El holding de medios de comunicación más poderoso de España desde la Transición, Prisa, vive desde hace un tiempo condicionado por una guerra interna cuya evolución es todavía imprevisible. El conflicto fue iniciado por un grupo de accionistas que pretende que Juan Luis Cebrián deje la presidencia para evitar que la compañía siga recorriendo su particular camino hacia el abismo. El último episodio de esta batalla se vivirá este miércoles en una reunión del Consejo de Administración en la que los opositores pedirán la dimisión de Cebrián si no acepta su plan para nombrar a un sustituto. A su conclusión, se celebrará una Junta Extraordinaria de Accionistas en la que se sentarán las bases del enésimo rescate financiero de la dueña de El País, As y la Cadena SER.
Durante las últimas semanas, Madrid ha sido un hervidero de rumores sobre el futuro de Prisa. Los planes para cambiar a su presidente han surgido con la misma facilidad con la que se han caído. El mes pasado, Banco Santander -con la complicidad de Caixabank y Telefónica- propuso a Javier Monzón hacerse cargo de la compañía, aunque el expresidente de Indra retiró candidatura pocos minutos antes de la hora a la que estaba previsto que se votara en el Consejo de Administración debido a las reticencias que generaba entre algunos accionistas. Hace unos días, surgió el nombre de Cristina Garmendia como posible sustituta. Y, hasta este lunes por la noche, era Jaime Carvajal -banco Arcano- el principal favorito.
La opción que ha negociado este martes una parte del Consejo pasa por situar a Manuel Polanco como presidente y otorgar a Cebrián la presidencia de honor de El País, con voz y voto sobre su línea editorial. La idea es que el propio Cebrián anuncie a la Junta de Accionistas su propósito de abandonar el grupo antes del final de año, cuando se espera que se hayan resuelto las graves urgencias financieras que tiene Prisa.
A este cambio en la cúspide del holding le seguiría una renovación de su Consejo de Administración, donde se han producido importantes fricciones desde 2016. Esta opción contaría con el plácet de Moncloa, donde se ha observado con una especial atención el conflicto de Prisa.
Sobre las probabilidades de éxito de este plan existen este martes por la noche opiniones encontradas. La línea más oficialista asegura que es probable que tenga éxito, mientras que los críticos con Cebrián porfían de su presidente y de los ases que puede guardar bajo la manga.
Una Asamblea crucial
Sea como fuere, los socios deberán pronunciarse en la Asamblea sobre una propuesta de ampliación de capital de 450 millones de euros que servirá para poder afrontar algo más de la mitad del vencimiento de 965 millones de deuda que tendrá lugar dentro de un año. En cuanto los socios concedan luz verde a esta operación, se iniciará formalmente la negociación con los interesados. Siempre, con la premisa de que algunos de los principales accionistas del grupo han amenazado con no apoyar esta ampliación en el caso de que Cebrián se mantenga como presidente.
En la Junta, también se votará un segundo aumento de capital, por 100 millones de euros, que será "desembolsado íntegramente mediante la compensación de préstamos participativos", dentro de una operación que ayudará a la compañía a recuperar el equilibrio patrimonial del grupo, según ha informado Prisa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los socios también deberán pronunciarse acerca de la operación de venta de Media Capital –filial portuguesa de Prisa- a la 'telco' francesa Altice, cerrada el pasado verano por 440 millones de euros. A este respecto, cabe recordar que la autoridad de la competencia portuguesa deberá dar el visto bueno a este movimiento empresarial en las próximas semanas. En caso de que se pronuncie en contra, Prisa se verá obligada a renegociar sus términos.
En causa de disolución
El objetivo de estas medidas es equilibrar el balance del Grupo Prisa, una compañía que se encuentra oficialmente desde hace unas semanas en causa de disolución y que debe a los bancos alrededor de 1.500 millones de euros.
Para poder explicar debidamente su situación es necesario remontarse unos años atrás, antes de que arreciara la crisis económica. Los medios de comunicación vivían entonces por encima de sus posibilidades y sus ambiciosos gestores emprendieron proyectos empresariales que incrementaron ostensiblemente su nivel de deuda. En el caso de Prisa, fue especialmente costosa la OPA sobre Sogecable, que situó al grupo al borde de la quiebra.
De aquellos barros, estos lodos. Después de unos años con el agua al cuello, en 2013 la banca acreedora y Telefónica salieron al rescate de Prisa y participaron en la refinanciación de su deuda a sabiendas de que estaban condenados a perder una gran parte de su inversión. Como consecuencia de esa operación de salvamento, Telefónica se quedó con el 13% del grupo, Santander con el 4,1%, Caixabank con el 4,9% y HSBC, con el 9,5%.
No han sido pocos los que, desde entonces, la han emprendido contra El País por suavizar su nivel de crítica con el Ejecutivo de Mariano Rajoy y con las empresas del Ibex-35 que forman parte de su cuadro de socios.
Cuatro décadas después de su llegada al Grupo Prisa, Cebrián se encuentra más cuestionado que nunca.
Hace dos años, comenzó a crecer de forma imparable en su accionariado el fondo buitre Amber Capital, hasta el punto que, en julio de 2016, se convirtió en su socio principal, con el 19,2% de las participaciones. En aquel entonces, su presidente, Joseph Oughourlian, ya había iniciado una campaña para intentar arrebatar a Juan Luis Cebrián el poder en el grupo.
El último episodio de esa cruenta batalla se ha librado esta semana, cuando el aspirante a suceder al presidente de Prisa, Jaime Carvajal, se encontró con el rechazo inesperado de una parte de los accionistas del grupo (Santander, entre ellos), lo que puso en pie de guerra a los consejeros críticos con Cebrián, que este miércoles pedirán su dimisión si trata de torpedear sus planes para desahuciarle.
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