Los 100 días de gracia de José Manuel Pérez Tornero como presidente de Radiotelevisión Española se cumplieron a principios de julio y, sea o no casual, a partir de ahí han comenzado a sonar alto las críticas hacia su gestión. El asunto que ha generado más discrepancias es el relativo a la salida de Jesús Cintora de las mañanas de La 1, tanto por lo que implicó como por lo que podría conllevar.
La llegada de Las cosas claras a La 1 ya resultó conflictiva para la corporación. De hecho, los sindicatos UGT, USO y SI denunciaron la contratación de este programa ante la justicia ordinaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Tribunal de Cuentas al considerarla ilegal.
Lo hicieron porque el Mandato Marco de RTVE –la norma que determina su funcionamiento- impide la contratación de productoras para realizar los programas informativos de la casa. Estos sindicatos estimaron que Las cosas claras incumplía la ley y eso motivó las citadas acciones.
Unas semanas después, la CNMC definió este espacio como un ‘magacín’ y descartó que incurriera en ninguna ilegalidad.
El único gran sindicato de RTVE que no denunció estos hechos fue Comisiones Obreras, que es precisamente el que, tras la salida de Jesús Cintora de RTVE, ha pasado al ataque, tanto en lo que respecta al contrato que podría mantener José Miguel Contreras –dueño de Lacoproductora,responsable de Las cosas claras- con RTVE como por otros programas.
“Planteamos al Comité Intercentros “iniciar consultas jurídicas y, en su caso, las actuaciones legales pertinentes para que los programas La Hora de La 1, España Directo, Aquí la Tierra, Obrim Fil, Saber Vivir, Como Sapiens, la Información Deportiva externalizada de RNE y Las Cosas Claras sean realizados por RTVE como producción propia”, ha expresado el sindicato, que realizó una fuerte oposición en contra de la marcha de Cintora.
El programa de José Miguel Contreras
El propio periodista pudo optar por el agradecimiento y el silencio durante su último programa, pero no fue así, puesto que tanto él como algunos de sus colaboradores –como Antón Losada- sugirieron que su despido se debía a razones políticas.
Ante estas declaraciones, el sindicato USO pasó al ataque y criticó esas palabras: “Cintora ha dejado evidencia de su concepto de periodismo independiente insultando en antena a todo el Gobierno, al presidente de la Corporación, a todo su equipo directivo y a la mayoría de quienes formamos parte de la empresa”.
Y añadió: “Si Cintora fuera un periodista de los de verdad, se hubiera despedido con una carta abierta llena de datos, fechas, nombres, cifras y todo tipo de pruebas sobre el delito del que dice haber sido víctima. Acto seguido, tras abandonar el plató, tendría que haberse dirigido sin perder más tiempo a los juzgados para presentar una denuncia”.
Este periódico adelantó hace unas semanas que, pese a la esperada salida de Cintora, su productor había presentado un proyecto para mantenerse en la parrilla de La 1. La corporación todavía no ha hecho oficiales sus planes, pero todo parece indicar que Lacoproductora se hará cargo del programa -CCOO cifra en 35.000 euros el coste de cada edición-, que estará presentado por Ion Aramendi y que estará más centrado en el entretenimiento.
Sea como sea, todo esto evidencia que la decisión de Enric Hernández y Rosa María Mateo de contratar este magacín para sus mañanas ha generado una elevada conflictividad, pues cualquier decisión que se ha tomado al respecto ha generado la respuesta de algún grupo político, sindicato o consejero de la corporación.
Sin ir más lejos, desde el entorno de Podemos han trasladado en los últimos días que el cambio de presentador del programa no habría sido posible sin la opinión favorable de PSOE, PP y PNV. "Cuando les conviene sí que llegan a pactos", decía recientemente un colaborador del periódico La Última Hora, de Dina Bousselham.
Llama la atención porque el pacto para renovar el Consejo de Administración de RTVE fue firmado por los tres partidos citados anteriormente y por Unidas Podemos, los cuales designaron a los 10 vocales de este órgano sin tener en cuenta la puntuación que obtuvieron en el concurso público que se convocó en 2018 para presidir la corporación.
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