El despacho del presidente de Radiotelevisión Española cambiará de inquilino próximamente, aunque aún se desconoce cuándo y de qué forma se completará esta transición. Los partidos políticos deberán negociar la nueva estructura orgánica de la televisión pública y alcanzar un consenso para elegir a la persona que liderará el proyecto. La oposición tiene claro que esta reforma debe completarse por la vía rápida, aunque el PSOE y Ciudadanos disienten sobre el método de elección de los nuevos consejeros, lo que podría ralentizar el proceso. Ambos partidos sospechan que el PP intentará retrasar la renovación para mantener a José Antonio Sánchez en su cargo lo máximo que sea posible, de ahí la importancia de que alcancen un acuerdo.
Las fuentes parlamentarias consultadas por este periódico precisan que mientras PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos quieren sustituir a todo el Consejo de Administración de la corporación, el Partido Popular vería con buenos ojos cambiar únicamente a los cuatro miembros con el mandato caducado: Rosario López Miralles, Teresa Aramburu, Miguel Ángel Sacaluga y Ángel Martín Velasco.
Eso implicaría mantener dentro de este órgano a su presidente, José Antonio Sánchez –nombrado en octubre de 2014- y a los cuatro miembros que fueron designados en 2012, cuyo mandato expirará en junio de 2018. Tres de ellos fueron propuestos por el PP (Fernando Navarrete, María Luisa Ciriza y José Manuel Peñalosa) y uno por la extinta CiU (Óscar Pierre).
Su confirmación se produjo por mayoría absoluta de la Cámara Baja, poco después de que el Ejecutivo eliminara mediante un Real Decreto -recurrido ante el Tribunal Constitucional- la norma que fijaba que los consejeros de RTVE sólo podían ser elegidos tras haber obtenido el respaldo de 2/3 del Congreso.
El pasado 28 de marzo, los partidos aprobaron por unanimidad una Proposición de Ley que apuesta por volver a la fórmula de los 2/3. El PSOE pretende que esta reforma legal esté lista en las próximas semanas para que, a partir de ahí, los partidos propongan y consensúen los nuevos miembros del Consejo y, evidentemente, el presidente.
La morfología del cambio
Podemos y Ciudadanos, por su parte, quieren que los representantes de la radio-televisión pública se elijan en un concurso público por su mérito y capacidad, "no en función de sus filiaciones políticas", lo que podría retrasar la renovación de la cúpula de la corporación por los mayores plazos que requeriría la convocatoria y resolución de un proceso de selección de esas características.
A este respecto, la formación naranja asegura lo siguiente: “Queremos que esa fórmula se aplique lo antes posible. Si el problema que se presenta es el tiempo, estamos dispuestos a trabajar en verano”. Sus fuentes oficiales añaden: “Queremos celeridad, no dilatar los cambios, pero no puede ser que las prisas nos lleven a hacer las cosas mal y a caer en los mismos errores que otros en el pasado reciente”.
El principal beneficiado de un posible retraso de la reforma de los órganos de gestión de RTVE sería el partido del Gobierno, dado que eso le permitiría mantener bajo su control la televisión pública en un momento complejo en el que el principal partido de la oposición, el PSOE, espera “despegar” tras la elección de Pedro Sánchez como secretario general, explican estos informantes.
“Queremos celeridad, no dilatar los cambios, pero no puede ser que las prisas nos lleven a hacer las cosas mal y a caer en los mismos errores que otros en el pasado reciente”, manifiesta Ciudadanos.
A su juicio, esta situación sería similar a la que se vivió en Telemadrid mientras se reformaba la ley autonómica de la radio-televisión pública y se resolvía el concurso público para designar a su director general, José Pablo López. Este proceso se demoró durante casi dos años, lo que permitió a los populares mantener de su lado al Consejo de la cadena durante las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 y las del 26 de junio de 2016.
En el caso de que el órgano de gobierno de la televisión pública se renueve en su totalidad, los partidos deberán consensuar cuáles de sus miembros –la mitad- abandonarán el órgano dentro de tres años, tal y como obliga la ley (artículo 12.3). A partir de ahí, tendrán que trabajar en el nuevo mandato marco, es decir, en la ley que marcará el rumbo que deberá seguir la corporación en los próximos nueve años. También en el contrato-programa, que determinará el presupuesto que deberá recibir para cumplir el servicio público que tiene asignado.
Parece claro que se avecinan cambios en profundidad en la corporación que requieren del consenso de los partidos políticos. Ahora bien, de momento, las posturas son distantes en algunos temas fundamentales.
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