Fue hace casi un lustro cuando trascendió que el empresario checo Daniel Kretinsky quería comprar -a Matthieu Pigasse- una participación minoritaria en el diario francés Le Monde. Los trabajadores del rotativo se opusieron a esta operación y escenificaron su preocupación por los intereses que habían movido a este magnate para invertir en su empresa. Surgió entonces un debate en la prensa europea acerca de lo expuestas que estaban estas empresas ante las maniobras de multimillonarios y fondos de inversión dentro del sector.
La UE ha publicado recientemente el borrador de la denominada 'Ley europea de libertad de los medios de comunicación', la cual tratará de incrementar la 'protección' del sector en el territorio comunitario a través del establecimiento de una serie de reglas comunes a todos los Estados.
La normativa -que todavía tiene un largo recorrido en las instituciones comunitarias, antes de su aprobación- surgirá en un momento histórico en el que la figura del editor de prensa se ha debilitado como consecuencia del deterioro del negocio, que se ha producido, entre otras cosas, como consecuencia del desgaste de los formatos tradicionales y de los cambios en el mercado publicitario. Esto último ha provocado que una parte de los anunciantes haya emigrado hacia las nuevas plataformas tecnológicas.
En este contexto, se ha producido la entrada de fondos de inversión internacionales en el accionariado de los grupos de comunicación. También el aterrizaje de compañías que poco o nada tienen que ver con el negocio mediático. En España, el Grupo Prisa ha tenido en los últimos años como socios significativos a Santander, Telefónica, Liberty, Amber Capital, Carlos Slim o Grupo Herradura Occidente. En algunos casos, como consecuencia de operaciones financieras que se plantearon para aliviar las urgencias económicas de la empresa.
Pluralismo y concentración de medios
El nuevo reglamento europeo prevé determinadas medidas para evitar los riesgos de que los medios de comunicación ofrezcan una cobertura "sesgada y parcial" de la actualidad como consecuencia de todo esto; o de las maniobras desestabilizadoras de Gobiernos y potencias extranjeras.
El texto considera "crucial" que los receptores de "los servicios de los medios de comunicación sepan con certeza quiénes son los propietarios y quiénes están detrás de los medios de comunicación para que puedan identificar y comprender los posibles conflictos de interés".
A su juicio, éste "es un requisito previo para formarse opiniones bien informadas y, por consiguiente, para participar activamente en una democracia". "Es necesario introducir requisitos de información comunes para todos los prestadores de servicios de medios de comunicación pertinentes en toda la Unión Europea", apunta.
Entre las medidas que propone el nuevo reglamento se encuentra la puesta en marcha de un "organismo consultivo independiente", a escala de la Unión Europea, que evalúe la fortaleza de los medios de comunicación de cada país y se pronuncie en todo lo que respecta al pluralismo de la prensa y los riesgos a los que se expone como consecuencia de los conflictos de interés o las operaciones de concentración.
Obligaciones comunes
A partir de la aprobación de la nueva 'ley europea', los prestadores de servicios de comunicación de todo el territorio comunitario deberán facilitar a sus lectores diversos datos sobre su estructura accionarial y los intereses directos e indirectos de sus propietarios.
También deberán demostrar que, en su día a día, garantizan "la libertad de los redactores para tomar decisiones editoriales individuales en el ejercicio de su actividad profesional"; y ser transparentes a la hora de reconocer los conflictos de intereses reales o potenciales que puedan surgir durante su labor informativa.
El documento incide en la necesidad de proteger la independencia de los medios de comunicación públicos, así como de que se eviten los repartos "arbitrarios" y "discriminatorios" de estas campañas.
Tal y como contó Vozpópuli, el nuevo reglamento pretende que, a partir de ahora, los gobiernos estatales y regionales, así como las empresas públicas y organismos estatales estén obligados a adjudicar la publicidad con criterios “transparentes, objetivos, proporcionados" y “mediante procedimientos abiertos”.
El documento reconoce que estas actividades públicas de promoción suponen una importante fuente de ingresos para determinados medios de comunicación, pero advierte de que, si su distribución es “opaca” o “sesgada”, este dinero público puede convertirse en una “poderosa herramienta para ejercer influencia o para capturar” a los medios de comunicación.
Hay que tener en cuenta que el Gobierno de España gastará 158 millones de euros en publicitarse en 2022, frente a los 123 de 2021 y los 66 de 2020. A esta cantidad hay que sumar la que reparten empresas públicas y Administraciones regionales y locales, sobre cuyo destino, salvo excepciones, no existe información pública detallada.
La normativa europea que se gesta estos días en las instituciones de la UE 'regulará' la libertad de prensa y será pionera. "Todavía no teníamos un mercado único de la información, necesitábamos reglas comunes", apuntó recientemente el comisario Thierry Breton.
