Nuevo movimiento en las sociedades 'personales' del alto mando de Radiotelevisión Española. La secretaria general corporativa, Elena Sánchez Caballero, dimitió el pasado 18 de agosto como apoderada de la empresa ALB 7 S.A., tal y como figura en el Registro Mercantil.
Sánchez no es alto cargo de la Administración del Estado, pero acumula un poder importante en la actual RTVE, donde no existe Consejo de Administración desde junio de 2018 y donde ejerce de personal de alta dirección.
Llama la atención que haya decidido cesar en su cargo poco después de que Federico Montero Hita -el número 2 de la corporación- lo hiciera en su propia empresa.
El objeto social de ALB 7 S.A. es "la contratación, gestión, proyección, construcción y ejecución de toda clase de obras públicas y privadas".
Su fundación tuvo lugar en 1994 y su primer administrador fue Pedro Pablo Mansilla, el marido de Sánchez, exdirector general de Instituciones Penitenciarias bajo Gobierno socialista y quien fue contratado por el expresidente de RTVE, Luis Fernández, para tratar de vender 200.000 metros cuadrados de terreno que le pertenecían a la corporación. Entonces, estaba José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa.
Polémica participación
La participación de directivos de RTVE en diferentes sociedades ha sido polémica desde que trascendió el vínculo de Rosa María Mateo con la empresa Yanbu S.L., que poseía junto a su hijo y que liquidó en 2019, después de que tuviera que comparecer en el Parlamento para dar explicaciones por este negocio, a petición de la oposición parlamentaria. Todo ello pese a que -según sus palabras- la Oficina de Conflictos de Intereses había descartado cualquier tipo de incompatibilidad al respecto.
RTVE también negó el pasado julio, en una respuesta parlamentaria, que la situación de su número 2, el director general corporativo, Federico Montero, fuese irregular, al alternar su función en la casa con la administración de la empresa patrimonial Feet Stone S.L.
Sin embargo, el citado directivo cesó como administrador el pasado 15 de junio, es decir, después de que Vozpópuli revelara que Montero compatibiliza esa labor con la Dirección General Corporativa de RTVE. El motivo de esta decisión fue "evitar más equívocos".
Este periódico ha preguntado a las fuentes oficiales de RTVE si los miembros de su Comité de Dirección han recibido alguna consigna para modificar su situación en las empresas particulares que gestionan o de las que participan. Sin embargo, no ha obtenido respuesta alguna.
También ha contactado con Elena Sánchez a través de correo electrónico; sin embargo, su petición no ha sido atendida.
Diferente situación
Sea como fuere, conviene aclarar que Rosa maría Mateo está sujeta a la Ley 3/2015, que regula el ejercicio de los altos cargos. Sin embargo, tanto Elena Sánchez como Federico Montero -al ser personal de alta dirección, pero no alto cargo- debe respetar el régimen de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Esta normativa prohíbe a este personal ejercer actividades privadas, si bien contempla algunas excepciones, pues, entre otras cosas, permite la gestión del patrimonio personal. La situación de Montero y Sánchez también es diferente, pues mientras el primero era administrador, la segunda ejercía de apoderada.
Se da la circunstancia de que Sánchez se encuentra en la lista de aspirantes a presidir RTVE, si bien no figura en la lista de 20 finalistas. Aun así, su candidatura no puede descartarse definitivamente, dado que los letrados de las Cortes Generales han abierto la posibilidad a que los 95 participantes en el proceso de selección puedan ser entrevistados por los diputados y senadores, que son quienes elegirán al próximo Consejo de Administración.
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