José Antonio Monago hipotecará el futuro de Canal Extremadura con los dos concursos públicos que resolverá antes de abandonar el Ejecutivo autonómico. Estos procedimientos tienen un presupuesto de 6,5 millones de euros y contemplan la realización hasta 2019 de diversos programas y contenidos informativos en esta televisión autonómica. Dado que el Partido Popular no gobernará esta comunidad autónoma la próxima legislatura -salvo sorpresa-, desde el PSOE y Podemos habían solicitado al todavía presidente que delegara la adjudicación al equipo que a partir de julio conformará la Junta. Pero la petición no ha sido aceptada, lo que reducirá considerablemente el margen de maniobra de los próximos gestores este medio de comunicación.
La resolución de la primera convocatoria se producirá de forma inminente, después de que este lunes se abriera el tercer y último sobre con las ofertas económicas de las cinco empresas participantes. El contrato obligará a la adjudicataria a proporcionar a esta televisión durante dos años –prorrogable en uno más- tres programas a la semana en horario de máxima audiencia, un magacín diario y un espacio de información del campo con periodicidad semanal. El presupuesto máximo de licitación es de 6,16 millones de euros, según figura en el pliego de bases de este procedimiento público, convocado a finales de febrero.
La principal favorita para ganarlo es la productora audiovisual Factoría Plural, que no ha presentado el presupuesto más barato, pero que obtuvo la mejor puntuación tras la apertura de los dos primeros sobres. Si consiguiera este contrato, la polémica estaría servida, pues, según fuentes del Consejo de Administración de la cadena, en esta compañía trabajan cargos afines al Partido Popular e Izquierda Unida, las dos formaciones políticas que propiciaron en 2011 el cambio de color del Ejecutivo de esta comunidad autónoma. En concreto, estos informantes denuncian que se encuentran a sueldo de esta empresa la mujer del secretario de Comunicación de Monago y uno de los hijos de Alejandro Nogales, diputado de Izquierda Unida.
La principal favorita para ganar el concurso es Factoría Plural, empresa en la que trabajan personas relacionadas con altos cargos de la Junta de Extremadura
Las relaciones personales entre Factoría Plural y el Gobierno autonómico hacen desconfiar sobre la neutralidad del concurso a las fuentes del Consejo consultadas por este periódico. “Resulta sospechoso que el presidente del Consejo de Administración (Joaquín Paredes, candidato de IU por Cáceres) se negara a que el máximo órgano de decisión de Canal Extremadura votara sobre la paralización de este proceso público hasta que se formara el nuevo Gobierno. Su excusa para no hacerlo fue que el Consejo no tiene competencias sobre esto, algo de lo que tenemos dudas más que serias”, explican.
Un concurso para externalizar los informativos
El otro concurso cuya resolución se prevé que se produzca antes de que Monago abandone el poder tiene que ver con uno de los temas que más ha escocido entre los trabajadores de la cadena durante los últimos años: la externalización de los informativos. En concreto, este procedimiento pretende otorgar a una empresa el servicio de coberturas informativas en la Comunidad de Madrid. En principio, durante los próximos dos años, aunque con la posibilidad de prorrogar la prestación hasta 2019. El presupuesto base de licitación para cuatro ejercicios es de 452.000 euros (113.000 euros al año).
Desde el PSOE de Extremadura, lamentan que Monago no haya desistido de adjudicar estos contratos, a pesar de que sus posibilidades para gobernar esta región durante la próxima legislatura sean muy escasas. Estos informantes critican la falta de ética de este barón del PP, pues con esta decisión comprometerá el futuro de la televisión autonómica para los próximos años y condicionará la gestión del nuevo equipo directivo del canal.
Los planes de este partido –según le ha trasladado al Comité de Empresa de Canal Extremadura- pasan por crear un Consejo de Informativos para controlar la independencia de los noticiarios de esta cadena, así como por establecer un concurso de méritos para la elección de su próximo director general. También prevé modificar su sistema de financiación, lo que seguramente obligará a modificar la Ley Audiovisual de esta comunidad autónoma.
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