El primer pleito laboral al que se enfrenta Grupo Prisa ha quedado visto para sentencia para el próximo 10 de enero. El pasado miércoles, se celebró en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el juicio relativo a la demanda colectiva presentada por los despedidos en el área corporativa del grupo cotizado, un proceso que marcará los recursos presentados por los trabajadores otras divisiones del grupo que también han sido diezmadas en los últimos meses.
El juicio duró cuatro horas, un proceso que se celebró tras semanas de negociación paralela en la que se buscó un acuerdo extrajudicial que finalmente no fue posible, según aseguran fuentes del sector que explican que la compañía que preside Juan Luis Cebrián trató de dilatar al máximo la causa con el objetivo de que la sentencia no sea determinante en los inminentes juicios relativos a otras áreas del grupo donde el número de profesionales afectados es mucho mayor. La demanda colectiva del área corporativa ha sido presentada por una docena de los 26 empleados que fueron cesados.
Grupo Prisa, a través de Oscar Gómez Barbero, director de Organización, Recursos y Tecnología de la compañía, ofreció durante el acto de conciliación perceptivo al juicio hasta 38 días por año, con un tope de 42 mensualidades y un fijo lineal de 8.000 euros. Fuentes conocedoras de la negociación explican que el alto directivo, tras consultar con la cúpula de Prisa, dio marcha atrás y rebajó la oferta hasta 15 días de salario más 2.000 euros lineales.
La jueza que instruye el caso ha convocado a las partes el próximo 10 de enero, fecha en la que está prevista de a conocer una sentencia fundamental en el devenir de la regulación laboral emprendida por Prisa. Además de los trabajadores del área corporativa de Prisa, los de la firma de publicidad ‘Brand Solutions’, los del económico ‘Cinco Días’ y los de ‘El País’ han recurrido a la vía judicial con el objetivo de lograr la nulidad de los expedientes de regulación de empleo llevados a cabo en dichas empresas y que han supuesto el despido de unos 250 empleados.
Las demandas de estos colectivos se basa, entre otros aspectos, en el acuerdo de mínimos de junio de 2011 en el que la empresa se comprometió con los sindicatos a despedir con una base mínima de 45 días por año trabajado y que afectaría de manera global al grupo. Por ello, si la resolución judicial fuera favorable a los trabajadores corporativos, se abriría una brecha con la que los empleados que han sido despedidos en el resto de firmas tendrían más fácil reclamar.
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