Pere Aragonès llegó a la presidencia de la Generalitat de Cataluña a finales de mayo de 2021. En esas fechas, designó como consejero de Economía a Jaume Giró, que apoyó la última candidatura de Joan Laporta a la presidencia del F.C. Barcelona y quien entre 2009 y 2019 ejerció de director general de la Fundación La Caixa. En ese tiempo, fue uno de los empresarios más importantes del panorama empresarial de esta comunidad autónoma. Entre otras cosas, por encabezar una organización que dispone de un amplio presupuesto en publicidad y patrocinios.
La Comisión Asesora de Publicidad Institucional de Cataluña depende del departamento de Giró y hace unas semanas publicó la memoria correspondiente a 2021. Uno de los datos más significativos de este documento es el recorte del 47% de los ingresos que recibió la edición impresa de La Vanguardia en campañas institucionales.
En concreto, el diario generalista de Godó obtuvo fondos de 1.444.141 euros en este concepto durante el pasado ejercicio, frente a los 2.648.987 de 2020. Su edición impresa también sufrió un tijeretazo, dado que su recaudación por publicidad institucional descendió desde los 1.303.554 hasta los 1.030.554 euros.
Esto último llama la atención si se tiene en cuenta que esta cabecera fue líder de audiencia digital en España (ComScore) durante una buena parte de ese año, por delante de rotativos como El País o El Mundo. Fuentes de Godó y del panorama político catalán coinciden en señalar en que este recorte tiene varias explicaciones. La más evidente –señalan- está relacionada con el traspaso de la competencia sobre la publicidad institucional desde ERC hasta Junts, lo que llevó a estos últimos a castigar a un diario que desde el punto de vista editorial se encuentra a una distancia significativa de los postulados de esta formación política en lo que respecta a la independencia.
Estos informantes también inciden en otro punto; y es que el propietario de La Vanguardia, Javier Godó, el conde, es patrono de la Fundación La Caixa. Es decir, la que comandó Giró hasta hace tres años. Su salida –recuerdan- se produjo después de que su relación con Isidro Fainé se desgastara de forma progresiva. Entonces, Godó era ya miembro de este patronato.
La relación entre La Vanguardia y el Gobierno regional se ha reconducido en 2022 y eso ha provocado una vuelta a la normalidad en lo que respecta a la publicidad institucional, lo que llama la atención, dado que no se ha producido ningún incremento relevante de su difusión. Este hecho vuelve a sembrar dudas sobre los criterios que utilizan las administraciones para repartir esta publicidad.
Castigo a Godó
Fuentes cercanas a Godó afirman que el citado recorte de 2021 causó sorpresa en la Dirección del grupo, pero tampoco lo consideraron como un peligro para la estabilidad del negocio, dado el peso de las campañas institucionales en la cifra de negocio de La Vanguardia no es muy elevado.
De hecho, la sociedad La Vanguardia Ediciones S.L. facturó un total de 68,1 millones de euros en 2021, según la información del Registro Mercantil a la que ha accedido este periódico a través de la plataforma Insight View.
No es la primera vez en los últimos años en los que un medio de comunicación catalán sufre un castigo de este tipo. De hecho, entre 2016 y 2018, El Periódico de Catalunya vio cómo sus ingresos en este concepto caían desde los 3.216.674 hasta los 1.001.185 euros como consecuencia del enfrentamiento entre algunos directivos del Grupo Zeta y ERC.
Estas diferencias se debían al rechazo frontal a la independencia por parte del rotativo y se recrudecieron después de que su exdirector, Enric Hernández, publicara una información, tras los atentados de Las Ramblas, que aseguraba que los servicios de inteligencia estadounidenses advirtieron al Ejecutivo de Carles Puigdemont del riesgo de atentado yihadista en Barcelona.
La tensión entre las partes llegó a ser tan elevada que ERC exigió a Antonio Asensio Mosbah el cambio de director de El Periódico para recomponer la relación entre las partes. Dentro del entorno del independentismo se llegó incluso a realizar una campaña para que administraciones y empresas suscritas a esta cabecera dejaran de adquirirla.
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