El próximo día 25 de junio se pondrá sobre la mesa del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española un extenso informe en el que se analizará el efecto negativo que tendrá sobre la corporación la nueva Ley General Audiovisual, que incrementará de forma notable la incertidumbre que pende sobre esta empresa pública.
El documento -al que han tenido acceso los diez consejeros- ha sido elaborado por la alta dirección de la casa, a petición de este órgano. En una de sus partes, se refiere a la iniciativa del Gobierno de liberar a las compañías de telecomunicaciones de la obligación de sufragar RTVE con una parte de los ingresos que obtienen en España.
Esto -apunta el dosier- generará mermará la facturación de la corporación en alrededor de 100 millones de euros anuales. Sin embargo, la Ley Audiovisual no aclara la forma en la que se llenará ese agujero, lo que añadirá más dudas al futuro de RTVE.
Se estima que las plataformas de vídeo y de streaming (desde YouTube hasta Netflix) podrían llegar a aportar unos 20 millones de euros a la radio-televisión pública, dado que a partir de ahora estarán obligadas a ello. Pero ni el texto de la normativa audiovisual ni el Ejecutivo han aclarado la forma en la que se inyectarán los 80 millones restante.
RTVE y el contribuyente
El efecto del ‘favor’ a las telecos que se introduce en esta nueva ley, a iniciativa de Moncloa, lo define el informe en uno de sus párrafos: “como consecuencia de esta modificación legal, se reduce la presión fiscal sobre las compañías de telecomunicaciones en detrimento del resto de los contribuyentes”.
Esto es así porque, salvo que se modifique la ley de financiación de RTVE, o salvo que el Gobierno ejecute un tijeretazo a la corporación, la citada caída de ingresos se compensará a partir de un incremento de la aportación de los Presupuestos Generales del Estado, señalan las fuentes del Consejo consultadas por este periódico.
Como consecuencia de ello, se incrementaría -advierten fuentes de la cúpula de la corporación- la dependencia entre RTVE y los poderes públicos, algo que podría conducir a situaciones peligrosas. En este sentido, hay que recordar que Leopoldo González Echenique fue 'obligado' a dimitir en 2014 después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy le negara un fondo de rescate para compensar el déficit de la corporación.
En Génova, estaban entonces descontentos con la línea editorial de los telediarios, que se endureció con la llegada a la presidencia de José Antonio Sánchez.
El PSOE, contra Luis Fernández
Luis Fernández dejó de liderar la televisión pública tras meses después de que se modificaran las leyes que la regulan, que implicaban un cambio profundo en su modelo de financiación y quitaban la publicidad de sus canales. En ese tiempo, el PSOE había manifestado en RTVE su disgusto por el tratamiento de sus informativos a la crisis económica, que consideraban que era poco comprensivo con los intereses del Ejecutivo.
Fuentes del Consejo actual de la corporación apuntan a que el próximo día 25, en una reunión que se celebrará en Bilbao, se debatirá la posibilidad de hacer pública la preocupación del órgano de gobierno de la corporación en lo que respecta al articulado de la nueva ley audiovisual.
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