El Tribunal de Cuentas pone el foco en su último informe sobre la actividad de RTVE en los fallos de gestión que cometen de forma habitual los responsables de la televisión pública, que dificultan su normal funcionamiento y, en algunos casos, obligan a asumir sobrecostes de varios miles de euros con cargo al erario público. El órgano fiscalizador ha analizado los contratos que rubricó la televisión pública durante los ejercicios 2014 y 2015 y ha encontrado varios elementos que le llevan a concluir que sus directivos no actuaron con la diligencia correspondiente en operaciones tan importantes como la venta de los Estudios Buñuel o en la planificación de la cobertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, por cuyos derechos pagó 57,6 millones.
El organismo hace referencia en su informe -de 179 páginas- a varias operaciones inmobiliarias realizadas por RTVE durante estos dos ejercicios y concluye que, en algunos casos, no actuó con "el rigor exigible". En el caso de la venta de los Estudios Buñuel -a la promotora Pryconsa, por 35,2 millones de euros-, incide en que los directivos de la televisión pública no informaron en ningún momento del criterio que siguieron para seleccionar a la empresa que tasó la finca urbana, algo que deberían haber hecho.
Tampoco cumplió con esta obligación durante el proceso de venta de cuatro plantas y veintidós plazas de garaje a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Esta operación estuvo respaldada por un informe de tasación en el que se atribuía al conjunto de inmuebles una superficie construida de 3.784 metros cuadrados, frente a los 4.206 que figuraban en las escrituras. Como parte de ese acuerdo, la entidad cameral se comprometió a arrendar durante 20 años -12 obligatorios- 3 pisos y la totalidad de las plazas de aparcamiento en "condiciones gravosas" para la corporación, "en la medida en que asume parte del IBI, de pago habitual por el propietario, así como un importante montante en concepto de suma asegurada para conservar el estado de los bienes arrendados", detalla el Tribunal.
Y añade: "No consta en el expediente de contratación estudio alguno acerca de la justificación de la oportunidad de esta doble operación, ni de su rentabilidad financiera, máxime si se toma en consideración que el importe de la renta a pagar durante los veinte años de duración del contrato puede llegar a suponer no menos de 4 millones de euros, lo que supone el 43,48% del precio de venta obtenido".
Cláusulas draconianas
La corporación también asumió unas condiciones desventajosas -sin explicación aparente- en el acuerdo que firmó con Telefónica para transmitirle el 33% de la titularidad de la serie Víctor Ros, que incluía una cláusula que otorgaba a la compañía de telecomunicaciones la prioridad de emisión de este producto durante cinco meses.
A este respecto, el Tribunal asegura lo siguiente: "No consta en el expediente de contratación justificación alguna de las razones por las que el establecimiento de esta condición favorable para dicha coproductora no diera lugar, recíprocamente, a una compensación de naturaleza económica para la RTVE, inicial titular de los derechos de explotación exclusiva".
También resultó perjudicial para la corporación la "falta de previsión" que demostraron sus gestores a la hora de planificar determinados aspectos de la cobertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que obligó a pagar un precio por el alojamiento del personal desplazado superior al que se hubiera abonado en el caso de haber buscado los hoteles a tiempo. En total, RTVE abonó 1,08 millones de euros en este concepto.
RTVE vulneró el principio de "libre acceso" y la exigencia de "transparencia" en varios de los contratos públicos que rubricó.
A este respecto, cabe recordar que, además de los trabajadores y colaboradores, a la cita olímpica se desplazaron el director de TVE, Eladio Jareño, el jefe de Informativos, José Antonio Álvarez Gundín, el responsable de Medios, David Valcarce, el de Técnica, Víctor Sánchez, la de deportes, Yolanda García, la de Teledeporte, María José Malia, el subdirector de Producción de Deportes, Javier Quevedo, el director de Imagen, Jaime Garrido, y el jefe de Producción de Programas, Antonio Losada.
En el informe publicado este lunes por el Tribunal de Cuentas, se hace referencia también a las diversas irregularidades que cometieron los responsables de la corporación durante las licitaciones que realizaron durante 2014 y 2015, con las que, entre otras cosas, se vulneró el principio de "libre acceso" a los concursos y se incumplió la exigencia de "transparencia" durante la apertura de sobres.
En este tiempo, Radiotelevisión Española abonó por varios servicios una cantidad superior al precio que figuraba en su licitación y renunció a reclamar la indemnización a la que tenía derecho, en tres contratos, después de que las obras que se estaban realizando en sus instalaciones terminaran con entre dos y siete meses de retraso, lo que le facultaba a exigir una indemnización equivalente al 1% del contrato por cada semana de demora.
Fuentes de la directiva de la corporación, puestas en contacto con este periódico, han recordado que el presupuesto de RTVE se ha reducido ostensiblemente durante los últimos tiempos, lo que ha obligado a sus responsables efectuar un duro ajuste del gasto y a priorizar el precio a la hora de realizar licitaciones. "No obstante, eso no quiere decir que los factores técnicos no sean revisados y tenidos en cuentaen todas y cada una de las licitaciones", han precisado.
Sobre la escasez de candidatos a los concursos convocados por RTVE -que denuncia el Tribunal de Cuentas-, estas fuentes aclaran que esta situación se produce por lo "poco atractivas" que resultan las condiciones económicas que oferta la corporación, como consecuencia de los rigores presupuestarios a los que está sometida.
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