hemos comprobado que la aplicación de ejecuciones se dispara", asegura en conversación con Vozpópuli Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional en España.
Este subidón de las ejecuciones también está motivado por la situación política interna de Arabia Saudí. "La minoría chií es la más castigada por este tipo de penas y se concentran especialmente en la provincia oriental del país", explica De las Heras. Este clima interno tan represivo contrasta con el papel que juega el país como promotor de eventos deportivos y espectáculos. En 2021 acogió la Supercopa de España y también se celebró un Gran Premio de Fórmula 1, que se vio sacudido por un ataque a la refinería de petróleo Aramco por parte de la milicia huthi de Yemen.
"Tratan de vender una imagen diferente de sí mismos con estos eventos, pero en el interior es todo lo contrario, se produce una represión brutal contra los opositores", asegura el portavoz de la ONG. Aunque habrá que esperar al informe del año que viene, parece que la situación no irá a mejor, puesto que en 2022 continúa la misma tendencia, con la ejecución de 81 personas en un mismo día en el mes de marzo.
Dejando de lado el caso de Arabia Saudí, el informe de Amnistía Internacional indica que el año pasado se llevaron a cabo en todo el mundo 579 ejecuciones en 18 países. Estas cifras suponen un aumento del 20% respecto a 2020, el año en que se desató la pandemia de la covid-19, por lo que muchos procesos judiciales se paralizaron en aquel momento.
Pese al incremento de la pena de muerte que se registra en este informe, lo cierto es que este tipo de castigo está en retroceso en el mundo. En América solo se han llevado a cabo en Estados Unidos, donde se practicaron 11, el más bajo registrado desde 1988. "Se han promulgado normativas contra este castigo a nivel federal y Virginia se ha convertido en uno de los primeros estados del sur en abolirla, algo muy simbólico", asegura De las Heras. En el resto de países esta pena cada vez se aplica menos o se retira del ordenamiento penal. "Cuba la conserva, pero llevan años sin practicar ejecuciones", explican desde Amnistía Internacional.
En comparación con 2020, se registraron aumentos significativos de las condenas a muerte en Egipto (al menos 356, frente al menos 264), Irak (al menos 91, frente al menos 27), Myanmar (al menos 86, frente al menos 1), República Democrática del Congo (al menos 81, frente al menos 20), Vietnam (al menos 119, frente al menos 54) y Yemen (al menos 298, frente al menos 269).
Irán es otro de los países en los que más se han incrementado las penas de muerte en 2021 y se disparan un 42%. "La represión en este caso está relacionada principalmente por el tema religioso, que es muy fuerte", ejemplifica De las Heras.
Irán mantiene la pena de muerte preceptiva por posesión de ciertos tipos y cantidades de drogas, y el número de ejecuciones registradas por delitos relacionados con estas sustancias se multiplicó por más de cinco, hasta llegar a 132 en 2021 (frente a las 23 del año anterior). La cifra confirmada de mujeres ejecutadas también aumentó de nueve a 14, mientras que las autoridades iraníes también llevaron a cabo la ejecución de tres personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometer el delito.
Países que no facilitan los datos
Como en años anteriores, los totales globales de condenas a muerte y ejecuciones registradas no incluyen los miles de personas que Amnistía Internacional cree que han sido condenadas a muerte y ejecutadas en China, ni la gran cantidad de ejecuciones que se cree que han tenido lugar en Corea del Norte y Vietnam. El secretismo y el acceso restringido a la información en el caso de estos tres países impidieron llevar a cabo un seguimiento riguroso de estas ejecuciones, mientras que en el caso de otros países, los totales registrados deben considerarse cifras mínimas.
Hacia la abolición de la pena
A pesar de estos datos alarmantes, a lo largo de 2021 se mantuvieron las señales positivas de una tendencia mundial hacia la abolición. En Sierra Leona, el Parlamento aprobó en julio, por unanimidad, una ley que abolía la pena de muerte para todos los delitos, aunque todavía no ha entrado en vigor. En diciembre, Kazajistán aprobó una ley para abolir la pena de muerte para todos los delitos, que entró en vigor en enero de 2022. El gobierno de Papúa Nueva Guinea emprendió una consulta nacional sobre la pena de muerte, que se tradujo en la adopción de un proyecto de ley en enero de 2022, pendiente aún de entrar en vigor.
A finales de año, el gobierno de Malasia anunció que presentaría reformas legislativas sobre la pena de muerte en el tercer trimestre de 2022. Y, en la República Centroafricana y Ghana, los legisladores iniciaron procesos legislativos para abolir la pena capital, que siguen en marcha.
En Estados Unidos, Virgina se convirtió en el vigésimo tercer estado abolicionista y el primero del sur en abolir la pena de muerte, mientras que, por tercer año consecutivo, Ohio reprogramó o suspendió todas las ejecuciones previstas. El nuevo gobierno de Estados Unidos también estableció en julio una moratoria temporal de las ejecuciones federales. En 2021 se constató la cifra más baja de ejecuciones en Estados Unidos desde 1988.
La Federación Rusa, Gambia, Kazajistán, Malasia y Tayikistán siguieron aplicando moratorias oficiales de las ejecuciones. "La población cada vez se muestra más en contra de esta pena y por ello los Gobiernos tienden a retirarla poco a poco. Cada Ejecutivo lleva su propio ritmo, pero la tendencia es hacia la abolición", concluye Carlos de las Heras, el portavoz de Amnistía Internacional.
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