La Generalidad de Cataluña ha vuelto a lanzar un ataque directo a las televisiones estatales a través del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). Este organismo, que ha apoyado las tesis de Artur Mas en todas las decisiones que ha tomado desde el principio de la legislatura, ha elaborado un polémico plan de seguimiento de la próxima campaña electoral que prevé vigilar los informativos de La 1, Telecinco y Antena 3 durante los días previos al 20 de diciembre, pero que no analizará los noticiarios matinales de TV3, ni las decenas de horas de contenidos políticos que emitirá la cadena 324, equivalente al Canal 24 Horas de TVE. Esta decisión ha generado una fuerte polémica dentro del regulador, toda vez que pretende juzgar las noticias de empresas que se encuentran fuera de las competencias del CAC (los canales generalistas) y, a la vez, hacer la vista gorda sobre televisiones a las que tiene la obligación de supervisar.
El plan es similar al que este órgano puso en marcha durante los pasados comicios catalanes del 27 de septiembre. El estudio que realizó en esa ocasión desembocó en un informe en el que, como era de esperar, el CAC no incluyó ninguna crítica a los medios de comunicación catalanes. Ni siquiera a los más cercanos al soberanismo, como Rac 1 o El Punt Avui TV. Sin embargo, este documento cuestionó la imparcialidad de Antena 3, al considerar que su cobertura de la campaña electoral incumplió la normativa sobre pluralismo informativo. "La distribución del tiempo de las candidaturas no guarda relación de proporcionalidad con los resultados de las elecciones al Parlament de 2012", precisaba.
El CAC analizará en campaña la información de medios que están fuera de su ámbito de actuación, pero excluirá decenas de horas de noticias de TV3
El programa de seguimiento de la campaña que ha llevado a la última reunión del Consejo su presidente, Roger Loppacher, ha generado una importante división en el organismo. De hecho, se ha aprobado gracias al voto de calidad del propio Loppacher, al haber contado con tres sufragios a favor y tres en contra. Como ha ocurrido desde el principio de la legislatura, los consejeros afines a Convergencia y a ERC se han mostrado favorables a vigilar a las televisiones generalistas, a pesar de que este regulador del sector audiovisual no tiene poder de decisión sobre estos medios de comunicación, más allá de las desconexiones territoriales de TVE en Cataluña, señalan fuentes cercanas a este órgano.
Los tres consejeros que no han apoyado esta medida, Carme Figueras (PSC), Eva Parera (Unión Democrática de Cataluña) y Daniel Sirera (PP), han redactado un voto particular conjunto en el que solicitan al CAC que rectifique y analice del 4 al 18 de diciembre el telediario matinal de TV3 (Els matins) y las varias horas diarias de información que se emiten en el canal 324.
También le exigen que excluya del programa a La 1, Telecinco y Antena 3 puesto que, a pesar de que este órgano no tiene competencias directas sobre las televisiones nacionales, pretende gastar fondos públicos en vigilar sus contenidos. "El ámbito territorial de estas elecciones justifica aún menos el hecho de que el Consejo quiera asumir competencias que le corresponden a otros organismos del Estado, en especial a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia", añade el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Dardos envenenados hacia empresas contrarias a la independencia
Esta acción no es ni mucho menos la primera que emprende el CAC contra los medios críticos con Convergencia Democrática de Cataluña. Sirva como ejemplo el expediente sancionador que Loppacher inició hace un año contra la Cadena SER, la Cadena COPE y Onda Cero por no emitir las cuñas sobre la consulta del pasado 9-N que les había enviado la Generalidad tan sólo unas horas antes de que fueran prohibidas por el Tribunal Constitucional.
El regulador catalán también se ha pronunciado en varias ocasiones sobre los contenidos de medios de comunicación que se encuentran fuera de jurisdicción, pero que se han aventurado a criticar el proceso independentista encabezado por Artur Mas. Basta con consultar su archivo de resoluciones para comprobar que Telemadrid, Intereconomía o 13TV han recibido reprimendas del CAC por comparar el soberanismo con los totalitarismos europeos de entreguerras.
En paralelo a estos ataques a las televisiones y radios estatales, ha concedido licencias de emisión que en la mayoría de los casos han ido a parar a las empresas con una línea editorial más complaciente con el Gobierno autonómico. Sin ir más lejos, de los 22 permisos de emisión que repartió en septiembre de 2014, 9 fueron a parar al acomodadizo Grupo Godó, mientras que 6 al Grupo Flaix, dirigido por Miguel Calçada, un periodista y empresario que fue nombrado en 2012 por el Govern como organizador de los actos del Tricentenario que conmemora los sucesos históricos de 1714.
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