Por fin se ha conocido la esperada decisión de Tribunal Supremo sobre el reparto de canales de TDT en España. En un auto hecho público este miércoles, el Alto Tribunal desestima un recurso de la patronal de las televisiones, Uteca, que pedía que el Gobierno no acometiera cambios en el espacio radioléctrico. Los jueces sí estiman parcialmente los argumentos de Infraestructuras y Gestión 2002, la empresa que denunció las irregularidades en el reparto de licencias que acometió en 2010 el Gobierno de Zapatero. Con esta decisión del Supremo, el Gabinete del PP queda obligado a eliminar cuanto antes nueve frecuencias.
El pasado marzo el Ejecutivo anunció que ejecutaría una sentencia del Supremo de 2012 en la que ya se había dado la razón a Infraestructuras y Gestión 2002. Tras ese anuncio del Gobierno, ambas partes recurrieron al Supremo. Como adelantó Vozpópuli, la decisión final del tribunal se conocería antes de que acabase el año. Y esa decisión ya está aquí. Como quedó estipulado por el Supremo ya en 2012, deben desaparecer nueve canales: Atresmedia perderá tres, Mediaset España dos, los mismos que Net TV y Unidad Editorial. Un verdadero terremoto para el sector audiovisual. Ahora, los grandes grupos de comunicación como Atresmedia y Mediaset esperan el próximo movimiento del Ejecutivo.
Cuando el Gobierno aprobó por sorpresa en un Consejo de Ministros la ejecución de la sentencia, ligó su cumplimiento al proceso abierto del 'dividendo digital', por el que se van a mudar algunos canales de televisión de frecuencia para dejar espacio libre a la llegada de la telefonía 4G de última generación. Es decir, quitar licencias para que los usuarios dispongan de una mayor velocidad de navegación. Como por el momento no se ha ejecutado la sentencia de diciembre de 2012, las televisiones están bloqueando esa tecnología.
"Amenaza"
El propio ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró en noviembre que la sentencia del Supremo implicará liberar nueve canales de televisión. Un extremo en el que lógicamente no están de acuerdo las cadenas privadas, que respondieron al ministro con un comunicado en el que avisaban de que "no existen razones técnicas para la reducción de la oferta de canales" y "las alusiones a su merma son una clara amenaza para la actual pluralidad". Días después, en unas jornadas organizadas precisamente por Uteca, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aludió a la necesidad de diálogo para llegar a un acuerdo con las televisiones.
En paralelo a esas declaraciones, se han desarrollado arduas negociaciones entre el Ejecutivo y la patronal. De momento, no se conocen las conclusiones de esas conversaciones Pero el choque de intereses es evidente: el Gobierno está ahora mismo obligado a eliminar canales y además necesita desbloquear el espacio para el 'dividendo digital', mientras los grupos de comunicación consideran que no deben eliminarse licencias. El entuerto quedará resuelto en los próximos días.
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