Radiotelevisión Española ha dado de plazo hasta el 10 de enero a varios de sus antiguos y actuales directivos para que presenten alegaciones al contenido del último informe de la Intervención General de la Administración del Estado, en el que se señalan presuntas irregularidades relacionadas con sus gastos de representación durante la última etapa de José Manuel Pérez Tornero en la presidencia.
El caso -revelado por el Huffington Post- ha generado un nuevo cisma en el alto mando de la corporación. Entre los detractores de Pérez Tornero en el Consejo de Administración se lamenta la excesiva permisividad que mostró con su equipo a la hora de 'gastar' y consideran lógico que sus directivos devuelvan cualquier cantidad que se haya utilizado de forma irregular.
Oficialmente, RTVE se niega a hacer comentarios con respecto a esta polémica.
Algunos de los señalados se defienden y aseguran que se han vulnerado sus derechos a la hora de tramitar este asunto. En conversación con este periódico, incluso hablan de la posibilidad de denunciar a la corporación por la filtración sesgada del citado informe de la IGAE, que -sospechan- se originó en la cúpula de RTVE con el objetivo de hacer dimitir de sus puestos a algunos miembros de la alta dirección que Elena Sánchez no quiere en su equipo, pero a los que no puede cesar al no contar con la mayoría suficiente en el Consejo de Administración.
Gastos de representación
¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? La Intervención plasmó en su último informe anual algunas presuntas irregularidades relacionadas con los gastos de representación de directivos, entre los que se encontraban billetes de tren de alta velocidad entre los distintos centros de producción -alguno, en la ciudad de residencia del directivo en cuestión- y comidas en distintos restaurantes.
Los varios acusados niegan que existieran tarjetas de crédito de la empresa para abonar estos gastos -como ha apuntado un medio de comunicación-, sino que ellos enviaban las facturas a RTVE y allí se tramitaban y se abonaban. Las cantidades -que sufragaban en un primer momento ellos- se les abonaban junto a la nómina del mes siguiente, explican.
¿Se aplicó una política de mano abierta en esa etapa? Entre los contrarios a Pérez Tornero inciden en que hubo desplazamientos entre ciudades que son difíciles de justificar, en cuanto a que la labor de la alta dirección tiene lugar en Madrid. Los señalados explican que, en el supuesto de existir alguna irregularidad (que niegan), debería haberse comunicado en el momento en el que reclamaron el cobro de esos gastos.
Su discrepancia con la empresa radica en que aceptara las acusaciones de la IGAE, en un primer momento, y presentara las alegaciones correspondientes -el procedimiento habitual- sin ni siquiera consultar a la parte afectada. Es decir, a ellos.
En este sentido, reconocen que RTVE les ha pedido el reembolso de esos gastos -con cantidades exactas-, pero que, a la vez, les ha dado la oportunidad de argumentar la razón por la que desembolsaron esas cantidades y el motivo por el cual consideran que actuaron de forma lícita. El plazo límite para responder es el 10 de enero.
Falso, temerario y calumnioso
El propio Pérez Tornero dirigió recientemente una carta al Consejo de Administración –a la que ha tenido acceso este periódico- en la que denuncia el carácter “falso, temerario y calumnioso” el tono de las acusaciones que ha recibido y comunica su intención de estudiar acciones legales al respecto.
Otro de los afectados -que prefiere no revelar su nombre- pone el foco sobre Elena Sánchez, quien no tiene la mayoría suficiente en el Consejo de Administración para designar a personal de su confianza para la alta dirección. Esto sucede porque uno de los vocales del PSOE, Ramón Colom, y el del PNV, Juan José Baños, se niegan a apoyar el cese de directivos, al considerar que la situación de provisionalidad de la presidenta no debería facultarle para ello, detallan fuentes del Consejo.
Por tanto -asevera el señalado-, la actuación de la empresa con el 'caso IGAE' lo que buscaba era poner en la picota a algunos de esos directivos, que fueron nombrados por Pérez Tornero y ejercen puestos de responsabilidad.
Uno de los consejeros enfrentado en su día a Pérez Tornero lamenta que se traten de justificar gastos irregulares y malas prácticas con 'conspiraciones políticas'. Y añade que sólo cabe felicitar a la inspección por haber detectado estas presuntas malas prácticas y corregirlas de inmediato.
Los sindicatos gastan...
Una fuente sindical afirma que la polémica relacionada con los 'gastos de representación' no es nueva, dado que también se ha levantado -con menor repercusión- en otras etapas. En este sentido, señala la mala praxis de algunos sindicatos para percibir dietas, algo que apreció especialmente durante la pandemia, cuando se convocaban reuniones de forma telemática y algunos participantes intervenían desde hoteles que no se encontraban en su ciudad para justificar sus desplazamientos.
Según los datos obtenidos a través del Portal de Transparencia, los sindicatos de RTVE gastaron en dietas 390.073 euros en 2020 y 2021, tanto en manutención como en locomoción y alojamiento.
La sección sindical que más gasto en dietas realizó fue UGT, con 137.382 euros, seguida de Sindicato Independiente, con 124.219 euros, Comisiones Obreras, con 104.124 euros, USO, con 22.798 euros y CGT, con 1.046.
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