El 1 de enero de 2013, los grupos parlamentarios deberían haber iniciado las gestiones para sustituir a los cuatro consejeros de Radiotelevisión Española cuyo mandato acababa de expirar. Casi cuatro años después, estos directivos se mantienen en su puesto, ante la falta de consenso y de voluntad para sustituirlos por parte de los partidos con representación en el Congreso. Son Teresa Aranguren, Andrés Martín Velasco, Miguel Ángel Sacaluga y Rosario López Miralles. Algunos de ellos, cuentan con un marcado perfil político que es de sobra conocido en Torrespaña y Prado del Rey.
Su permanencia en este órgano se estima que será corta, dado que PSOE, Podemos y Ciudadanos ya han manifestado su voluntad para reformar la televisión pública, sumida desde hace varios años en una crisis económica y de audiencia que amenaza su viabilidad a medio plazo. Si se mantiene la normativa vigente -algo que está por ver-, sus sustitutos deberán ser respaldados por la mayoría absoluta del Parlamento. Y eso requiere un consenso entre los grupos que podría ser muy difícil de alcanzar.
Estos cuatro consejeros accedieron a su cargo en enero de 2007. Entonces, este puesto estaba mejor remunerado que el del presidente del Gobierno, dado que quien lo ostentaba percibía un mínimo de 110.000 euros anuales. En 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy promulgó un real decreto que eliminaba la dedicación exclusiva de los nueve miembros de este órgano y fijaba una dieta de 500 euros por la asistencia a cada reunión (se celebran aproximadamente 12 al año).
La norma impulsada ese año por el Ejecutivo del Partido Popular determinaba que, a partir de ese momento, bastaba con obtener el apoyo de 176 diputados para llegar al Consejo de RTVE, frente a los 2/3 que hacían falta hasta entonces. En teoría, esto se hizo para evitar que el órgano sufriera un bloqueo como el que tuvo a RTVE varios meses sin presidente tras la dimisión de Alberto Oliart. En la práctica, permitió al Gobierno entregar tres asientos a “afines” como Marisa Ciriza, Fernando Navarrete y José Manuel Peñalosa.
El mandato del presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, expira en 2018, aunque, en privado, ha manifestado su voluntad de abandonar el puesto en cuanto sea posible.
Desde entonces, el PP ha tenido mayoría absoluta en el Consejo, lo que ha permitido a sus dos presidentes -Leopoldo González-Echenique y José Antonio Sánchez- aprobar la práctica totalidad de los contratos y las decisiones que se han sometido a votación en este órgano. Dos de los consejeros en funciones, Andrés Martín Velasco y Rosario López Miralles, han contribuido a mantener este status quo con su disciplina de voto.
No se puede decir que los otros dos miembros con el mandato caducado sean considerados 'independientes' dentro de la corporación. Miguel Ángel Sacaluga fue propuesto por el PSOE y Teresa Aranguren, por Izquierda Unida; y, en este tiempo, han sido los más críticos con la gestión de González-Echenique y Sánchez.
Una casa en ruinas
En los próximos meses, se espera que los grupos parlamentarios inicien una ronda de negociaciones para reformar RTVE, algo que presumiblemente permitirá la entrada en el Consejo de Administración de candidatos propuestos por Podemos y Ciudadanos; y que podría conllevar el cambio del sistema de elección de los consejeros, con el que los partidos de la oposición no están de acuerdo.
Algunas comunidades autónomas, como Madrid, han impulsado reformas legales para que estos órganos no puedan ser dominados por 'delfines' políticos al servicio de los partidos. Eso sí, está por ver si en la práctica actúan con autonomía u observan de reojo el cuartel general de alguna formación política a la hora de tomar decisiones.
En el futuro próximo, también hay que tener en cuenta que el 31 de diciembre expirará el mandato-marco de RTVE. Es decir, el documento en el que se establecen las metas que tendrá que alcanzar la televisión pública durante la próxima década. Una vez se promulgue esta ley, los partidos tendrán que decidir si se mantiene el actual sistema de financiación -pese a sus carencias- o si se modifica para que la corporación pueda disponer de nuevas fuentes de ingresos. Como, por ejemplo, la venta de espacios publicitarios.
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