La Constitución española reconoce a los periodistas el derecho de mantener en secreto la identidad de sus fuentes, lo que sirve para proteger a los confidentes que optan por revelar información sensible porque la consideran de interés. Sin embargo, este reconocimiento no ha sido desarrollado hasta el momento en una ley, lo que ha provocado situaciones indeseadas, en las que los informadores se han visto en el ojo del huracán, dentro de procesos judiciales.
Una de ellas se produjo a finales de 2018, cuando el juez del caso Cusarch ordenó requisar documentación, ordenadores y teléfonos móviles a periodistas de El Diario de Mallorca y de Europa Press por un supuesto delito de revelación de secretos.
Este tipo de actuaciones han sido frecuentes durante los últimos años; y han comprometido la seguridad de los periodistas y de sus confidentes, tanto cuando los profesionales de la información han sido investigados como cuando han acudido como testigos a un proceso judicial.
De ahí que las asociaciones profesionales de los medios de comunicación -la FAPE y el Foro de Organizaciones de Periodistas- emprendieran hace unos meses una ronda de contactos para tratar de impulsar una ley orgánica que regule el secreto profesional de los periodistas.
Fuentes de estas asociaciones han explicado a Vozpópuli que representantes del PSOE, PP, Unidas Podemos, PNV, Ciudadanos, EH Bildu, Coalición Canaria y Más País han expresado su apoyo a esta iniciativa, que determinará todas las situaciones en las que los trabajadores de los medios de comunicación tendrán derecho a proteger a sus fuentes; y fijará una serie de excepciones en las que la Justicia podría solicitar la ruptura del secreto entre el informador y su confidente.
El secreto profesional y los periodistas
Desde 1978, se han producido varios episodios en los que los periodistas y sus fuentes se han visto comprometidos por las indagaciones de determinados jueces. Ocurrió tras la filtración de la sentencia del 'caso Rumasa' en el Tribunal Constitucional; o con las pesquisas relacionadas con el confidente que ayudó a revelar el falso máster de Cristina Cifuentes o los papeles de Bárcenas.
La ministra de Administraciones Territoriales y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha trasladado a los representantes de los periodistas su voluntad de desarrollar este proyecto 'con rapidez'. De hecho, ha incidido en que los técnicos de su departamento ya han comenzado a valorar el contenido de esta nueva norma.
Hay que tener en cuenta que sobre el secreto profesional se ha producido abundante jurisprudencia durante los últimos 43 años, desde la promulgación del texto constitucional, detallan estos informantes, que confían en que el nuevo texto legal clarifique la situación actual y eleve el nivel de protección sobre los periodistas.
La cláusula de conciencia -otro derecho constitucional de los profesionales de la información- está regulada desde 1997 y cuenta con tan sólo tres artículos, en los que se reconoce a los periodistas la capacidad de negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio.
