No parece que haya muchos motivos para la esperanza entre los accionistas del Grupo Prisa. Al menos, por el momento. Un buen ejemplo de la situación que viven es el de Global Alconaba, la sociedad que hace unos meses adquirió el 7% de la compañía por 34 millones de euros tras alcanzar un acuerdo con Telefónica, la antigua propietaria de esas participaciones.
El valor actual de esas 50 millones de acciones de la compañía de los Polanco es de 14,5 millones de euros. Es decir, los inversores han dado la espalda a Prisa y eso ha generado pérdidas de casi 20 millones de euros a este nuevo socio.
La empresa está valorada actualmente en 210 millones de euros, que es bastante menos de lo que invirtió su presidente, Joseph Oughourlian -300 millones-, para obtener el 29,7% de las participaciones que ostenta Amber Capital. Actualmente, esas acciones tienen un precio de mercado de 63,8 millones.
Esta semana, los títulos de la dueña de El País y la Cadena SER se han depreciado el 9,2% y se han situado por debajo de la barrera psicológica de los 30 céntimos. Este viernes, cerraban la sesión con un valor de 0,29 euros.
En los últimos seis meses, su precio ha caído el 47% y desde la primera sesión bursátil del año, el 51,5%. La compañía de los Polanco salió a los mercados a mediados del año 2000 con un precio por acción de 3.460 pesetas. Es decir, de 20,8 euros. Quienes invirtieran entonces han perdido casi todo su dinero.
Su deuda financiera era el último día de septiembre de 915 millones de euros, es decir, el 10,9% mayor que el pasado diciembre. Sus adeudos son, por tanto, 4,3 veces superiores al valor del grupo.
Las alternativas financieras de Prisa
El pasado 28 de octubre, el grupo difundió un hecho relevante en el que reconoció que sus directivos analizan “distintas alternativas estratégicas con la finalidad de reducir la deuda financiera del Grupo Prisa y los costes financieros asociados con la misma”.
En otras palabras, su intención es tratar de hacer frente al incremento de los intereses financieros que se ha producido durante los últimos meses. Ahí está la principal urgencia del grupo porque, según figura en sus informes de cuentas, no tiene vencimientos en el corto plazo.
De hecho, del total de deuda de Prisa, un total de 240 millones vence en junio de 2026, mientras que 575 millones lo hacen en diciembre de ese año. Los otros 185 millones deberá abonarlos en junio de 2027.
Entre las opciones que se han sopesado en las últimas semanas se encuentra la de plantear una ampliación de capital o una emisión de bonos convertibles en participaciones. No obstante, el grupo no ha tomado de momento ninguna decisión al respecto, según explican fuentes de su accionariado.
Cualquier operación que implique la adquisición de más del 10% de los títulos de la compañía deberá ser autorizado por el Ejecutivo, dado que Moncloa ha decidido prorrogar el conocido como ‘escudo anti-opas', es decir, la norma que aprobó durante el primer estado de alarma para evitar el aterrizaje hostil de fondos de inversión internacionales en las empresas estratégicas españolas.
En este sentido, cabe recordar que, hace unos meses, el Gobierno negó a Vivendi la posibilidad de aumentar su participación por encima del 9,9%. La multinacional francesa remitió a Moncloa la solicitud, pero no obtuvo respuesta.
En la semana en la que se ha conocido la intención del Ejecutivo de mantener esta medida proteccionista, la acción de Prisa se ha depreciado el 9%.
Según los registros de la CNMV, Amber Capital es su principal accionista (29,7%), seguido de Vivendi (9,9%), Rucandio (7,6%), Global Alconaba (7%) y la catarí International Media Group (4,9%).
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