El Consejo Audiovisual de Cataluña ha estado presidido durante los últimos meses por Xevi Xirgo, el hagiógrafo de Carles Puigdemont. Este organismo ha publicado recientemente un informe dedicado al ‘pluralismo y la diversidad’ en el que aprovecha para evaluar a los principales medios de comunicación de esa región en función de la promoción que realizan de la cultura catalana.
Todo ello, dentro de una comunidad en las que, por ejemplo, los licenciatarios de radio tienen la obligación de emitir un porcentaje de canciones en catalán; y en la que la Generalitat reparte cientos de subvenciones anuales a las publicaciones editadas en ese idioma.
Esto último genera un efecto evidente en el mercado de los medios de comunicación, y es que las empresas que perciben estas ayudas obtienen una ventaja competitiva sobre las que editan en lengua española.
Estas ayudas se difunden periódicamente en el Boletín Oficial de la Generalitat y también llegan a empresas de comunidades autónomas colindantes, como Baleares o Valencia. Estas acciones y otras –como la de destinar cientos de millones al año a TV3- han ayudado a que los objetivos que persiguen los partidos nacionalistas e independentistas en materias como la del catalanismo y el pancatalanismo encuentren un mayor espacio en el panorama mediático catalán.
La "cultura catalana"
El citado documento del CAC realiza un singular apartado dedicado a la difusión de la “cultura catalana” en las empresas audiovisuales públicas y privadas de la comunidad autónoma. Lo ha hecho en un momento en el que Xirgo reclama más competencias para la autoridad que encabeza para poder 'controlar' los contenidos de los influenciadores en internet, de modo que Cataluña pueda ejercerlas “sin complejos”.
Eso sí, sin especificar si el organismo –al igual que hizo con las plataformas de contenidos bajo demanda, como Disney+- ahondará en la difusión del idioma dentro de estos canales en YouTube o en Twitch.
Como era de prever, la televisión que más contenidos relacionadas con la ‘cultura catalana’ difundió en el primer cuatrimestre de 2023 fue TV3. La cadena pública –cuyos responsables son designados con la Generalitat- dedicó un 16,7% a la programación cultural y, de ese porcentaje, el 86,1% a la relacionada con esa región. El análisis es tan específico que incluso incide en que el 80% de esos contenidos fueron en idioma catalán.
Llama la atención porque el CAC ha señalado a la principal radio del conde de Godó –la más escuchada en Cataluña- por ser la que menos espacio otorga a estos contenidos. "TV3 es el medio que incluye mayor presencia de cultura catalana (86,1%), mientras que RAC1 incluye la proporción más baja (48,1%)", expresa.
En RTVE Cataluña ese porcentaje es del 62,3%, en Catalunya Ràdio, del 54,7%, mientras que en betevé, del 51,2%. Cabe recordar, en este sentido, que unos meses después de la investidura de Pedro Sánchez, la entonces administradora única provisional de la televisión pública, Rosa María Mateo, anunció la puesta en marcha de un plan para incrementar el peso del catalán en los canales de ‘la pública’ en esa región, dentro de la política que seguía entonces el Ejecutivo para tratar de ganarse el apoyo de ERC.
El 'acecho' a las plataformas
Precisamente, este partido ejerció fuertes presiones en los meses previos a la aprobación de la Ley General Audiovisual para intentar que plataformas como Netflix, Amazon o HBO estuvieran obligadas a incluir dentro de sus catálogos contenidos en catalán, bien fueran originales, doblados o subtitulados.
Este informe del CAC es meramente cuantitativo. Ahora bien, en el pasado –especialmente durante el mandato de Roger Loppacher como presidente- realizó diferentes acciones más evidentes para defender los intereses de la Generalitat.
La más comentada de los últimos años fue la que le llevó a exculpar a la periodista Mónica Terribas después de haber hecho un llamamiento desde los micrófonos de la radio pública catalana (Catalunya Ràdio) para que los ciudadanos ayudaran a delatar la posición de los guardias civiles que durante los últimos días de septiembre de 2017 trabajaban para intentar evitar la celebración del referéndum ilegal del 1-O.
Unos años antes, Loppacher amenazó a Cadena SER, Onda Cero y COPE con iniciar un expediente sancionador por negarse a emitir las cuñas publicitarias de la consulta de noviembre de 2014, también declarada ilegal.
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