La idea de José Luis Rodríguez Zapatero de eliminar la publicidad de RTVE y supeditar su financiación a la aportación del Estado y a un impuesto que las empresas de telecomunicaciones y las televisiones privadas deben pagar sobre sus ingresos ha sido mucho más perjudicial que beneficiosa para la corporación. Desde que se emitiera el último anuncio en Televisión Española, en 2010, las telecos han desembolsado 86,1 millones de euros menos de lo que deberían, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que ha empeorado las maltrechas cuentas de una empresa pública que tiene un déficit estructural de alrededor de 100 millones de euros. A la espera de que los tribunales resuelvan los recursos que hay pendientes sobre este asunto, el adeudo a RTVE aumenta progresivamente y su crisis empeora.
La ley de financiación de RTVE, aprobada por el PSOE en 2010, estipula que las televisiones privadas y las empresas de telecomunicaciones deben pagar una tasa anual para compensar los ingresos que dejó de percibir la corporación pública con la eliminación de la publicidad de su parrilla de programación. Esta cantidad es del 3% de sus ingresos brutos en el caso de las compañías que emiten en la TDT, del 1,5% en el de los canales de pago y del 0,9% de los que perciben las de telefonía.
La entidad responsable de controlar el pago de esta tasa es la CNMC y en los últimos años ha detectado que las telecos han abonado 86,1 millones de euros menos de lo que deberían, según los datos proporcionados por el regulador a la televisión pública. Fuentes de la corporación inciden en que el abono de estas cantidades está pendiente de varios recursos ante tribunales económico-administrativos, pero mientras se resuelve esta situación, RTVE sufre anualmente un desfase en su previsión de ingresos que ha agravado su preocupante crisis financiera.
RTVE prevé cerrar el año con unas pérdidas superiores a los 70 millones de euros
Cabe recordar que la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por la aprobación de esta tasa en 2010. Esta causa la retiró en 2013 después de que esta instancia judicial diese la razón a Francia en el caso de un impuesto similar que creó en 2009. A pesar de que el TUE avaló la legalidad de este tributo, las compañías de telecomunicaciones mantienen su recurso en el Tribunal Supremo contra la 'Ley Zapatero', según recuerdan fuentes del sector.
Una ley de financiación más que cuestionable
Lo que es indudable es que la ley de financiación promulgada durante el segundo mandato de Rodríguez Zapatero ha traído de cabeza a los gestores de RTVE, en cuanto a que supedita la estabilidad presupuestaria de la corporación a las aportaciones del Estado y de varias empresas privadas.
En el momento en que se puso en marcha esta normativa, se calculó que para que las cuentas de la televisión pública cuadraran, debería recibir 1.200 millones de euros al año de los Presupuestos Generales del Estado para poder competir con los operadores privados sin entrar en números rojos. El primer año en que esta ley estuvo vigente, 2010, Televisión Española ingresó esos 1.200 millones de euros, pero a partir del siguiente ejercicio esa cantidad se redujo drásticamente, dentro de la obligada política de recortes que emprendió el gabinete de Mariano Rajoy. Desde entonces, ha recibido 1.270 millones menos de lo que debería, lo que ha lastrado sus cuentas. A esto se suma el que las telecos han aportado cada año menos dinero del que los administradores de la pública esperaban -y del que la CNMC le reclama-, lo que ha disparado su déficit.
El presidente de RTVE ha criticado con dureza el sistema de financiación de RTVE, aprobado por el PSOE de Rodríguez Zapatero
El presidente de la corporación, José Antonio Sánchez, no ha ocultado su malestar por esta situación. Es más, ha expresado reiteradamente en el Parlamento la necesidad de modificar el actual sistema de financiación para que RTVE pueda competir en el mercado de la televisión en abierto y evitar una quiebra a la que se ha acercado peligrosamente en algunos momentos de su historia reciente.
En su última comparecencia parlamentaria, Sánchez se vanaglorió de haber cumplido en 2014 el objetivo de gasto que marcaba el presupuesto de RTVE y de haber reducido su déficit, que el año pasado rondó los 130 millones de euros y que este año los gestores de la corporación esperan que sea de alrededor de 70 millones. Ahora bien, conviene contener el entusiasmo en este sentido, puesto que estas pérdidas serían prácticamente iguales -o peores- que el año pasado si Cristóbal Montoro no hubiese eximido a la televisión pública del pago del IVA, algo que le librará de pagar entre 70 y 80 millones en 2015.
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