Prisa es un transatlántico en el que hay abiertas varias vías de agua. Pero, pese a las señales de alerta que advierten desde hace un tiempo de su inminente hundimiento, sigue a flote y mantiene su poder de intimidación. Eso explica las dificultades que han tenido los fondos buitre para entablar alianzas con las que derrocar a Juan Luis Cebrián y eso ayuda a comprender el porqué los accionistas institucionales del grupo han adoptado un perfil bajo desde que se inició esta batalla. Entre estos socios se encuentra Telefónica, con un 13% de las participaciones en su poder, de las que no tiene pensado desprenderse a corto plazo.
Desde que hace más de un año comenzaran las hostilidades entre Cebrián y los fondos buitre -capitaneados por Amber Capital, principal accionista del grupo-, ha sido mucho el ruido que se ha generado alrededor de esta guerra. En algunas ocasiones, ensordecedor.
Uno de los mensajes que más a menudo se ha lanzado desde las filas insurgentes es el relativo a su supuesta tenencia de la mayoría suficiente para provocar la caída del presidente de Prisa. Sin embargo, hasta el momento lo único que se ha consumado es la salida de José Luis Sainz como consejero delegado, un hecho con el que Cebrián quiso acallar las críticas de quienes exigían un cambio de rumbo de Prisa, según interpretaron fuentes cercanas al Consejo.
En los informes semestrales de resultados que difundió Telefónica hace unas semanas, su participación en Prisa figuraba dentro del grupo de “activos estratégicos disponibles para la venta”. No obstante, el presidente de la compañía de telecomunicaciones, José María Álvarez-Pallete, aseguró a mediados de junio que no estaba entre sus prioridades desprenderse de ese porcentaje accionarial. “No tenemos ambición de crecer más en esa participación. Lo tratamos como una participación financiera y estamos ahí para dar estabilidad en la medida en que se nos necesite. Pero no hay una intención, ni de aumentar, ni de hacer evolucionar esa participación hacia más”, destacó, en una entrevista concedida a 'El País'.
Telefónica, sujeto pasivo
Lo que está fuera de toda duda a estas alturas es que el estilo con el que Álvarez-Pallete gobierna Telefónica es muy distinto al de su predecesor, César Alierta.
Las diferencias entre ambos se han podido observar con claridad durante la 'guerra de Prisa', pues mientras Alierta -a título personal- adoptó una actitud proactiva y realizó algunos movimientos significativos para intentar que la compañía enderezara su rumbo -sin Cebrián de presidente ejecutivo-, Álvarez-Pallete optó por no involucrar a Telefónica en el conflicto. “Telefónica está para ayudar, para invertir, y no para otras cosas”, tituló El País la amplia entrevista, publicada el pasado 18 de junio. La última parte de la frase se interpretó como una declaración de intenciones con respecto a la estrategia a seguir en la compañía de los Polanco.
Pese a estas palabras, desde que Telefónica reconoció que su participación en Prisa es un “activo estratégico disponible para la venta”, han sido varios los rumores que han surgido acerca de una posible venta. Entre los interesados, se ha situado a Amber Capital y a Henneo, empresa editora de Heraldo de Aragón y propietaria de 20 Minutos y el diario digital Lainformación.com.
Las acciones de Telefónica están valorada en alrededor de 30 millones de euros y las de Santander y Caixabank, en aproximadamente 10 millones de euros, en cada caso.
Fuentes de los accionistas de Prisa no creen que esta operación vaya a producirse. Principalmente, porque la situación económica de la compañía presidida por Cebrián es muy delicada -con un vencimiento de deuda de más de 850 millones de euros que tendrá lugar en diciembre de 2018 y que no se sabe cómo podrá afrontar- y eso ni mucho menos sería beneficioso para quien realizara esta inversión.
La salida en Prisa tampoco es urgente para los accionistas institucionales, dado que su participación en el grupo apenas si representa una mínima parte de sus activos. Las acciones de Telefónica están valorada en alrededor de 30 millones de euros y las de Santander y Caixabank, en aproximadamente 10 millones de euros, en cada caso.
La venta de esta participación no les reportaría una inyección económica importante, pero, por contra, podría desestabilizar aún más a la editora de El País. Algo que, por otra parte, siempre genera incertidumbre en el grupo de grandes empresas del país -en el que se encuentran- y en el propio poder Ejecutivo, señalan los mismos informantes, pertenecientes a los accionistas del grupo.
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