La estrategia es tan clara como cruel: a quien resulta molesto, se le arrincona con buenas palabras. O sin ninguna explicación. Se trata de provocar su muerte laboral de forma suave, sin estridencias; con la delicadeza de quien quiere 'aniquilar' sin dejar sangre. Es la negación del profesional porque no muestra fervor por la causa. Y esto es algo muy habitual en los medios públicos, donde los periodistas suben en ascensor o son defenestrados con total naturalidad por razones ideológicas. Las venganzas se engrasan con dinero público y afectan a trabajadores como Santiago Torres, que ha sido el primer efectivo de la historia de TV3 en invocar la cláusula de conciencia.
Fuentes conocedoras del caso fijan el inicio del problema en 2017, es decir, pocos meses después de que el Gobierno de Carles Puigdemont impulsara a David Bassa como jefe de los informativos de TV3. No era un momento cualquiera de la historia de la comunidad autónoma, pues la Generalitat ya planeaba los sucesos acaecidos en otoño de ese año. De ahí que se eligiera un perfil concreto para sostener el gran altavoz independentista: la televisión pública.
¿Cuál era ese perfil? El de un periodista que había ejercido de número 2 de Mónica Terribas en Catalunya Ràdio. Era el hombre de confianza de una locutora que llegó a hacer un llamamiento a los ciudadanos para que delataran la posición de los guardias civiles que tenían encomendada la tarea de desactivar el referéndum soberanista del 1 de octubre. Quizás nos hemos acostumbrado a que los medios de comunicación que se sostienen con fondos públicos ejerzan de órganos de propaganda del Gobierno de turno, pero cualquiera que se pare a reflexionar sobre estos hechos los debería considerar como escandalosos.
El 'jefe' de TV3 y Terra Lliure
Bassa tenía un currículum interesante. Entre otras cosas, fue el director del documental Terra Lliure, punt final, que mereció en 2007 una reprimenda del Consejo Audiovisual de Cataluña por definir como “activistas” a los terroristas de este grupo o como “acciones armadas” a los atentados. De las 31 personas que participaron en la obra, sólo 1 era familiar de una de sus víctimas. Y sobra decir que la mayoría de los testimonios eran favorables de la lucha armada. Pues bien, el autor de este reportaje ha estado al frente de los noticiarios de TV3 durante los últimos años.
Poco después de ser designado para la tarea, Santiago Torres comenzó a preparar el documental Setge al referèndum (Cerco al referéndum). Primero, fue censurado y, posteriormente, apartado de la tarea. “El actual jefe de informativos, David Bassa, me convocó a varias reuniones previas al inicio del rodaje para marcar las directrices y asegurarse de que los contactos con los políticos se hacían sólo a través de él -hecho inaudito en toda mi carrera periodística-”, expresa, en una carta dirigida a Núria Llorach -presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales- y a Vicent Sanchís, director de TV3, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Cabe añadir que a Torres ya le habían tomado la matrícula, pues unos meses antes había realizado un reportaje (Referèndum impossible) que había sido criticado por el independentismo. Pero el anterior director de TV3, Jaume Peral, salió entonces en defensa del periodista y le puso como ejemplo de la neutralidad de la televisión autonómica catalana.
A Torres lo mataron suavemente porque le degradaron con excusas baratas, nunca con la verdad. Su último destino es la redacción del canal 324, donde le han encargado una labor de 'corta y pega' de piezas informativas, la propia de los periodistas con menos experiencia y cualificación. Durante su trayectoria, recibió varios premios, pero dejó de ser útil por discrepar. El independentismo no hace prisioneros.
Cláusula de conciencia
En esas condiciones, ha recurrido a los tribunales para invocar su cláusula de conciencia. Es decir, para tratar de obtener el despido improcedente por las diferencias de criterio que le separan de la actual Dirección de su medio de comunicación, que le ha denigrado como profesional.
Son cientos de millones de euros los que ha invertido la Generalitat en este medio de comunicación durante las últimas tres décadas a sabiendas de su importancia para inocular en la población el germen del secesionismo. Quienes desde la trinchera ideológica dan lecciones de democracia al resto del Estado, no se ruborizan al ascender o ejecutar a quienes les interesa dentro de una televisión que sufragan todos los catalanes.
El propio Quim Torra describe este fenómeno en sus memorias con total naturalidad: “Toda lucha es pequeña y mezquina en comparación con el gran combate que libran los partidos para colocar a sus hombres y mujeres de confianza a puestos directivos los medios públicos. Presidentes, directores, responsables de los informativos, ¡incluso presentadores! 'Si yo desempeño esta posición, el otro no'”.
Cualquier organismo de la biosfera está condenado a la muerte cuando arrastra una grave enfermedad que genera los primeros síntomas cuando ya no tiene remedio. En Cataluña, se han normalizado hechos como que la Generalitat destine una parte de su presupuesto a extender la huella del independentismo en Baleares o la Comunidad Valenciana. O a sufragar entidades que contribuyen a hacer irrespirable el ambiente en municipios estratégicos. O a mantener una televisión donde se conceden 220 minutos mensuales a Pilar Rahola para que sermonee a los espectadores sin poder ser replicada por ningún otro contertulio. O donde se puede quemar un ejemplar de la Constitución española en directo sin sufrir ninguna consecuencia profesional.
El apelativo de 'la nuestra' con el que se conoció a TV3 durante sus primeros años de vida es hoy más cierto que nunca. Pero el 'nuestra' no significa que la televisión sea patrimonio de todos los catalanes, sino de unos pocos. Es la cosa nostra. La del secesionismo destructivo. Ahora, Santiago Torres ya sabe cómo se las gastan esos muchachos cuando alguien se interpone en sus planes.
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