La revelación de los cobros por valor de 1 millón de euros que recibió Eduardo García Matilla de Telefónica entre 2005 y 2009, así como de su antigua asociación empresarial con uno de los presuntos conseguidores de la Trama Púnica, José Antonio Alonso, han causado inquietud en el seno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde existe una manifiesta preocupación sobre si estas actividades han podido afectar a los cimientos de la institución. De hecho, este periódico ha podido saber que su presidente, José María Marín Quemada, inició hace unas semanas una ronda de consultas para determinar el daño a la independencia del organismo que ha podido causar el que hayan trascendido estas polémicas líneas del currículum del consejero. Este proceso de análisis aún sigue abierto.
Vozpópuli publicó el pasado julio que García Matilla percibió más de 1 millón de euros de Telefónica entre 2005 y 2009 a través de la empresa que presidía, Corporación Multimedia S.A. El consejero ocultó este dato a la CNMC y al Parlamento cuando presentó su candidatura al organismo súper regulador en 2013, pese a que en el ejercicio de su función debe tomar importantes decisiones sobre el sector de las telecomunicaciones, entre las que se encuentra la de imponer multas millonarias a estas compañías.
A pesar de su antiguo vínculo económico con esta empresa, el consejero no se ha inhibido en ninguna de las votaciones relacionadas con la misma y con el sector de las telecomunicaciones. De hecho, presentó un controvertido voto particular a la operación de compra de Digital Plus por parte de Telefónica en el que, entre otras cosas, alertaba de la excesiva libertad que se concedía a la compañía presidida por César Alierta para emprender acciones que resten fuerza a sus competidores en el mercado de la televisión de pago. También criticaba el que no se establecieran limitaciones a la operadora para ofrecer a los clientes de Digital Plus otros productos de su catálogo, como los que tienen que ver con la telefonía o la banda ancha.
Fuentes oficiales de la CNMC, en consonancia con la opinión de la Oficina de Incompatibilidades, descartan que esta antigua relación con Telefónica plantee ningún problema legal para el ejercicio de su cargo. Sin embargo, el proceso de análisis iniciado en el seno de Competencia trata de dirimir si supone un conflicto ético, en cuanto a que esta situación pueda condicionar a García Matilla en su votación sobre los asuntos relacionados con el sector de las telecomunicaciones.
García Matilla no se ha inhibido en ninguna de las votaciones relacionadas con Telefónica, a pesar de cobrar 1 millón de euros de la compañía entre 2005 y 2009
Relacionado con el conseguidor de la Trama Púnica
A su antigua relación para Telefónica se suma el que el nombre de García Matilla aparezca vinculado al de José Antonio Alonso Conesa en el sumario de la Trama Púnica. En concreto, García Matilla dirigió durante casi dos décadas Corporación Multimedia S.A., una empresa dedicada a la investigación de audiencias y asesoría sobre el negocio audiovisual que estuvo participada por Zima Iniciativas S.A., al menos, entre 2009 y 2012.
Esta entidad figura en el sumario de esta operación anticorrupción por estar en la órbita de Mistral Inv. S.L., una sociedad pantalla que fundó Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena (PSOE) y considerado como uno de los conseguidores de la trama. El administrador en ese momento era su hermano, Agustín. Por su parte, el considerado como principal conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, llegó a poseer el 20% de las acciones de la empresa, según los datos proporcionados a la Fiscalía por la Agencia Tributaria.
Vozpópuli ha tratado de contactar por varios medios con Eduardo García Matilla para tratar de obtener su punto de vista sobre estos hechos, pero ha declinado responder a este periódico.
La incógnita sobre su renovación en la CNMC
Ni Competencia ni el Ministerio de Economía han tomado una decisión en firme sobre el futuro de este consejero. Tampoco sobre su aptitud para ejercer un cargo para el que se le exige una hoja de servicios prácticamente impoluta. Su mandato terminó oficialmente a principios de septiembre, pero Moncloa no ha hecho público si impulsará su renovación para los próximos seis años o si le buscará un sustituto. En cualquier caso, tal y como publicó este periódico el pasado domingo, parece que Mariano Rajoy dejará que sea el Gobierno que salga elegido en las elecciones del próximo 20 de diciembre el que pronuncie la última palabra sobre este asunto.
Mientras se resuelve este asunto, en la cúpula de este organismo se analiza el daño que ha podido causar a su "independencia y rigor" la aparición de estas informaciones, en las que se prueba la relación económica que mantuvo durante varios años con una empresa sobre la que tiene que pronunciarse de forma objetiva.
Sea cual sea el resultado del análisis iniciado por Marín Quemada sobre el 'caso García Matilla', lo que está claro es que este organismo terminará la legislatura en una situación complicada, toda vez que existe un enfrentamiento abierto entre sus miembros, que la justicia ha revocado algunas de sus decisiones y que existen diferencias entre los principales partidos políticos sobre la forma y el fondo que debe adoptar el regulador en el futuro.
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