En enero de 2012, el editor y productor de cine Jaume Roures Llop estaba inmerso en la génesis de un plan maestro que le ha permitido seguir siendo el patrón del diario 'Público' pese a que la Justicia le obligó a venderlo para abonar parte de las millonarias deudas que tenía. Solicitó concurso de acreedores voluntario el día 3, medida que en lugar de convertirse en un asunto traumático para el barcelonés, le supuso una jugada perfecta con la que se quitó de encima la mayor parte de los pagos pendientes y se libró de la forma más barata posible de las obligaciones contractuales que tenía con más de un centenar de trabajadores. Este lunes, casi 400 días después, los 126 profesionales que fueron despedidos durante el proceso siguen sin cobrar las indemnizaciones que les corresponden.
Y es que Roures, pese a su declarada ideología de izquierdas, incumplió los compromisos que había adquirido con sus empleados y recurrió al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para ejecutar la extinción de los contratos, pacto alcanzado en una reunión con la asamblea de trabajadores de 'Público'. La falta de fondos en el Fogasa, consecuencia de la escasa liquidez de las administraciones públicas españolas, ha provocado que los pagos que se fijaron no hayan sido ingresados.
De este modo, los ex trabajadores de Mediapubli, empresa editora del diario, sólo han visto ingresado parte de lo acordado durante la negociación del expediente de regulación de empleo que tuvo lugar. Jaume Roures les abonó en tres cómodos plazos la compensación que el empresario debía desembolsar de su bolsillo para que los finiquitos alcanzaran el equivalente a 20 días por año trabajado, ya que el Fogasa tiene un tope cercano a los 2.000 euros por anualidad. Es decir, que Roures despidió con el mínimo legal que permite la reforma laboral (20 días), pero en lugar de pagarlo él al 100%, endoso al Estado parte del montante.
El fondo de garantía limita la anualidad al triple del salario mínimo interprofesional (641 euros), factor que supone que la indemnización máxima estipulada para quien llevaba trabajando desde la fundación del rotativo (septiembre de 2007) alcanza un máximo del entorno de los 8.000 euros.
Control del negocio mediante una nueva empresa
Roures LLop volvió a estar al frente del diario 'Público' en junio de 2012, pese a haberse acogido en enero a concurso de acreedores voluntario por una deuda superior a 21 millones de euros y despedir a más de 100 trabajadores. La Justicia emitió un auto favorable para que la inmobiliaria Display Connectors, cuya cabeza visible es su socio y amigo Toni Cases, comprase la cabecera. Ante este hecho, fueron presentados varios recursos que fueron tumbados en los tribunales. La administración concursal destacó que “no está prohibido por la ley”.
El principal propietario de Display Connectors es PAG 1, S.L, que cuenta con el 40% del capital y está dedicada al “asesoramiento, venta y postventa de productos informáticos al sector de la comunicación”. Curiosamente, en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), figura que su actividad es la “confección de prendas de vestir, excepto de peletería”. El resto del accionariado se divide en participaciones del 10% del capital, todas pertenecientes al entorno de Jaume Roures. En este grupo se incluye Mediacable Servicios de Producción, Multiax-Invera, Emilio Arrojo Tomás, José María Crespo y José Luis Zárraga. Además, existen dos participaciones del 5% controladas por los propios Roures y Tatxo Benet.
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