Radiotelevisión Española contrató entre 2014 y 2015 varios servicios por los que abonó una cantidad superior al precio que figuraba en su licitación. Los responsables de la contabilidad de la corporación no justificaron el motivo de este sobrecoste, que afectó a siete contratos. Éste es sólo un ejemplo de las diversas irregularidades que ha detectado el Tribunal de Cuentas en el último informe de fiscalización que ha realizado sobre la actividad de la corporación, hecha pública este lunes.
En el documento, de 179 páginas, el organismo de control compendia decenas de malas prácticas cometidas por los responsables de la corporación, que en varios casos supusieron un perjuicio económico que ascendió a miles de euros. Así ocurrió con los tres contratos de ejecución de obras en la Casa de la Radio y la sede de la corporación en Salamanca. En todos los casos, las tareas finalizaron con un retraso de entre dos y siete meses, lo que facultaba a los responsables de RTVE a exigir una indemnización equivalente al 1% del importe del contrato por cada semana de retraso. Sin embargo, decidieron no ejecutar esta opción.
En su informe, el Tribunal de Cuentas se muestra especialmente crítico con los criterios de licitación que utiliza la corporación. Entre otras cosas, por la inclusión habitual de una “cláusula de buenas prácticas” que vulnera la libertad de acceso a los concursos y “supone una injustificada restricción a la competencia”. Esto supone un bajo nivel de concurrencia que, evidentemente, podría afectar a la calidad de los servicios que recibe la televisión pública.
La entidad fiscalizadora señala en el documento que los responsables de la televisión pública cometieron irregularidades a la hora de certificar que los aspirantes se encontraban al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. También incide en que TVE cuenta con un protocolo de apertura de los sobres que supone, en la práctica, “una merma del principio de transparencia”.
Por otra parte, varios de los contratos que sacó a concurso la corporación se fraccionaron sin que estuviera justificado, algo que no está permitido por la normativa vigente. "En ninguno de los respectivos expedientes de contratación licitados mediante su división en lotes (...) se acierta a comprender la decisión", manifiesta la entidad.
El problema del amianto
Entre los contratos más polémicos que ha analizado el órgano fiscalizador se encuentra el que rubricó la corporación en 2015 para eliminar el amianto de los estudios 1, 2 y 3 de Prado del Rey. Para adjudicar esta tarea, se tuvo exclusivamente en cuenta el “criterio de precio” de los ofertantes, sin valorar ninguna circunstancia técnica.
El resultado no pudo ser peor, puesto que los trabajos no dieron resultado y hubo que encargar de nuevo la tarea de eliminación de este mineral. En las alegaciones que ha presentado RTVE ante el Tribunal de Cuentas, precisa que sus servicios jurídicos estudian emprender medidas legales contra el adjudicatario, la empresa Assignia.
Especialmente polémico resulta el hecho de que, en una empresa pública que gasta anualmente 380 millones de euros para mantener a su plantilla, de 6.400 trabajadores (el doble de la suma de las de Atresmedia y Mediaset), se externalicen servicios sin que esté justificado, como ocurre en varios casos, desde el relativo a la organización de la gala de entrega de los Premios Goya 2014, hasta a la realización de diversas labores técnicas.
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