No es fácil explicar el vodevil que se ha formado en las últimas semanas en Radiotelevisión Española, pero podría decirse que el embrollo existente no se resolverá hasta que el Tribunal Supremo decida sobre el recurso que presentará la corporación a la sentencia de la Audiencia Nacional que invalida algunos de los requisitos que había exigido a los candidatos de las oposiciones que convocó hace unos meses.
El tema puede parecer menor, pero no es así. De hecho, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha ejercido presiones en el alto mando de RTVE ante el temor de que la jurisprudencia de la Audiencia Nacional pueda llegar a afectar a otros procesos de oposición de empresas públicas españolas, tal y como han explicado a Vozpópuli fuentes del Consejo de Administración de la televisión pública.
El punto que más polémica ha generado de la sentencia de la Audiencia es el que elimina el requisito que se exigía a los opositores de demostrar, al menos, un año de experiencia en un puesto equivalente al que optaban. Los consejeros de RTVE han debatido sobre este asunto en las dos reuniones extraordinarias del órgano de gobierno de la corporación. Alguno de ellos –explican fuentes presenciales- ha llegado incluso a pedir el nombre y el apellido de los responsables de esa decisión. Lo hizo sin éxito. Nadie sabía nada o nadie se dio por aludido.
Una de las vocales incluso exigió que se depuren responsabilidades entre el alto mando de la corporación, ante la compleja situación en la que ha situado a RTVE el mal diseño de su primera oposición en 15 años.
Al final, nadie fue capaz de adivinar quién era el ‘autor intelectual’ de las cláusulas que tumbó la Audiencia Nacional. Ahora bien, esta circunstancia obligará a demorar los exámenes, a reformular los requisitos que se piden a los candidatos y a dejar en una situación de incertidumbre a los opositores y a los cientos de contratados temporales –e interinos- que no saben por cuánto tiempo se alargará su trabajo para la corporación.
La batalla sindical
Como suele ocurrir en casi todas las polémicas que salpican a la corporación, esta situación ha provocado un cruce de acusaciones. Algunos consejeros criticaron hace unos días que la presidenta de RTVE, Elena Sánchez, les pidiera opinión sobre la forma en la que debería actuar tras conocer la sentencia de la Audiencia Nacional, después de que ni su antecesor ni ella les había consultado nada acerca de las oposiciones.
En realidad, la normativa que rige el funcionamiento de la televisión pública atribuye a su presidente las competencias de personal, pero, en este caso, Sánchez decidió escuchar la opinión del Consejo sobre la posibilidad de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo antes de tomar la decisión definitiva.
Entre medias, los principales sindicatos de la corporación se han lanzado dardos envenenados durante los últimos días. Fuentes de Comisiones Obreras señalan a UGT, al Sindicato Independiente y al expresidente, José Manuel Pérez Tornero, por ser responsables de las “enormes deficiencias” de las convocatorias de oposiciones, con las que, entre otras cosas, pretendían privilegiar al personal con contratos temporales o indefinidos.
Desde UGT consideran que durante todo este tiempo han intentado “proteger” a las personas que, “formando parte de RTVE, siguen con contratos temporales desde hace muchos años y sin opciones de obtener una plaza fija”. Entre medias, en el horizonte se atisban unas elecciones sindicales que volverán a provocar un incremento de la tensión en la corporación.
Pérez Tornero -en declaraciones a Vozpópuli- considera “falsas y capciosas” las críticas de CCOO y manifiesta que durante su presidencia sólo se determinó “el número de plazas estructurales” que podrían ofrecerse dentro del proceso de “estabilización del empleo” fijado por el Gobierno, así como se inició el diálogo con los distintos departamentos para fijar las plazas a ofertar en turno libre. “Se abrió el diálogo con las fuerzas sindicales sobre las generalidades del proceso. Nada más. Y de eso se informó al Consejo”, ha expresado.
“Todo esto forma parte de una patraña para eludir responsabilidades y esconder negligencias muy importantes”, ha añadido.
Un directivo de la corporación pone el foco sobre las presiones internas. A su juicio, los principales sindicatos siempre han tratado de influir en el diseño de las oposiciones de RTVE porque de su resultado podría depender el incremento o la pérdida de fuerza de estas facciones en los centros de trabajo. En su opinión –compartida por algún consejero-, las maniobras de presión que realizan sus representantes suelen explicar algunas de las cláusulas que históricamente se han introducido en este tipo de procesos de contratación pública. Por supuesto, incluido el actual.
¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Desde el Consejo, estiman que la decisión del Tribunal Supremo podría tardar uno o dos años. Por otra parte, hay dos litigios judiciales adicionales que podrían complicar todavía más la situación. Hasta entonces, se mantendrá la incertidumbre en RTVE sobre el resultado de las oposiciones, si bien no se paralizarán los exámenes.
La modificación de los baremos que se exigirán en las nuevas convocatorias obligará a modificar algunos puntos del actual convenio colectivo, detallan fuentes sindicales, que recuerdan que en los últimos años se han producido cientos de prejubilaciones y jubilaciones forzosas en RTVE, cuyas vacantes se han cubierto hasta el momento con contratos temporales, pero que deberán ser ocupadas en el futuro por quienes consigan plaza en la oposición.
La plantilla de la corporación ascendía a finales de 2022 a casi 6.800 efectivos, con un coste total de 437 millones de euros.
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