El cierre de Canal 9 no es el cierre del grifo del gasto. De hecho, llevar a negro la pantalla de la televisión autonómica va a suponer para la Generalitat Valenciana una factura de más de 100 millones de euros, según los cálculos de algunos consejeros consultados que se enteraron ayer por la prensa de la decisión del president Alberto Fabra. Se trata de la primera televisión autonómica que pone fin a sus emisiones pero ese experimento puede tener más costes de los que el propio gobierno autonómico ha admitido hasta la fecha.
La Generalitat ha gastado ya 800.000 euros en asesoría: destinó 198.000 euros a PriceWaterhouseCoopers (PwC) para que elaborara un informe de viabilidad económica de la televisión pública. El resto de ese dinero se destinó al bufete Garrigues Abogados para articular el ERE y otras medidas de personal que ahora ha anulado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJPV). Esa factura puede duplicarse ahora si el Govern debe reelaborar 1.678 despidos como consecuencia del fin de las emisiones.
La sentencia que ha tumbado el ERE por parte del TSJPV obliga, además, a readmitir a los 1.000 trabajadores cuyos contratos pretendía liquidar el gobierno autonómico. El coste de la readmisión y de las indemnizaciones que han acumulado asciende, según fuentes sindicales, a unos 35 millones de euros. Si ahora es necesario despedir ya no a 1.000 sino a casi 1.700 empleados, los propios consejeros del ente público estiman que la factura de esas extinciones de contrato puede superar los 50 millones de euros. El resultado es, pues, que el ERE fallido y el despido colectivo por cierre tiene un coste de entre 85 y 90 millones de euros que debe abonar una Generalitat que carece de fondos.
Readmitir a los despedidos y volver a echarlos puede costar más de 85 millones de euros
Pero la factura no termina ahí. Incluso aunque la pantalla de Canal 9 se fuera a negro y cesaran todas las emisiones, la televisión autonómica tiene contratos con proveedores de servicios y contenidos que debería seguir abonando. Fuentes del canal denuncian la opacidad de unas operaciones que han aprobado en ocasiones la Directora General del ente y su personal de confianza, por lo que resulta difícil estimar con precisión a cuánto ascienden esos compromisos adquiridos. Además, Canal 9 forma parte de FORTA (la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos), la asociación de televisiones públicas autonómicas y regionales con la que tiene compromisos de pago y servicios que debe cumplir hasta la extinción de los contratos. Su cierre implica, pues, la compensación a televisiones como TV3 de Catalunya, TeleMadrid o Canal Sur, entre otras. La suma de derechos adquiridos y compensaciones a FORTA puede ascender a más de 5 millones de euros, según fuentes del consejo de RTVV.
Pero esa suma de costes y de proveedores deja una paradoja más. Cuando la Generalitat Valenciana intentó despedir a 1.000 trabajadores, convocó un concurso público para externalizar los servicios de producción de contenidos por valor de 9 millones de euros. Concurrieron nueve candidatos y, finalmente, la adjudicación fue a parar a una Unión Temporal de Empresas (UTE) vinculado al ex ministro Josep Piqué y el sobrino político de Maria Dolores de Cospedal, tal y como reveló Vozpópuli. Esas empreas adjudicatarias de la producción de contenidos pueden reclamar ahora los pagos totales o parciales y el cumplimiento del contrato.
Canal 9 externalizó, además, su producción en un contrato de 9 millones que ahora podría verse forzada a cumplir
Toda esa factura se completa con un último capítulo: el de los intereses de la deuda que el ente acumula y que suma casi 1.300 millones de euros. Esa factura es independiente de que el ente público siga o no emitiendo pero la forma de contabilizarla no: la ley permite que la deuda de las empresas públicas no contabilice como déficit si realizan una explotación comercial o cobran tasas por sus servicios. En este caso, el cierre de RTVV podría dar un golpe más a la contabilidad del ejecutivo valenciano.
Con esa factura por delante, los responsables políticos consultados ponen en cuestión la viabilidad económica del contundente anuncio político.
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