El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) dio positivo por covid-19 horas después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención domiciliaria por presunto fraude procesal y compra de testigos, confirmaron a Efe fuentes de su partido, el Centro Democrático.
Una misión médica le realizó la prueba al exmandatario esta mañana en la finca "El Ubérrimo", situado en el caribeño departamento de Córdoba, donde está pasando la cuarentena decretada por el Gobierno para combatir la covid-19 y donde presumiblemente permanecerá en detención domiciliaria.
La Corte ordenó la detención del exmandatario al considerar que hay riesgos de que Uribe, senador del partido de derecha Centro Democrático, obstruya la justicia y determinó que "cumplirá la privación de la libertad en su residencia", desde donde "podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso".
Manipulación de testigos
La decisión de la Corte Suprema es un paso más en el caso por presunto fraude procesal y soborno de testigos en una demanda presentada por él mismo contra el senador de izquierdas Iván Cepeda, que sin embargo es uno de los menos graves entre decenas de procesos que tiene Uribe y que van desde injuria hasta supuestos vínculos con paramilitares.
El procesó comenzó en febrero de 2012 cuando el expresidente demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, congresista del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso en la Corte Suprema, no solo lo archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.
La detención domiciliaria del expresidente expuso nuevamente la fractura política que existe en Colombia, donde la mitad del país venera a Uribe como el "salvador de la patria" por su lucha frontal contra la guerrilla de las FARC -ahora disuelta- durante los ocho años de su Gobierno.
La otra mitad quiere verlo tras las rejas por los crímenes a los que se le vincula, desde matanzas de campesinos a manos de paramilitares hasta la ejecución de civiles por parte de militares, los llamados "falsos positivos", pasando por la corrupción y el espionaje de opositores.
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