Varios miembros de la plana mayor de Radiotelevisión Española -con Elena Sánchez a la cabeza- se reunían este viernes a mediodía en Prado del Rey para analizar las repercusiones de la sentencia de la Audiencia Nacional que paralizará las oposiciones en las que se habían convocado cientos de plazas para cubrir las vacantes existentes en la plantilla de la corporación. Unos minutos antes de que comenzara ese encuentro, algunos miembros de la plana mayor de la corporación, preocupados, impulsaban la convocatoria de un Consejo de Administración extraordinario para debatir sobre un asunto que consideran 'muy grave' y que pone en cuestión la gestión de la anterior y la actual Directiva.
Consejeros, directivos y representantes sindicales compartían hace unas horas con este periódico una misma impresión, y es que esta decisión judicial ha complicado mucho las cosas al actual equipo gestor de la corporación y le obligará a redoblar esfuerzos si quiere evitar verse afectado por un cuello de botella. ¿Por qué? Básicamente, porque hay cientos de contratos temporales cuya prolongación o extinción depende de que se cubran las vacantes mediante la oposición. Y porque hay miles de candidatos que están pendientes de este proceso, a la espera de su continuación o su reinicio.
Pocas horas después de que trascendiera el contenido de la sentencia -derivada de una demanda presentada por varios sindicatos-, RTVE anunció oficialmente que no recurriría en casación ante el Tribunal Supremo. Entre otras cosas, porque eso podría alargar durante muchos meses esta situación de parálisis, a la espera del veredicto del alto tribunal.
“Los procesos selectivos de nuevas plazas en la Corporación RTVE se mantienen y se van a adaptar (…) Los exámenes, a la espera de la mencionada adaptación, se suspenden y se comunicarán a la mayor brevedad posible las nuevas fechas”.
¿Qué dice exactamente la sentencia?
La sentencia en cuestión declara la nulidad de varios de los requisitos que se pedía a los candidatos a este proceso de oposición. Entre ellos, el que exigía que hubieran prestado servicios “por un período igual o superior a un año en un puesto análogo” al que optaba; o el que incidía en que “la formación y la experiencia” que se pedía a los candidatos no serían valoradas como méritos dentro del proceso.
Fuentes del Consejo de RTVE han explicado a Vozpópuli que su presidenta se refirió a las oposiciones durante la reunión que mantuvo el órgano de gobierno de la corporación el pasado 21 de septiembre. Aseguró que, pese a los recursos judiciales que las amenazaban, el proceso seguía adelante.
Unos días después, el 27 de ese mes, se celebraba otro juicio en la Audiencia Nacional que estaba relacionado con la impugnación de las bases de la convocatoria presentada por la denominada como Coordinadora de afectados por las Oposiciones de RTVE. La decisión de los jueces todavía no se ha producido o no ha trascendido, como tampoco la que está relacionada con el litigio abierto por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) para intentar que se exija la titulación en Ciencias de la Comunicación a los candidatos a los puestos de periodista.
Cientos de contratos temporales
Las fuentes sindicales de RTVE consultadas por Vozpópuli estiman que esta coyuntura podría retrasar los exámenes varios meses y eso podría generar un problema en la corporación, donde se han firmado cientos de contratos temporales que probablemente finalizarán antes de que puedan incorporarse los dueños de las plazas que saldrán a concurso.
En este sentido, recuerdan que durante los últimos años se han producido cientos de salidas en RTVE como consecuencia del plan de prejubilaciones remuneradas y jubilaciones forzosas que se puso en marcha tras la aprobación del actual convenio colectivo, publicado en 2022. Eso ha provocado múltiples vacantes que están ocupadas por inquilinos que, por lo general, tampoco tienen muy claro cuándo finalizará su actual labor para la corporación.
Otra cuestión es la que está relacionada con los opositores que han realizado los exámenes en varias categorías y las personas que han aprobado los exámenes. La gran pregunta que se planteaba este viernes en RTVE es: ¿cómo afectarán a sus calificaciones los nuevos criterios del proceso, modificados tras la decisión de la Audiencia Nacional?
Hay que recordar que la corporación cuenta con un presupuesto anual de 1.200 millones de euros y emplea a casi 6.800 personas. En 2022, sus salarios y cargas sociales se llevaron un total de 437,6 millones de euros de su presupuesto.
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