El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este jueves que el bombardeo de la maternidad de un hospital en la ciudad ucraniana de Mariúpol, en el suroeste del país, por parte de Rusia, es un “atroz crimen de guerra”. “Mariúpol está siendo asediada. El bombardeo de un hospital de maternidad es un atroz crimen de guerra", aseguró Borrell en su cuenta oficial en Twitter.
Desde la invasión de Ucrania, se ha especulado sobre la posible condena a Rusia y en concreto a su presidente Vladimir Putin. La Corte Penal Internacional (CPI) tiene definiciones específicas para el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. "Los crímenes de guerra incluyen las infracciones graves de los Convenios de Ginebra y otras violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos 'sin carácter internacional' enumerados en el Estatuto de Roma, cuando se se cometen como parte de un plan o política o a gran escala", señala la CPI.
En el caso de la reciente invasión, Rusia podría haber incurrido en crímenes de guerra al atacar a poblaciones civiles.
En manos de Rusia
La CPI tiene las manos atadas ante el “crimen de agresión” de Rusia a Ucrania porque ninguno de los dos países es un Estado miembro. Pero este tribunal sí podría juzgar por crímenes de guerra y lesa humanidad a los ucranianos prorrusos que participen en la invasión. El fiscal de la CPI, Karim Khan, subrayó la semana pasada su falta de jurisdicción sobre el crimen de agresión en este conflicto, y advirtió a “todas las partes que llevan a cabo hostilidades” que sí pueden ser procesados si cometen cualquier otro crimen internacional, y esto se debe a la complicada relación formal de Kiev con el Estatuto de Roma, el fundacional de la CPI.
La CPI tiene jurisdicción desde 2002 sobre los "crímenes de guerra", de "lesa humanidad" y de "genocidio", pero también sobre el "crimen de agresión" (como es la invasión y ocupación militar), aunque este solo se activó en 2018 y bajo condiciones más estrictas que los otros tres: no se aplica a actos de agresión cometidos en países que no han ratificado el Estatuto como Rusia y Ucrania.
Solo si Kiev ratifica ahora el estatuto constitutivo en esa versión enmendada de 2018, la CPI podría juzgar a los ucranianos prorusos sospechosos de una agresión. Para los agresores de nacionalidad rusa, Moscú tendría que también ratificar el Estatuto, lo que de momento no está en su agenda. Por ello, los expertos presionan a Ucrania para que resuelva su relación con la CPI. Desde Parlamentarios para la Acción Global (PGA), Frederika Schweighoferova explicó a Efe que “las condiciones de la jurisdicción sobre el crimen de agresión no dejan ninguna esperanza a que Rusia pueda ser procesada bajo la CPI por este crimen” y señaló que “requiere lamentablemente que ambos Estados sean partes” del Estatuto.
Jurisdicción sobre crímenes de guerra
La Corte tendría así jurisdicción de facto sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad que ocurran ahora en territorio ucraniano, incluidos Crimea y Donbas, más allá de las inmunidades de los presuntos perpetradores. Pero organismos como el PGA y el Centro para las Libertades Civiles (CCL) piden al presidente Volodímir Zelenski enviar el expediente de ratificación al Parlamento ucraniano y firmar la ley correspondiente, para que Kiev pueda comprometerse de forma definitiva, subrayan, con "la prevención y el procesamiento de los crímenes internacionales más graves".
Ucrania se comprometió a ratificar el Estatuto tras la firma en 2014 del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE) y ya enmendó su última Constitución para aceptar la jurisdicción de la CPI desde 2019, pero aún no ha tomado las medidas en este sentido por la “preocupación política de que esto desencadene descontento social” ante el “miedo a que la CPI persiga judicialmente a sus soldados y héroes de guerra”, señala Schweighoferova.
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