El Consejo Audiovisual de Cataluña, controlado por los partidos independentistas y alineado desde su fundación con los intereses de la Generalitat, ha vuelto a tomar una decisión que ha generado una importante controversia en su seno. Este órgano ha decidido no sancionar a la escritora barcelonesa Empar Moliner (1966) por quemar el pasado 11 abril un ejemplar de la Constitución Española en un programa de TV3. En opinión del CAC, la colaboradora de la televisión pública catalana ejerció su derecho de libertad de expresión y no vulneró la ley.
El Pleno de la máxima autoridad audiovisual catalana ha aprobado esta resolución gracias al voto de calidad de su presidente, Roger Loppacher –afín a Convergencia-, puesto que los tres consejeros designados por el Partido Popular, el PSOE y Unión Democrática de Cataluña han expresado sus reservas con el informe jurídico del CAC que pedía la exculpación de Moliner.
Empar Moliner cobró en 2015 un total de 66.500 euros de la televisión pública catalana, según denuncia un consejero del CAC
Según argumenta este órgano, este acto se produjo en un contexto satírico y estaba dirigido a Instituciones públicas y personas individuales que, "por su condición de sujetos políticos", están "sometidos al escrutinio y la crítica de la opinión pública".
En concreto, la colaboradora prendió fuego al ejemplar de la carta magna para denunciar la decisión del Tribunal Constitucional de declarar nulas diversas medidas del Ejecutivo catalán para combatir la pobreza energética. En su comentario en el magacín de la televisión catalana Els Matins, Moliner opinaba sobre la situación en la que quedarán las 895 familias que se acogieron a la posibilidad de aplazar el pago de las facturas de luz y gas durante el invierno y que "ahora vuelven -dijo- a quedar expuestas al corte de suministro en caso de impago".
"Por tanto se tendrán que calentar de cualquier manera, con cualquier libro que tengan en la mano", afirmó Moliner en tono sarcástico, momento en el que empezó a arrancar hojas de la Constitución mientras comentaba: "Hacen así y lo pueden ir tirando en este bidoncito que tengo aquí y hacerse una especie de estufa".
El CAC incide en que la sección en la que Moliner quemó la Constitución tiene un tono "irónico y humorístico" y que, por tanto, su acción no debe analizarse fuera de este contexto. "Conviene señalar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha definido, reiteradamente, el tratamiento humorístico como [...] una forma de expresión artística y crítica social que, con un contenido inherente de exageración y distorsión de la realidad, persigue, naturalmente, la provocación y la agitación".
Y añade: "Para que se produzca una vulneración del derecho al honor no es suficiente la mera crítica o burla, sino que es necesario que se produzca una descalificación injuriosa". Y, en este caso, no ha tenido lugar.
Voto particular de tres consejeros
Ante su desacuerdo con esta resolución, los consejeros Daniel Sirera, Carme Figueras y Eva Parera han emitido un voto particular en el que reprueban la acción realizada en TV3 por Moliner y alertan de las consecuencias que puede tener para la sociedad: "La información que se ha dado está sesgada, manipulada y dramatizada con el objetivo de trasladar a los espectadores que existe un organismo que persigue a los catalanes, como es el Tribunal Constitucional y que actúa sobre las directices de determinados intereses políticos", manifiestan.
En su web personal, Daniel Sirera asegura que esta resolución da vía libre para que TV3 ofrezca una información manipulada en los programas que configuran su parrilla. Sobre Empar Moliner, recuerda que en 2015 percibió una retribución de 66.500 euros por sus colaboraciones en la televisión pública catalana.
No es ni mucho menos la primera vez que el CAC se posiciona del lado de los intereses del independentismo catalán en sus decisiones. En la anterior legislatura, desestimó quejas como las interpuestas por Ciudadanos contra los programas La tribu (Catalunya Radio) y La segunda hora (RAC1) por comparar a Albert Rivera con Franco. En otra resolución, concluyó que la expresión “cerebros enfermos” no tenía ‘animus injuriandi’ cuando fue pronunciada por el tertuliano Miguel Sellarès –simpatizante de CiU- para referirse a los miembros del PP y Ciudadanos.
Los consejeros Daniel Sirera (PP), Carme Figueras (PSOE) y Eva Parera (Unión) han emitido un voto particular contra esta decisión
Pese a que se encuentran fuera de su ámbito de decisión, el Consejo ha reprobado durante los últimos años determinados contenidos retransmitidos en canales como Telemadrid, 13TV o Intereconomía en los que se comparaba al nacionalismo catalán con el de los totalitarismos de Alemania o Italia del siglo XX.
A la hora de tomar decisiones sobre el panorama audiovisual catalán, también ha protegido siempre a las compañías de comunicación con una línea amable con la Generalitat. Sin ir más lejos, de los 22 permisos de emisión que repartió en septiembre de 2014, 9 fueron a parar al acomodadizo Grupo Godó, mientras que 6 al Grupo Flaix, dirigido por Miguel Calçada, un periodista y empresario que fue nombrado en 2012 por el Govern como organizador de los actos del Tricentenario que conmemora los sucesos históricos de 1714.
En los últimos tiempos, este órgano ha estado dividido en dos frentes: por un lado, el conformado por los consejeros nombrados por PP, PSOE y Unión (esta última, en esta trinchera desde que su partido se separara de Convergencia); y, por otro, el constituido por los miembros elegidos por CDC y ERC. El voto de calidad de su presidente ha servido para romper los distintos empates a votos que se han producido en los Plenos. Y en la mayoría de los casos se ha posicionado del lado del 'bando nacionalista'.
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