La adjudicación a una empresa del Grupo Sando del contrato de 8,8 millones de euros que licitó RTVE para edificar los nuevos estudios de Prado del Rey ha provocado marejada en la televisión pública, toda vez que el dueño de esta constructora, José Luis Sánchez Domínguez, es uno de los empresarios imputados en el caso Mercasevilla y fue investigado por figurar en los papeles de Bárcenas como supuesto donante de 1,25 millones de euros al Partido Popular. De hecho, el presidente de la corporación, José Antonio Sánchez, deberá rendir cuentas en la próxima reunión del Consejo de Administración sobre la forma en que se ha desarrollado este concurso, ante la solicitud de información de uno de sus miembros, Miguel Ángel Sacaluga.
En declaraciones a este periódico, este consejero ha avanzado que requerirá por escrito al máximo responsable de Radiotelevisión Española que en la próxima reunión de este órgano -el próximo día 30- explique los pormenores de este procedimiento público, al que se presentaron diez empresas y que se ha resuelto en favor de Construcciones Sánchez Domínguez-Sando S.A.
Sacaluga ha asegurado que, además, solicitará acceso al expediente de este concurso para conocer los detalles de todas las ofertas presentadas y descartar que se haya cometido ninguna irregularidad a la hora de conceder esta obra, de la que se encargará un empresario al que la juez Mercedes Alaya ha llamado a declarar el próximo otoño junto a otros nueve implicados en el caso Mercasevilla. En el proceso, se determinará si cometieron fraude o de exacciones ilegales en concurso público.
Los estudios estarán listos en el segundo semestre de 2018
Tal y como adelantó Vozpópuli el pasado lunes, esta compañía ha resultado ganadora del millonario contrato público por el que se edificarán los nuevos estudios 6 y 7, que estarán situados en Prado del Rey y que RTVE espera que estén acabados en el segundo semestre de 2018. La oferta de la empresa beneficiaria ha sido elegida estrictamente por criterios económicos, según se especifica en el acta de resolución del proceso.
Esta adjudicación ha llegado en un momento en el que existe un debate en el seno de la corporación acerca de la conveniencia de mantener en la parrilla de La 1 la veterana serie Cuéntame Cómo Pasó, después de que se revelara la vinculación de sus dos protagonistas, Imanol Arias y Ana Duato, con el caso Nummaria, en el que se investiga la actividad supuestamente ilícita de diversas sociedades creadas para evadir impuestos en España. Hace unas semanas y a la vista de estos hechos, RTVE encargó una auditoría para cerciorarse de que no existen anomalías en los contratos y facturas que ha rubricado en los últimos años con la productora de la serie, el Grupo Ganga.
Desde Radiotelevisión Española, han salido al paso de las dudas que ha generado en su Consejo la concesión al Grupo Sando de esta obra pública. "Se hacen los contratos y adjudicaciones como siempre, cumpliendo la más estricta legalidad", han precisado sus fuentes oficiales.
"Se hacen los contratos y adjudicaciones como siempre, cumpliendo la más estricta legalidad", ha afirmado RTVE sobre esta adjudicación al Grupo Sando
En la compañía de José Luis Sánchez Domínguez inciden en que la justicia no ha podido demostrar ninguno de los delitos de los que les ha acusado, como se demuestra en el archivo de la causa que se abrió en 2013 con motivo de la aparición de este empresario malagueño en los Papeles de Bárcenas. En lo que respecta al caso Mercasevilla, confían en que durante el juicio se demuestre que los contratos que obtuvieron no eran irregulares, ha detallado a este periódico un portavoz del grupo.
El juicio sobre este último asunto se celebrará los próximos octubre y noviembre, es decir, 10 años después de que tuvieran lugar los hechos que se le imputan al dueño de este conglomerado de esta constructora. Junto a Sánchez Domínguez, en el banquillo también se sentará el vicepresidente y consejero delegado de Sando, José Luis Sánchez Manzano, su hijo.
Derribo de los estudios 10 y 11
La obra de la que se encargará su empresa fue anunciada el pasado noviembre y aprobada en la reunión del Consejo de Administración de RTVE celebrada en mayo. A este respecto, Sacaluga ha incidido en que solicitará más información de la que proporcionaron los responsables de RTVE a los consejeros sobre este contrato público, a tenor de la vinculación de su adjudicatario a estos procesos judiciales.
En paralelo a la construcción de estos dos nuevos centros de producción de programas, se derribarán los estudios 10 y 11 por estar afectados por amianto, un problema que ha condicionado gravemente la producción de programas en la televisión pública en los últimos años y para el que todavía no se ha encontrado una solución efectiva.
Para poder mantener su actividad, la corporación se ha visto obligada a alquilar dos estudios situados en Fuente el Saz y Villaviciosa de Odón, lo que le supone asumir el coste derivado del traslado de equipos y de personal, según denuncian fuentes de su Consejo de Administración, en declaraciones a este periódico.
