Las tornas han cambiado durante las últimas semanas en lo que respecta a Radiotelevisión Española. Cuando Pedro Sánchez se sentó por primera vez en el sillón presidencial del Palacio de la Moncloa, se encontró una televisión pública con un presidente designado con la mayoría absoluta del Partido Popular -José Antonio Sánchez- y unos directivos que habían sido acusados de favorecer los intereses del Gobierno de Mariano Rajoy. Mucho han cambiado las cosas desde entonces, dado que el Real Decreto por el que el Ejecutivo pudo situar a Rosa María Mateo al frente de RTVE -junto con los partidos que apoyaron la moción de censura contra Rajoy- ha dado pie a diversos nombramientos dentro del organigrama de los Servicios Informativos, así como a otras tantas destituciones de editores y jefes de área que fueron designados durante la anterior etapa. El último de ellos será Álvaro Zancajo, director del Canal 24 Horas, quien dejará su puesto durante los próximos días.
Para la jefa de Informativos de Televisión Española, Begoña Alegría, estos cambios son los habituales que se producen en un medio público cuando se nombra a un nuevo equipo directivo. Para el Partido Popular, constituyen una "purga" ideológica que ha permitido al PSOE hacerse con el control de la corporación. Sea como fuere, estas decisiones han sido provechosas para el Ejecutivo, dado que han provocado el cese de su cargo de algunos periodistas a los que en Torrespaña se acusó de defender los intereses del Ejecutivo de Rajoy. Entre ellos, del anterior responsable de los telediarios, José Antonio Álvarez Gundín.
Hay que tener en cuenta que la gestora única de RTVE, Rosa María Mateo, fue designada para su puesto con carácter provisional. De hecho, su mandato está previsto que termine en el momento en el que se resuelva el concurso público que servirá para elegir al próximo Consejo de Administración de la corporación y a su presidente para los próximos años. En este sentido, existen dudas entre los diputados -y en la propia RTVE- de que el procedimiento se resuelva por la vía rápida, lo que resultaría beneficioso para el Ejecutivo, en cuanto a que alargaría el mandato de Mateo, propuesta por el propio PSOE para liderar la corporación.
El tiempo juega a favor de Pedro Sánchez
Según ha podido saber Vozpópuli, algunos de los candidatos que han concurrido a este procedimiento sopesan impugnarlo debido a las irregularidades de las que -consideran- ha estado acompañada su puesta en marcha. Entre otras cosas, porque se permitió que algunos aspirantes tuvieron la opción de presentar su proyecto de gestión -requisito indispensable para participar- después de conocer el baremo con el que será puntuado, mientras que otros no tuvieron esa posibilidad.
La impugnación de este procedimiento supondría su paralización durante un tiempo indeterminado, lo que provocaría que Rosa María Mateo permaneciera más tiempo en su cargo y jugaría a favor del partido del Gobierno, máxime a menos de un año vista de las elecciones autonómicas y municipales; y con la sombra de las generales planeando sobre el país, detallan fuentes parlamentarias.
Desde el Comité de Expertos han explicado a este periódico que será a finales de esta semana cuando reanudarán su trabajo, después de recibir la documentación de los aspirantes que han pasado el corte de la Mesa del Congreso de los Diputados. La previsión inicial es que los 17 miembros de este tribunal se dividan en "tres o cuatro grupos" y que cada uno de los cuales analice entre 20 y 30 candidaturas.
Este examen lo realizarán sin saber el nombre de los postulantes y la puntuación final estará supeditada al cumplimiento de las condiciones que se establecen en el baremo que el propio Comité aprobó a finales de julio.
Las candidaturas que pasen el corte serán enviadas al Parlamento para su votación. En este sentido, estas fuentes inciden en que los expertos evaluarán las candidaturas, pero no designarán a los consejeros, lo que dejará la última palabra en manos de los diputados y los senadores. "Esto implicará una negociación que podría provocar que los mejores puntuados por el Comité de Expertos se queden fuera del Consejo de Administración, pese a que el proceso se ha articulado como un concurso de méritos", afirman fuentes parlamentarias.
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