La radio pública catalana vuelve a estar en el centro de la polémica por su enconada defensa de los intereses del Gobierno autonómico. El Grupo de Periodistas Pi i Margall ha presentado este lunes una denuncia ante el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) después de que la presentadora del programa Catalunya Vespre (Catalunya Ràdio), Sílvia Cóppulo i Martínez, asegurara que el expresidente Artur Mas está siendo juzgado por ser el 129 presidente de la Generalitat y “por preguntar a la gente qué quería que fuera políticamente” esta comunidad autónoma.
Los denunciantes han criticado la manipulación que incluyen estos mensajes, toda vez que no aclaran que tanto Mas como las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau están siendo juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobedecer una orden del Tribunal Constitucional con respecto a la consulta del 9N.
En opinión de este grupo de periodistas, estas afirmaciones, pronunciadas el pasado 6 de febrero, vulneran “varios artículos” del Libro de Estilo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), así como las palabras de la presentadora en la que ponía en duda –de modo irónico- que la dictadura franquista hubiera llegado a su fin.
“Es absolutamente intolerable que desde la radio pública autonómica se tergiverse, mienta y confunda a la ciudadanía”, han lamentado.
Largo historial de denuncias
Durante los últimos meses, el CAC ha recibido varias quejas como consecuencia de las ‘líneas rojas’ que han vulnerado los periodistas y colaboradores de la radio-televisión pública catalana. Casi siempre, cuando se informa o se debate sobre la situación del proceso soberanista.
El caso que más relevancia adquirió fue el de la periodista Empar Moliner, que el pasado abril quemó un ejemplar de la Constitución española durante su intervención en el programa Les Matins, de TV3. Lejos de sancionar esta acción, la máxima autoridad audiovisual catalana la perdonó, en cuanto a que la consideró como “satírica” y “humorística”. El pasado noviembre, Moliner fue denunciada ante el mismo organismo por incitar a la rebelión de los ayuntamientos gobernados por Junts pel Sí, tras la detención de la alcaldesa de Berga.
Hace unas semanas, el propio Grupo de Periodistas Pi i Margall remitió una queja al CAC por la falta de control de TV3 sobre los mensajes que recibe de sus espectadores. Lo hizo después de que en pantalla apareciera un texto en el que se definía como “fascistas” a los votantes del PP y Ciudadanos.
En esta ocasión, esta colectividad de periodistas ha pedido al Consejo Audiovisual que tome medidas contra Sílvia Cóppulo i Martínez.
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