La Duma del Estado de Rusia ha aprobado este jueves en tercera y última lectura una reforma de la llamada ley anti-LGBT, que endurece y amplía los castigos contra quienes difundan contenidos LGTBI, con medidas que ya no se extienden únicamente al ámbito de los menores de edad.
"Prohibida la promoción de relaciones sexuales no tradicionales. Será sancionada cualquier propaganda de relaciones sexuales no tradicionales. También se ha introducido una prohibición a la promoción de la pedofilia y el cambio de sexo. Las multas ascenderán a hasta 10 millones de rublos", ha informado la Duma en un comunicado tras adoptar en tercera y última lectura la ley.
El pasado 27 de octubre, la Duma del Estado aprobó por unanimidad en primera lectura un proyecto de ley que prohíbe la "propaganda de relaciones sexuales no tradicionales". "En cuanto a la segunda lectura, es posible que haya enmiendas que endurezcan las normas propuestas, las vamos a estudiar", adelantó entonces Viacheslav Volodin, presidente de la Duma.
El oficialismo ruso justifica esta reforma en la necesidad de combatir lacras como la pedofilia, pero para las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos supone un paso más en la represión contra el colectivo LGTBI.
Las autoridades rusas prevén perseguir cualquier tipo de contenido considerado contrario a los valores conservadores en Internet, medios de comunicación, libros, películas y anuncios, según los medios oficiales rusos.
Las multas por "propaganda" LGTBI pueden llegar a los 6.400 euros en el caso de ciudadanos de a pie. En el caso de entidades, la pena se eleva hasta los 79.000 euros.
No se permitirá, por ejemplo, difundir contenido sobre orientaciones sexuales consideradas no tradicionales, con un apartado específico para evitar que se pueda hacer "propaganda" de terapias de reasignación de género.
Multas con la ley anti-LGBT
Las multas por "propaganda" LGTBI pueden llegar a 400.000 rublos (unos 6.400 euros) en el caso de ciudadanos de a pie, o 800.000 rublos si se trata de funcionarios. En el caso de entidades, la pena se eleva hasta los cinco millones (más de 79.000 euros), informa la agencia Interfax.
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