Grupo Prisa someterá a votación en su próxima Junta General de Accionistas, que se celebrará el próximo 22 de junio, un suculento programa de gratificaciones para sus directivos que ha inflamado los ánimos de los trabajadores de una compañía que ha sufrido severos expedientes de regulación de empleo. El plan de Incentivos a Largo Plazo (ILP) previsto por Prisa entre 2013 y 2015 contempla un importe máximo a repartir de 28 millones de euros en el mejor de los supuestos de cumplimiento de los objetivos económicos marcados por la compañía cotizada para los próximos años. De dicho plan se beneficiarán la totalidad de los equipos directivos de las sociedades dependientes de la compañía cotizada, en torno al centenar de profesionales.
La coordinadora de comités de empresa de Prisa, en este sentido, ha acordado organizar movilizaciones conjuntas que empezarán con una concentración, el día de la Junta General frente a la Dirección del grupo para hacerles llegar sus reivindicaciones al persistir la compañía “en sus ataques a los intereses del personal con el único propósito de mantener sus escandalosas retribuciones: cerca de cien directivos tienen previsto repartirse 28 millones de euros en bonus, que se sumarán a sus ya abultados salarios”, indican fuentes de CCOO.
A la política de despidos masivos de 2011 y 2012 mediante expedientes de regulación de empleo (ERE) “formales o encubiertos”, se suman ahora nuevos despidos objetivos y una “estrategia de liquidación de convenios mediante la imposición de la no ultraactividad, lo que equivaldría a negar la negociación colectiva, utilizando dicha amenaza para imponer recortes de derechos y rebajas salariales”, aseguran las mismas fuentes sindicales. “Igualmente persiste la amenaza de nuevos ERE en otras empresas del Grupo en la senda del desmantelamiento iniciado en 2011 y que ponen en evidencia la falta de sensibilidad y la ausencia de un plan real de futuro por parte de la dirección del Grupo”, apostillan.
Los trabajadores denuncian que la empresa lleva a cabo una política de vulneración reiterada de derechos fundamentales como el de huelga y el de participación sindical. “El esquirolaje practicado recientemente en PrisaTV se suma a los realizados en otras empresas, alguno de ellos sancionado por la Inspección de Trabajo. La incoación de 29 expedientes sancionadores por intentar participar en una asamblea sindical convocada por el Comité de Empresa de Canal+ es un claro intento de amedrentamiento ante el ejercicio de un derecho fundamental”, sostienen.
Durante 2012, el grupo presido por Juan Luis Cebrián redujo su plantilla en mil profesionales, según se desgrana de los informes financieros remitidos por la compañía a la CNMV. Entre el 31 de diciembre de 2011 y el mismo día del último ejercicio, la plantilla media paso de 13.159 empleados a 12.191. De los 968 puestos eliminados, 642 correspondían a mujeres mientras que 326 eran de hombres. Según el citado informe, los gastos de personal ajustados de efectos extraordinarios en 2012 se redujeron en un 7,7%, es decir, en 45,68 millones de euros. Esta reducción tuvo lugar sobre todo en España, donde los gastos de personal se redujeron en 12,9% (49,75 millones de euros), mientras que los gastos de personal internacionales se incrementaron un 2% (4,07 millones de euros).
Retribuciones millonarias
Los dieciséis miembros del consejo de administración y los once altos directivos de Grupo Prisa ganaron más de 11 millones de euros en 2012, una cuantía que es prácticamente la mitad de lo que la cúpula se repartió un año antes. La política de ajustes paralela al desembarco de la banca y Telefónica en el accionariado, ha dejado al equipo comandado por Cebrián sin los suculentos bonos ni las gratificaciones variables que engordaban sus nóminas. De hecho, la tijera se ha notado de manera significativa en los emolumentos de su presidente ejecutivo. Cebrián sumó unas ganancias en 2012 de poco más de 2 millones de euros entre su retribución fija (más de 1,1 millones de euros), la parte correspondiente de su compromiso de permanencia de tres años (850.000 euros) y el abono de beneficios sociales (más de 48.000 euros). Un año antes se embolsó en torno a 13 millones de euros.
