El director de este diario digital, Jesús Cacho, prestó declaración en la mañana del lunes 18 de mayo en el Juzgado de Instrucción nº 18 de Madrid en relación con las diligencias previas 1136/2015 abiertas como consecuencia de la querella interpuesta por el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, José Javier Polo Rodríguez, a resultas de los artículos por él publicados los días 21 de septiembre y 5 de noviembre de 2014 relativos al pleito que, con la Audiencia Provincial de Albacete por escenario, dirimen las dos ramas de la familia Gutiérrez-Maturana por el destino de la llamada “fortuna Larios”.
La querella de la Fiscalía por unos artículos en los que se critican actuaciones supuestamente irregulares de la Justicia es un hecho insólito en un sistema de libertades democráticas, si bien coinciden con el clima de enrarecimiento de algunas de esas libertades básicas, tal que la de emitir y recibir libremente información y opinión, marcado por la idea adelantada hace escasas fechas por el propio ministro de Justicia de sancionar a los medios que filtren información sobre sumarios judiciales en fase de instrucción.
En su breve declaración ante el titular del juzgado nº 18, y a preguntas del Ministerio Fiscal, Cacho defendió su trabajo como un artículo de opinión centrado en la actualidad de un asunto de relevancia social que ha merecido en los últimos años decenas de piezas informativas y opinativas relativas a la querella que enfrenta a las dos ramas de la familia Gutiérrez-Maturana.
El director de Vozpópuli aseguró que su crítica se basa en una serie de anomalías que aparentemente rodean el caso, la más llamativa de las cuales reside en el hecho de que una de las partes, la representada por el actual marqués de Paul, gane la práctica totalidad de los pleitos que emprende contra sus hermanastras, a pesar de contar con las dificultades teóricas en contra que representan tanto el testamento paterno como la mayoría de control de la holding Mazacruz, en manos de sus hermanastras.
Notorias anomalías en la Audiencia Provincial de Albacete
Cacho enfatizó que en ninguno de los artículos se identifica a juez alguno de la Audiencia Provincial de Albacete, ni siquiera al juzgado que dictó la sentencia objeto del litigio. Como ejemplo de las anomalías y vicios denunciados en el funcionamiento de esa Audiencia relató el caso de dos magistrados recusados por Bárbara y Cristina Gutiérrez-Maturana para juzgar el recurso de apelación a una sentencia por ellos dictada, circunstancia reconocida por los aludidos e igualmente asumida por el Ministerio Fiscal en su informe, pero que finalmente quedó en nada porque una Sala Especial del TSJ de Albacete dictaminó que ambos magistrados no necesitaban abstenerse y podían volver a dictar sentencia… sobre un asunto acerca del cual reconocían estar contaminados.
Al centrarse en la relación que, según las fuentes por él consultadas, supuestamente une a algún magistrado de esa Audiencia con una de las partes de la familia Gutiérrez-Maturana, Cacho aludió al hecho de que en la documentación aportada a esta causa por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Albacete, origen de la querella del Fiscal Jefe de Madrid, figure sorprendentemente copia de una sentencia que le fue notificada personalmente por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Albacete al Sr. Altuna, actual marqués de Paul, figurando en ella la fecha de notificación y el sello del procurador del marqués. Esta peculiaridad se repite en las otras dos sentencias aportadas por el supradicho, que en forma alguna podían estar al alcance del presidente del TSJ de Albacete.
Cacho enmarcó su crítica al funcionamiento de la Audiencia Provincial de Albacete en la línea editorial que distingue a este diario digital, volcada en la necesidad de regeneración de nuestra democracia, en general, y de la propia Justicia, en particular, como piedra angular de todo sistema democrático que se precie.
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