La historia de Televisión Española está salpicada por multitud de ejemplos de mala gestión. Figuran en su historial manchas difíciles de disimular y facturas imposibles de justificar. Una de las situaciones que mejor ayuda a comprender las leyes universales por las que se rige este servicio público ocurrió en verano de 1988, cuando Luis de Benito fue despedido como jefe del telediario. La entonces directora general de RTVE, Pilar Miró, le fulminó por negarse a dedicar 20 de los 30 minutos de un noticiario a una rueda de prensa de Felipe González. El diario El País, dirigido todavía por Juan Luis Cebrián, le dedicó al afectado un duro editorial en el que calificaba su destitución como una “anécdota”. Pocos meses antes de que esto sucediera, el semanario ‘El Independiente’ desveló que la televisión pública había pagado 115 millones de pesetas por la película ‘La Rusa’, dirigida por Mario Camus y basada en el libro homónimo escrito por Cebrián.
Este episodio retrata algunos de los principales males que ha sufrido Televisión Española durante las últimas décadas. Un medio de comunicación en el que las sombras del derroche y de la manipulación informativa han sido históricamente demasiado largas; y en el que quienes pregonan que quieren lo mejor para la casa –y empapelan sus paredes con hojas informativas cada semana- no parecen dispuestos a ceder ninguno de los privilegios de los que disfrutan para enderezar el rumbo de la corporación. Por cierto, unos privilegios que son imposibles de concebir en ninguna otra empresa periodística. O en cualquiera que aspire a ser competitiva.
No hay mejor ejemplo para ilustrar la nefasta gestión de la televisión pública que el Expediente de Regulación de Empleo de 2007, que se saldó con 4.150 despidos en la corporación y que el Tribunal de Cuentas auditó unos años después de su aprobación. En su informe, la entidad fiscalizadora reconoció haber detectado indicios de prevaricación en el ERE, puesto que cuatro de los miembros de su comisión negociadora estaban incluidos en esta medida laboral. O, lo que es lo mismo, no eran neutrales.
Tampoco fueron 'especialmente prudentes', dado que el Plan de Rentas que elaboró la Comisión incluía hasta 38 complementos de actividad y una doble subida salarial que provocará que, en 2020, quienes sigan bajo el paraguas de este despido colectivo cobrarán más que si continuaran en activo, dentro de la corporación. El coste total para las arcas públicas de esta medida será, entre 2007 y 2022, de 1.722 millones de euros. Su aprobación se hizo con la connivencia del Gobierno del PSOE y con la colaboración de los responsables de RTVE, entonces dirigida por Carmen Caffarel.
Problemas enquistados
El tópico de que los períodos de crisis impulsan grandes cambios no se cumple en la televisión pública española, que padece de un estatismo preocupante. Sufre los mismos problemas estructurales que hace una década y las mismas carencias, lo que le ha restado poco a poco competitividad y le ha convertido en una televisión de otra época. Demasiado funcionarial. Como un ministerio gobernado por la apatía. Para percatarse, basta con remitirse a su cobertura del atentado de Manchester.
La noche del suceso, una vez más, el Canal 24 Horas volvió a fallar, pues informó con cuentagotas de lo acaecido en el Manchester Arena y apenas si alteró su parrilla de programación, compuesta por contenidos enlatados y noticias del día anterior. Mientras las redes sociales bullían y los diarios digitales actualizaban sus portadas cada pocos minutos con nuevos datos, el canal de noticias de TVE estaba a otra cosa. En otra dimensión.
Lejos de reconocer lo que ya ha ocurrido en varias ocasiones, TVE difundió el miércoles un comunicado en el que defendía su cobertura, que, por cierto, incluyó la emisión de un telediario desde el lugar de la tragedia casi un día después de los hechos. La pregunta es: ¿Existía más necesidad de información en ese momento o en las horas posteriores al atentado?
El director de La 2, Juan Manuel Hidalgo, es un exdirigente del Sindicato Independiente de RTVE.
Terminaba dicho comunicado con la siguiente frase: “los datos de audiencia confirman la confianza de los espectadores en TVE en este tipo de coberturas”. Convendría especificar a cuáles se refiere el texto, dado que en varias de los acontecimientos de mayor relevancia de los últimos tiempos, la corporación se ha visto ampliamente superada por sus competidores.
El pasado domingo, ni emitió un programa especial sobre las primarias del PSOE en su principal canal (La 1), ni siquiera ofreció el discurso que pronunció Pedro Sánchez tras conocerse su victoria. Y en las últimas citas electorales, su audiencia ha estado a años luz de la registrada por La Sexta, como se demostró, por ejemplo, en los comicios del pasado 26 de julio, en los que la cadena de Atresmedia aventajó a La 1 en 4,6 puntos y en 525.000 espectadores.
La oposición parlamentaria y el Consejo de Informativos de TVE atribuyen la pérdida de influencia de la televisión pública al descrédito que sufren sus telediarios, acusados en reiteradas ocasiones de manipular las noticias para proteger los intereses del Ejecutivo. Desde luego, los hechos demuestran que la razón está de su parte, puesto que mientras sus editores omiten o esconden en la escaleta determinados casos de corrupción perjudiciales para el Partido Popular, presentan con una desmedida efusividad los datos macroeconómicos –falseando gráficas, incluso- más positivos.
