El Tribunal Supremo ha propinado un nuevo golpe a Juan Luis Cebrián. Esta instancia judicial ha quitado la razón a la Audiencia Nacional y ha rechazado que las causas individuales que mantienen abiertas varias decenas de trabajadores de El País por su despido en 2012 representen un conflicto colectivo. Esto abre la puerta a que reciban una indemnización bastante mayor de la que Prisa les ofrece, lo que supondrá un desembolso para la compañía que puede ascender a cuatro millones de euros.
La decisión del Alto Tribunal supone un duro mazazo para esta empresa, puesto que le dejará sin su principal argumento para contrarrestar las demandas individuales que han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid diversos afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2012. Principalmente, porque el Supremo ha negado que estos pleitos formen parte de una acción colectiva de los trabajadores, puesto que se han interpuesto por separado y, por lo tanto, la justicia debe dictar sentencia sobre ellas de forma individual, han explicado a Vozpópuli fuentes del Comité de Empresa del periódico.
Un largo y complicado conflicto entre Cebrián y sus periodistas
El origen de este conflicto laboral se encuentra en noviembre de 2012, cuando el Grupo Prisa rompió las negociaciones con los representantes de los trabajadores de El País y despidió a 129 periodistas a través de un ERE. Rechazó así la propuesta del Comité de establecer un plan de bajas voluntarias y un programa de recorte de salarios con el que ambas partes pretendían reducir la partida de gasto en personal de un diario cuyas cuentas presentaban números rojos.
La decisión del Supremo deja a Prisa sin su argumento principal para recurrir las demandas de los trabajadores de 'El País'
Los sindicatos presentaron una demanda ante la Audiencia Nacional para rechazar esta medida unilateral, aunque la retiraron unas semanas después tras alcanzar un acuerdo con la empresa que establecía que los menores de 58 años serían despedidos con una indemnización de 38 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades. Para los que tenían más años, esa cantidad disminuía progresivamente hasta los 20 días por año.
Lo que no tuvieron en cuenta los responsables de Prisa a la hora de rubricar ese pacto es que, tiempo atrás, después de una huelga, firmaron con los trabajadores un pacto con rango de convenio que establecía unas indemnizaciones de 45 días por año. De ahí que una buena parte de los despedidos rechazara las condiciones del que Prisa y los sindicatos rubricaron tras el ERE y reclamara ante el Tribunal Superior de Justicia el cobro de la máxima compensación.
Prisa no aceptó las varias sentencias favorables a los despedidos que emitió este tribunal y las recurrió ante el Supremo. El problema al que se enfrenta a partir de este jueves es que no podrá alegar ante esta instancia jurídica que todas estas demandas forman parte de un conflicto colectivo, pues ese argumento ha quedado invalidado.
Una decisión que ata a Prisa de pies y manos
Desde el Comité de Empresa han asegurado que esta decisión del Alto Tribunal "ata de pies y manos a Prisa" y le condena a perder los múltiples litigios que mantiene con los despedidos en 2012. Calculan que esto supondrá un coste para la empresa de 4 millones de euros que, unido a lo que hasta ahora ha invertido en indemnizaciones, sumará una cantidad que será "bastante mayor" que la que hubiera tenido que desembolsar si hubiera firmado el pacto que le propusieron los sindicatos antes del ERE.
La gestión que Juan Luis Cebrián ha realizado en El País desde que tomara el timón de Prisa no ha servido para hacer remontar el vuelo a un periódico que padece una grave crisis desde hace más de una década. Sólo en 2014, tuvo un 11,1% menos de difusión, ingresó un 6,7% menos y logró una facturación por publicidad un 5,2% menor que el año anterior. Los trabajadores observan estos resultados con preocupación no descartan que se produzcan nuevos despidos a corto plazo si no se frena esta caída en picado.
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