Los medios de comunicación españoles pecan de opacidad a la hora de referirse a las políticas y prácticas que emplean "para garantizar su independencia y credibilidad editorial". Es la conclusión a la que ha llegado la Fundación Compromiso y Transparencia en un reciente informe en el que ha analizado 16 grupos y medios de comunicación, tanto cotizados como no cotizados. Su conclusión es que ninguno informa como sería exigible sobre estos aspectos, que resultan importantes para que el lector sepa si sus noticias podrían tener algún tipo de sesgo por razones políticas o empresariales.
El informe parte de la base de que las compañías editoras que conforman el denominado 'cuarto poder' tienen una importante influencia sobre la toma de decisiones, de ahí que existan una serie de aspectos sobre su actividad sobre los que deberían ser más transparentes, pese a que no estén obligadas por ley. Esto no debería "servir para justificar la extrema opacidad que muestran en todo lo que se refiere a sus políticas y prácticas para garantizar su independencia y credibilidad editorial", expone.
Sus autores establecen un baremo en el que los grupos de comunicación pueden obtener entre cero y 38 puntos, dependiendo de su grado de transparencia. Ninguno aprueba -24 puntos o más- y el que más puntuación obtiene es Atresmedia (18), seguido de Prisa (17), Mediaset (13), Vocento (12) y Unidad Editorial (ocho).
A continuación, se encuentran la editora de eldiario.es (cinco), el Grupo Heraldo-Henneo (cuatro), Grupo Imagina (dos), Grupo Zeta (dos), Grupo Godó (uno) y Grupo Joly (uno). No cumplen ninguna de las variables y, por lo tanto, obtienen 0 puntos, las editoras de El Español y El Confidencial, el Grupo COPE, Planeta, Editorial Prensa Ibérica, Segre, el Grupo Voz de Galicia, Hermes Comunicacions (El Punt Avui), Intereconomía y Promicsa-Diari de Tarragona.
Las carencias observadas
Para los autores del informe, sería recomendable que las empresas arrojaran más luz acerca de los titulares de sus acciones y sus vínculos con otras empresas, tanto cotizadas como no cotizadas. De este modo, sería posible observar con claridad los posibles conflictos de intereses que podrían existir entre sus accionistas.
El documento pone de manifiesto que la mayoría de los grupos no ofrezcan datos sobre las medidas de prevención existentes para evitar estas injerencias, que podrían derivar en un condicionamiento de la línea editorial. "Los editores prefieren confiar en su instinto, en la buena voluntad de sus accionistas o en el azar" ante estos riesgos, añade.
Para ejemplificar sobre este peligro, hace referencia al nombramiento de Javier Monzón como presidente no ejecutivo de Prisa, acaecido el pasado diciembre, es decir, tan sólo unos meses después de haber sido propuesto para desempeñar el mismo cargo en Openbank, la filial de banca online de Santander. "¿Cómo informarán los medios del Grupo Prisa" sobre esta entidad "a partir de ahora? El tiempo lo dirá, pero el riesgo de que se produzcan conflictos de intereses en la cobertura informativa" es "elevado", expone.
Unas páginas después de realizar esa afirmación, dentro de un artículo firmado por Javier Martín Cavanna, fundador y director de Compromiso y Transparencia, se define a Monzón como "el hombre de paja" de Ana Patricia Botín.
El informe también llama a hacer una reflexión sobre la posibilidad de adoptar medidas más eficaces para blindar la independencia y la credibilidad editorial de los medios. Entre las posibilidades que expone, en este sentido, se encuentra la de requerir mayorías cualificadas para tomar determinadas decisiones sobre estos temas; o la de constituir una fundación que ejerza de accionista mayoritario.
En este sentido, Martín Cavanna, en su artículo de opinión, se muestra crítico con la fundación que quería establecer Juan Luis Cebrián dentro del Grupo Prisa, la cual propuso pocas semanas antes de abandonar su puesto como presidente ejecutivo. A su juicio, lo que buscaba era que este órgano se convirtiera en una especie de consejo editorial, algo que va en contra del espíritu que este tipo de estructuras han adoptado en países como Reino Unido o Estados Unidos. Cavanna tampoco ve con buenos ojos que el exdirector de El País quisiera presidir la fundación y mantener su cuota de poder dentro de la editora de los Polanco.
Otras conclusiones
En su apartado de conclusiones, el informe considera que todos los medios de comunicación deberían desarrollar o adoptar un código deontológico o un estatuto de redacción y hacerlo público, de modo que los lectores puedan tener acceso a su contenido. Por otro lado, también cree urgente que los medios incrementen su transparencia a la hora de etiquetar el contenido patrocinado (branded content) que incluyen en sus ediciones, dado que es una práctica publicitaria cada vez más extendida.
El trabajo pone en valor la adhesión a la iniciativa internacional The Trust Project por parte de El Mundo y de El País. "Destacamos esta iniciativa porque (...) ahonda en cuestiones relacionadas con el proceso informativo, concretamente con la verificación de hechos y fuentes, el tratamiento de fuentes anónimas, el defensor del lector o la necesidad de separar la naturaleza de la actividad, diferenciando claramente la opinión de la información y los contenidos publicitarios". Ahora bien, reconoce que existe el riesgo de que quede como "un simple ejercicio de maquillaje".