Los partidos de izquierda y los sindicatos –muy fuertes en Torrespaña- se muestran especialmente furibundos a la hora de criticar estos hechos. Ahora bien, estos episodios se han producido en todas las épocas en mayor o menor medida. Así lo afirmaba El País en el editorial citado en el primer párrafo de este artículo. ”La lluvia existía mucho antes de que Luis de Benito encontrase mojado el patio de su casa: afirmar a estas alturas que los telediarios son gubernamentalistas no es descubrir la pólvora (…). Los informativos de la televisión pública siguen estando, como siempre, al servicio del que manda”.
Entonces, el Palacio de la Moncloa estaba ocupado por Felipe González y las críticas por parte de las formaciones progresistas sobre el sesgo de los telediarios no sonaban tan alto. Del mismo modo que ahora resuenan menos en Canal Sur que en TVE.
Pese a que los mensajes aperturistas que se lanzan desde Génova y Ferraz, la realidad es que ninguno de los partidos que ha gobernado España ha tenido la más mínima voluntad de despolitizar los medios de comunicación públicos. Ni siquiera ahora, tras la llegada al Congreso de la tan cacareada 'nueva política’, está claro que las fuerzas parlamentarias tengan una verdadera intención de nombrar consejeros y presidente independientes.
El exportavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Rodríguez, resumió muy bien en 2012, durante su intervención en ‘Salvados’, la concepción que los partidos han tenido sobre la televisión pública en España. "Fran Llorente ha sido el mayor manipulador después de María Antonia Iglesias. Cuando yo era portavoz, él presentaba La 2 Noticias. Cuando el PSOE pasa al Gobierno, él pasa a La 1, y ellos no ponen a nadie de los míos en La 2", afirmó.
Los míos, los tuyos. Los nuestros, los otros. Los amigos dentro, los enemigos fuera. Yo te doy y tú no me das. Una concepción que era válida en otra época, pero que debería estar desterrada en las Instituciones y empresas públicas de una empresa moderna.
Curiosamente, la determinación que han demostrado los políticos para llenar los despachos de ‘afines’ y destituir a periodistas 'del otro partido' no la han exhibido para ajustar la plantilla de RTVE a la realidad del sector. Lo cual no tendría que ser necesariamente dramático, por cierto. Actualmente, trabajan para la corporación casi 6.400 trabajadores, lo que equivale al doble de los que emplean la suma de Atresmedia y Mediaset. Sus retribuciones ascienden a más de 380 millones de euros. Es decir, a más de la tercera parte del presupuesto de la corporación.
El Ejecutivo no ha abordado este tema quizá por temor a una reacción sindical contundente que derive en una huelga como la que tuvo lugar hace casi unos años en Telemadrid, con fundido a negro del canal. Pero lo cierto es que la 'macro-estructura' de RTVE lastra su presente y dificulta hasta el extremo la configuración de la parrilla de programación de los canales y, por tanto, condiciona su audiencia.
La reforma de RTVE
El Parlamento deberá elaborar durante los próximos meses el Mandato Marco que determinará los objetivos que tendrá que cumplir la corporación para la próxima década. De su contenido dependerá que RTVE se quede anquilosada en el siglo XX o afronte, al fin, las exigencias del sector televisivo actual. Eso podría conllevar una reducción de plantilla para contratar nuevos perfiles o aminorar los costes laborales. Y, llegado al caso, se comprobará si la verdadera voluntad de los sindicatos es la de mejorar la situación de esta empresa pública o la de conservar sus privilegios. Porque no hay que olvidar, por ejemplo, que el director de La 2, Juan Manuel Hidalgo, era dirigente del Sindicato Independiente. Y no es, ni mucho menos, un caso aislado.
A partir de ahí, habrá que determinar si en RTVE se impone la meritocracia y se fomenta la carrera profesional o si mantiene su actual modelo, en el que las 'redacciones paralelas' y las contrataciones ideológicas de directivos son el pan nuestro de cada día.
Por supuesto, los partidos deberán dotarle de los recursos económicos suficientes para cumplir con el plan estratégico que se determine en el Mandato Marco. Aunque eso implique la apertura de nuevas fuentes de ingresos y pese a eso pueda llegar a colisionar con los intereses de las televisiones privadas, que, evidentemente, no quieren que RTVE vuelva a emitir anuncios, aunque sea sólo en una franja de su parrilla de programación.
A partir de ahí, habrá que determinar si en RTVE se impone la meritocracia y se fomenta la carrera profesional o si mantiene su actual modelo: el de las 'redacciones paralelas' y las contrataciones ideológicas
Televisión Española merecerá la pena como servicio público únicamente si es capaz de ejercer una función de 'cuarto poder'. Es decir, de testigo independiente de la realidad y denunciante neutral de las tropelías que cometan el resto de los poderes. Una televisión estatal imparcial y honesta es siempre un soplo de aire fresco para una democracia, puesto que respeta el interés público y no está supeditada a intereses políticos o empresariales.
En España, eso todavía no se ha conseguido, pero eso no significa que este modelo no exista. Con sus fallos y con sus aciertos, la BBC británica y la ARD alemana son instituciones sólidas que cumplen una función respetada (que no exenta de críticas).
Pero si las formaciones políticas españolas son incapaces de descolonizar RTVE y las televisiones y radios autonómicas, y de desmontar los chiringuitos que poseen en sus despachos y en sus redacciones, quizá habría que plantearse si cerrarlas. Porque tampoco es cuestión de que los ciudadanos paguen ad aeternum las acciones propagandísticas de los partidos.
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